Orlando, Florida 23/07/2025 (Más). – Lo que comenzó como una infracción vial común terminó en una compleja detención migratoria que tiene en vilo a una familia mexicana. Carlos Martín González, de 26 años, y su hermano Óscar Alejandro, de 30, fueron detenidos el pasado 7 de julio por la policía local en Orlando, Florida, y desde entonces permanecen recluidos en un centro de detención para inmigrantes al oeste de Miami, en los Everglades. Su familia denuncia que se han violado sus derechos civiles y que no han podido acceder ni a su defensa legal ni a visitas consulares.
Carlos, quien se encontraba en el país con una visa de turista, fue detenido mientras conducía por la ciudad. Óscar, quien está casado con una ciudadana estadounidense pero tenía vencido su permiso de residencia, fue arrestado al llegar a auxiliarlo. Ambos fueron trasladados al centro estatal que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha llamado “Alligator Alcatraz”, una prisión con condiciones cuestionadas por defensores de derechos humanos.
Martín González, padre de los jóvenes, viajó desde Ciudad de México para intentar verlos, pero no ha logrado tener contacto directo. “Están encerrados y no permiten entrar a nadie. Se están violando todos sus derechos civiles aquí en Estados Unidos, pero ni la abogada ni las autoridades han podido hacer algo”, lamentó en entrevista telefónica.
La situación se ha tornado especialmente complicada porque el centro de detención no está bajo control federal, sino estatal. Esto ha impedido que los hermanos sean registrados formalmente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo cual retrasa el acceso a representación legal y al debido proceso. Hasta ahora, no cuentan con número de caso ni de extranjero (“alien number”).
El cónsul de México en Orlando, Juan Sabines, ha calificado el caso como preocupante y advirtió que “podrían existir violaciones a los derechos civiles de los connacionales”. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se asignó a la abogada Andrea Reyes, integrante de la American Immigration Lawyers Association (AILA), para representarlos legalmente. Sin embargo, Reyes tampoco ha podido ingresar a la prisión para reunirse con sus clientes.
“Exigimos el acceso inmediato de su abogada. Por las condiciones observadas, sugeriré a las autoridades mexicanas considerar la emisión de una alerta de viaje para turistas mexicanos a Orlando”, añadió Sabines. Además, aclaró que, por jurisdicción, el caso será acompañado también por el Consulado de México en Miami.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum abordó el caso durante su conferencia de prensa matutina del lunes. Confirmó que hay 14 mexicanos detenidos en el mismo centro migratorio de Florida y aseguró que se están realizando gestiones diplomáticas para su pronta repatriación. “Ya se envió una nota diplomática. Estamos pidiendo que cualquier mexicano detenido ahí sea deportado de inmediato, sin que tenga que pasar más tiempo en ese centro”, dijo.
La mandataria también señaló que el gobierno federal está revisando posibles violaciones a los derechos humanos y que, de ser necesarias, se tomarán medidas diplomáticas adicionales.
En tanto, Martín González continúa en Florida intentando liberar a sus hijos. “No hemos obtenido los resultados que quisiéramos, pero ha sido muchísimo el apoyo del consulado”, reconoce. Sin embargo, la incertidumbre y la impotencia persisten: “Seguimos presionando, tratando de mover toda la maquinaria para que les den un caso a mis hijos. En algún momento tendrán que ceder, porque lo que están haciendo no es legal”.
El caso de los hermanos González ha puesto en evidencia los vacíos legales en los centros migratorios estatales de Estados Unidos y los desafíos que enfrentan los migrantes mexicanos en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias, sobre todo bajo la administración del presidente Donald Trump, con quien Sheinbaum ha tenido que mantener un equilibrio diplomático delicado.
Mientras se intensifican los esfuerzos legales y diplomáticos para asegurar su liberación, Carlos y Óscar González permanecen incomunicados, a la espera de que se les reconozca el derecho básico a una defensa justa.
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