Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 06/07/2026 (Más).- El uso inadecuado de drones representa un riesgo para los monumentos históricos, especialmente aquellos que son propiedad federal, como la Catedral de Santiago de Saltillo, debido a los daños que pueden ocasionar cuando son operados sin autorización o por personas sin experiencia, advirtió el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila, José Francisco Aguilar Moreno. Precisó que el problema no es la tecnología en sí, sino la responsabilidad por parte de algunos usuarios.
Aguilar Moreno explicó que, contrario a los que muchas personas creen, volar un dron sobre un monumento histórico no está prohibido de manera absoluta; sin embargo, sí es obligatorio tramitar un permiso y cumplir con la normatividad aplicable cuando se trata de bienes federales.
“No es que no se pueda, es que se necesita un permiso y dentro del permiso vienen las consecuencias en caso de que suceda algo, o sea que ti tienes que hacerte responsable de lo que le puedas dañar al espacio”, señaló.
El delegado reveló que en la Catedral de Santiago se han registrado al menos tres incidentes con drones, uno de los cuales alcanzó a una campana y provocó daños en la parte interior de una de las torres.
Explicó que estos casos evidencian los riesgos sobre inmuebles históricos que requieren protección especial.
“Uno de ellos si le pegó a una campana y golpeó una parte interior de la torre. El problema es el daño que le generas al monumento histórico y luego nadie se hace responsable de él”, comentó.
Además de los requisitos relacionados con la operación del dron, el Gobierno de México establece que quienes pretendan realizar tomas fotográficas, filmaciones o videograbaciones con equipo especial o profesional en zonas arqueológicas, monumentos históricos o museos bajo custodia del INAH deben tramitar la autorización correspondiente, ya sea de forma presencial o en línea.
El procedimiento debe iniciarse con al menos 10 días hábiles de anticipación y el permiso se otorga siempre que la actividad no afecte la integridad ni distorsione la imagen del patrimonio.
El trámite tiene un plazo de respuesta de tres días hábiles y contempla el pago de derechos establecidos en la Ley Federal de Derechos.
Para 2026, la tarifa es de 15 mil 916 pesos por día para filmación o videograbación y de 7 mil 958 pesos por día para tomas fotográficas con fines profesionales en inmuebles bajo custodia del INAH.
El pago se realiza únicamente cuando la autorización ha sido aprobada y será válida durante el tiempo que dure el proyecto.
Sobre las consecuencias de incumplir con la normativa, Aguilar Moreno explicó que cualquier ciudadano puede denunciar el uso irregular de drones sobre bienes nacionales y que, si se acredita una infracción, un juez puede imponer sanciones económicas, además de que las autoridades pueden asegurar el equipo cuando se utilice en espacios restringidos.
“El desconocimiento no te exime de la responsabilidad”, advirtió.
El funcionario subrayó que los drones también representan una herramienta útil para la conservación del patrimonio histórico cuando son operados por personal especializado y con los permisos correspondientes, ya que facilitan la inspección de torres, cubiertas y otros puntos de difícil acceso sin poner en riesgo a los trabajadores ni a los inmuebles.
“Hay que saber utilizar las herramientas y sí saber nada más cuáles son los permisos que hay que solicitar para no infringir la ley”, expresó.
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