Solo tres detenidos por el campo de exterminio de Teuchitlán

Teuchitlán, Jalisco, 24/03/25 (Más).- Autoridades federales y estatales realizaron las primeras detenciones relacionadas con el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde operaba un centro de reclutamiento y adiestramiento forzado al servicio del crimen organizado. Entre los detenidos estuvo José Gregorio Lastra Armida, señalado como presunto reclutador de jóvenes para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como dos expolicías del municipio de Tala, identificados como José Antonio “N” y Gabriel “N”, acusados de colaborar con la organización delictiva.

Las detenciones ocurrieron tras meses de investigaciones derivadas del hallazgo de un cadáver, la captura de 10 personas y el rescate de dos víctimas en septiembre pasado en dicho rancho. La Fiscalía de Jalisco confirmó que algunos jóvenes fueron entregados a grupos criminales por agentes policiacos, lo que reforzó la presunta complicidad de los expolicías con el CJNG.

José Gregorio Lastra, de 51 años y originario de Veracruz, cayó en la Ciudad de México en un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército. Lo acusaron de engañar a jóvenes con falsas ofertas de trabajo para luego entregarlos a la organización criminal, donde los sometieron a entrenamiento forzado y torturas. También arrestaron junto a él a Abril Dianeh, de 43 años, quien supuestamente tenía la tarea de reclutar a mujeres para el cártel.

A Gabriel “N” lo capturaron en Colima cuando transportaba cartuchos, lo que permitió descubrir que tenía una orden de aprehensión en Jalisco. Además, la prensa mexicana reportó la captura de un tercer expolicía, aunque aún no revelaron detalles sobre su identidad.

El caso cobró relevancia luego de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al rancho Izaguirre el pasado 5 de marzo, donde encontraron restos óseos calcinados, cenizas y pertenencias abandonadas, lo que generó indignación a nivel nacional. Imágenes de decenas de zapatos acumulados en el lugar provocaron comparaciones con campos de exterminio, lo que llevó a algunos a llamar al sitio el “Auschwitz mexicano”.

Las investigaciones avanzaron, mientras la presión social y mediática exigió esclarecer el número exacto de víctimas y la responsabilidad de las autoridades en la falta de acción inicial.