SIMAS Monclova – Frontera la disputa política por el agua

Por Miguel Villarello

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Alrededor de 3 millones de pesos en pérdidas, más de 200 medidores domiciliarios tronados por la alta presión del agua, daños a tuberías de la red reventadas por fugas y miles de personas que se quedaron sin el abasto durante casi cuatro días, es el quebranto ocasionado al Simas Monclova-Frontera luego de la toma de las instalaciones de las oficinas del organismo, que concluyó hoy pacíficamente.

Algunos de estos datos fueron aportados por el gerente del Simas de Monclova-Frontera, Eduardo Campos Villarreal, en entrevista a medios y a través del sitio oficial del organismo una vez que les fue devuelto el edificio en la ciudad acerera la mañana del jueves.

Mientras que la toma y cierre de instalaciones y requisa de vehículos de Simas impidiéndoles trabajar en la operatividad de la red de abasto fue el lunes, tuvieron que pasar cuatro días para que, hasta el jueves por la mañana, les fuera entregado dicho recinto por quienes lo tenían tomado, un grupo de ciudadanos y ejidatarios encabezados por Roberto Piña Amaya, alcalde de Frontera.

Aunque la dependencia dañada y los manifestantes alegan que no se trata de un problema político la razón es la reciente modificación a la ley de aguas estatal en la que se incrementó el número de consejeros del sistema por parte del Gobierno estatal, pero sin darle posibilidad de participar a ambos municipios ni a la ciudadanía.

Además de lo anterior, se suman lo dicho por el edil fronterense en el sentido de que el agua se extrae de pozos ubicados en Frontera para conducirla a Monclova, eso sin considerar que, por estar en la misma zona conurbada ambos municipios, incluido Castaños y posiblemente San Buenaventura y Abasolo, el vital líquido es obtenido del mismo acuífero.

Como si esto fuera poco, trascendió el miércoles que la diputada Lizbeth Ogazón Nava estaría asesorando a los quejosos para interponer una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia y suspender la ley momentáneamente.

PLAGADO DE MENTIRAS

El edil fronterense, también militante de Morena, se dijo Presidente del Consejo del Sistema de Agua, y se quejó de que los medios regionales recibían dinero del Simas: “Para no publicar lo que realmente es y no le puedo competir a convenios de ese dinero que traen”.

Advirtió, sin embargo, que no cejará en su empeño por la prioridad que es el agua para la ciudadanía de Frontera.

Después de pedir ponerse a gobernar y hacer las cosas bien, pues: “No me voy a meter al tema de la represión con 100 policías y 17 camionetas”, Piña Amaya aseguró que: “Se trata de un tema que está violentando la autonomía municipal, además de ser un tema de intereses, por mi parte de Frontera es interés de la ciudadanía y por la otra parte es un tema de interés del dinero”.

Sin dejar de lado la posibilidad de llegar a un acuerdo en cuanto a lo legal, luego que entregara pacíficamente las oficinas del Simas a la gerencia encabezada por Eduardo Campos Villarreal, Roberto Piña sostuvo que en el tema de gobierno: “Veo una marcada actuación por parte del Estado, defendiendo no a la ciudadanía, sino a intereses que son lamentables”.

INCONSTITUCIONAL

Al respecto, la diputada Lizbeth Ogazón Nava, también de Morena, difundió a través de las redes sociales su apoyo a la queja del alcalde y los ciudadanos de Frontera, por lo que a través de un comunicado de prensa expresó que la modificación a la ley de aguas “Se ve que es una decisión meramente política donde el PRI quiere tener el control”.

Luego de cuestionar la inclusión de funcionarios estatales en el consejo del Simas sin invitar a funcionarios municipales pasando por alto la autonomía de ambas localidades, Ogazón Nava enfatizó que por ahora: “Los municipios deberían de estar presentando acciones de inconstitucionalidad por la forma en cómo se dio la Iniciativa que se dictaminó en el Congreso”.

PÉRDIDAS

Luego de comentar que el derecho a la manifestación debe ser pacífico y sin afectar a terceros para tratar de encontrar una solución a las demandas ciudadanas, el gerente de Simas, Eduardo Campos Villarreal, relató la toma de oficinas del SIMAS ubicadas en Frontera y Monclova.

Lo anterior con la consecuencia de que los manifestantes impidieron el funcionamiento de varios de los sistemas de bombeo en algunos sectores por lo que dejaron sin el vital líquido a muchas colonias y miles de usuarios, comerciantes y empresarios de ambas localidades.

Después de asegurar que: “El sistema no se va a privatizar porque no existe ni un plan ni bases para eso”, Campos Villarreal finalmente manifestó que, como consecuencia del cierre de oficinas administrativas y operativas por casi cuatro días, entre 2 y 3 millones de pesos dejaron de ingresar a las arcas del sistema hídrico y más de 50 mil usuarios, lo que significa alrededor de 250 mil personas sólo de Monclova habrían dejado de recibir agua en sus domicilios.

Por su parte, el alcalde panista de Monclova, Mario Dávila, declaró a algunos medios que el ayuntamiento va por el cauce legal mediante una controversia constitucional contra la Ley de Aguas estatal, la cual podrían interponer en el Tribunal Superior de Justicia la semana entrante.