Siete años de cárcel para el exgobernador de Nayarit

Tepic, Nayarit, 19/09/25 (Más).- Un juez estatal dictó una condena de siete años de prisión contra Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, por el delito de falsificación de documentos tras acreditarse que utilizó firmas apócrifas para apropiarse de un predio en el municipio de San Blas en el año 2012. El terreno, de aproximadamente 58 hectáreas y destinado a actividades agrícolas y ganaderas, fue registrado a su nombre en el Registro Agrario Nacional una vez asumido su cargo como gobernador, lo que a su vez le permitió acceder a otros tres predios.

De acuerdo con la información publicada por el diario El País, la defensa del exmandatario, encabezada por Alexander Rubén, anunció que impugnará el fallo judicial al considerar que el proceso estuvo lleno de irregularidades procesales y de fondo. El abogado aseguró: “Sin duda apelaremos y tenemos confianza de que podemos lograr un resultado benéfico para el señor Roberto que aclare todas las irregularidades y llegue al resultado que debió haber llegado, que es una absolución”.

Sandoval Castañeda se encuentra recluido desde 2021 en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, El Rincón, en la capital nayarita. Además de esta condena, enfrenta otros procesos penales por presuntos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa relacionados con actos de corrupción cometidos durante su administración entre 2011 y 2017. En ese mismo año fue capturado junto con su hija en el estado de Nuevo León, luego de permanecer prófugo durante al menos tres meses.

Apenas esta semana, la Fiscalía General de la República informó que un juez de control determinó la vinculación a proceso del exgobernador por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto superior a los 156 millones de pesos, equivalentes a más de ocho millones y medio de dólares.

Roberto Sandoval es uno de los exmandatarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que aparece en una conocida fotografía tomada en 2012 junto al entonces presidente Enrique Peña Nieto, en la que figuran al menos otros diez gobernadores que más tarde enfrentaron cargos por corrupción. Su administración en Nayarit marcó un periodo de graves señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, especialmente por su colaboración con el entonces fiscal estatal Edgar Veytia, alias ‘El diablo’, hoy también procesado por actividades delictivas.

Organizaciones como Familias Unidas han denunciado que durante su gestión aumentaron los casos de desapariciones forzadas, secuestros y despojos. Santiago Pérez, presidente de dicho colectivo, declaró en 2019 a El País: “A partir de ahí empezaron los despojos, los rumores de secuestros y una serie de personas reportadas como desaparecidas”.