La nueva política energética federal mantendrá al petróleo y al gas como ejes estratégicos, pero incorporará mayor participación privada y proyectos de transición energética. El plan 2025-2039 fija una producción mínima de 2.4 millones de barriles diarios, busca casi duplicar la extracción de gas natural y reconoce el potencial del fracking
Ciudad de México, 12/09/26 (Más).- El Gobierno de Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos 2025-2039, que establece una nueva ruta para la industria energética y modifica algunos de los principales lineamientos aplicados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con información publicada por El País, el documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, plantea mantener una producción mínima de 2.4 millones de barriles diarios de petróleo hasta 2039, elevar la producción de gas natural y permitir asociaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) con empresas privadas para desarrollar proyectos energéticos.
El plan fue elaborado bajo la nueva Ley de Planeación y Transición Energética de 2025 y tiene carácter vinculante, por lo que establece objetivos y acciones que deberán orientar el desarrollo del sector durante los próximos años.
En materia petrolera, la estrategia plantea mantener una producción mínima de 2.4 millones de barriles diarios hasta 2039. La cifra supera ligeramente el nivel actual, estimado en alrededor de 1.6 millones de barriles diarios, pero representa un cambio frente a la meta de la administración anterior de elevar la extracción hasta 2.4 millones de barriles diarios mediante acciones para revertir la declinación de la producción.
El documento también reconoce el descenso previsto de la producción petrolera y plantea compensarlo mediante una mayor actividad en campos marinos, tanto en aguas someras como profundas y ultraprofundas.
Para el gas natural, el Gobierno federal proyecta alcanzar un máximo de producción de 6 mil 600 millones de pies cúbicos diarios en 2038, casi el doble de lo registrado en 2025. Para ello se contempla incorporar nuevos campos y desarrollar yacimientos convencionales.
Uno de los cambios señalados en el plan está relacionado con los yacimientos no convencionales y el fracturamiento hidráulico, conocido como fracking. Durante el gobierno de López Obrador esta técnica fue rechazada, mientras que la actual administración reconoce el potencial de los recursos prospectivos localizados en formaciones que requieren fracturación hidráulica para su extracción.
Los recursos prospectivos son volúmenes de hidrocarburos aún no descubiertos cuya existencia se estima a partir de estudios geológicos y geofísicos. El nuevo plan señala que una parte importante de estos recursos se encuentra en yacimientos no convencionales de petróleo y gas.
El debate sobre el fracking se intensificó durante el actual gobierno. En agosto de 2025, el entonces director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, planteó que los yacimientos no convencionales constituían una fuente importante para incorporar nuevas reservas al país.
Posteriormente, un comité de especialistas encargado por Sheinbaum analizó las condiciones para determinar si México debe recurrir a esta técnica y entregó un informe con recomendaciones. De acuerdo con el análisis citado por El País, el cumplimiento de las medidas propuestas podría limitar la viabilidad económica del fracking.
Otro cambio relevante corresponde a la participación de empresas privadas en proyectos de Pemex. El plan contempla 21 proyectos de desarrollo mixto en los que la empresa estatal mantiene la titularidad, mientras compañías privadas pueden complementar sus capacidades técnicas, financieras y operativas.
De los 21 proyectos contemplados, siete ya fueron adjudicados, otros siete cuentan con aprobación y los siete restantes permanecen en proceso de preparación. Entre los objetivos se encuentran acelerar la ejecución de proyectos, incorporar tecnología, reducir costos y mejorar la administración de riesgos.
La estrategia también incluye proyectos relacionados con la transición energética que deberán desarrollarse antes de 2031. Entre ellos se encuentran una red de recarga para vehículos eléctricos en gasolineras de Pemex, sistemas fotovoltaicos y la instalación de turbinas eólicas en plataformas marinas que se encuentren en desuso.
El documento contempla además el aprovechamiento del litio, cuya explotación corresponde a Litio para México (LitioMx), empresa estatal que actualmente enfrenta limitaciones presupuestales y tecnológicas para desarrollar su extracción.
Mariana Escalante, investigadora de Fundar especializada en transición energética y cambio climático, destacó que el plan plantea la energía como un derecho y no como una mercancía. También señaló como una de las novedades regulatorias la sustitución de la Evaluación de Impacto Social por la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético, instrumento que tendrá carácter obligatorio y vinculante.
Sin embargo, la especialista cuestionó que el plan contemple nueva infraestructura para combustibles fósiles, entre ella cerca de mil 500 kilómetros de gasoductos y tres centrales de ciclo combinado. Consideró que este tipo de infraestructura puede prolongar la dependencia de tecnologías basadas en combustibles fósiles y dificultar el cumplimiento de los objetivos climáticos.
Por su parte, Santiago Arroyo, director de Ursus Energy, consideró que el documento es acorde con las condiciones actuales de la industria y con la reforma energética de 2024. Señaló que, aunque disminuyen las metas de producción de hidrocarburos, aumentan de manera significativa las correspondientes al gas natural.
El especialista consideró que el gas natural puede funcionar como un combustible de transición para México antes de avanzar hacia una mayor participación de fuentes de energía limpia. También señaló que el país cuenta con potencial para aumentar su producción de gas, aunque la explotación de algunos recursos no convencionales requeriría el uso de fracking.
El Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos 2025-2039 establece así una estrategia que mantiene la producción de petróleo y gas dentro de las prioridades nacionales, pero incorpora mecanismos de participación privada, proyectos de transición energética y un reconocimiento al potencial de los yacimientos no convencionales.
La nueva política energética deberá desarrollarse además en paralelo con los compromisos climáticos asumidos por México, entre ellos la meta de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.
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