Ciudad de México, 06/11/26 (Más).- La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que la consigna “el INE no se toca”, utilizada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), pudo haber servido para proteger una presunta red de corrupción que durante años concentró contratos millonarios con organismos electorales mediante empresas relacionadas entre sí.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la mandataria vinculó a quienes promovieron esa consigna con las irregularidades detectadas en contrataciones electorales por más de 2 mil 646 millones de pesos entre 2014 y 2025, y cuestionó particularmente la actuación del expresidente del INE, Lorenzo Córdova, quien reconoció que conocía la concentración de contratos en un grupo reducido de proveedores.
“A lo mejor decían ‘el INE no se toca’ para poder guardar toda esta mafia electoral que se construyó con ellos”, expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina, al señalar que las investigaciones deben servir para sanear las estructuras administrativas del instituto y transparentar las adquisiciones realizadas tanto por la autoridad federal como por los organismos electorales estatales.
La presidenta sostuvo que Córdova, quien encabezó el INE entre 2014 y 2023, tenía conocimiento de que determinadas compañías concentraban las contrataciones de los organismos públicos locales electorales (OPLE), pero no impulsó acciones para revisar esas prácticas. Además, señaló que durante su propia administración el instituto también contrató a empresas relacionadas con el esquema investigado.
“Estuvo nueve años sabiendo que los organismos estatales que organizaban elecciones contrataban solamente a unas cuantas empresas y él también las contrató. Él también las contrató. ¿Cómo sabiendo que eso es parte de la estructura electoral del país no hizo nada?”, cuestionó la mandataria.
Sheinbaum recordó que, a partir de la reforma electoral de 2014, el Consejo General del INE adquirió la facultad de designar a los consejeros de los organismos electorales de las 32 entidades federativas, atribución que anteriormente correspondía a los congresos locales. Consideró que esta concentración de decisiones también obliga a revisar la responsabilidad institucional de quienes encabezaron el organismo durante ese periodo.
En sus cuestionamientos incluyó a Edmundo Jacobo Molina, quien durante 15 años se desempeñó como secretario ejecutivo del INE y posteriormente se incorporó al partido Somos, donde también participan Córdova y otros exfuncionarios electorales.
Según la presidenta, por las responsabilidades administrativas que desempeñó, Jacobo Molina debía conocer la existencia de proveedores que concentraban las contrataciones. “15 años. 15 años. Y no me digan que él tampoco sabía que había un duopolio. Entonces, que se abra todo”, manifestó.
La mandataria también mencionó las relaciones políticas entre integrantes de Somos y personas vinculadas con los empresarios investigados; entre ellas identificó a Juan Carlos Padilla Aguilar, quien fue superior de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas durante su trayectoria en la administración pública federal y posteriormente ocupó cargos en el Estado de México. De acuerdo con la información presentada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, Padilla Aguilar también forma parte de esa organización política.
Los señalamientos presidenciales surgieron después de que el gobierno federal presentó una investigación sobre empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, las cuales habrían obtenido contratos con autoridades electorales durante 27 años. Entre 2014 y 2023, estas compañías consiguieron adjudicaciones superiores a 2 mil millones de pesos con 23 organismos electorales estatales, mientras que entre 2024 y 2025 recibieron otros 646 millones de pesos mediante contrataciones con 15 organismos locales.
Entre las empresas identificadas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Cerlaz de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández.
La investigación, sustentada en registros de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Compranet histórico, detectó posibles mecanismos de simulación de competencia, operaciones entre compañías relacionadas y transferencias de recursos que dificultaban identificar a los beneficiarios finales.
Buenrostro explicó que algunas empresas presuntamente coordinaban sus propuestas para determinar cuál presentaría el precio más bajo y obtendría la adjudicación. También se encontraron compañías sin trabajadores registrados o sin capacidad técnica suficiente para prestar los servicios contratados, así como coincidencias de domicilios, teléfonos y relaciones familiares entre socios, administradores y representantes legales.
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación identificó 89 conexiones entre 7 empresas y 83 personas relacionadas con el INE, entre ellas socios, apoderados y representantes legales. La revisión incluyó a Corporativo ZEG, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México, cuyos vínculos empresariales despertaron cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en procedimientos de contratación.
Uno de los casos examinados corresponde a Jonathan N., exempleado del INE adscrito a la oficina de la presidencia, quien también figuraba como apoderado legal de Corporativo ZEG. La auditoría reportó percepciones por 601 mil 751 pesos entre mayo de 2025 y marzo de 2026, aunque no precisó el origen ni el concepto de esos pagos. Guadalupe Taddei negó que hubiera sido su chofer, pero reconoció que trabajó en su oficina.
La ASF también documentó la participación de empresas relacionadas en una misma licitación para adquirir urnas, mamparas y dados marcadores destinados a la elección judicial de 2025. Sin embargo, el organismo aclaró que esas coincidencias no demuestran por sí mismas acuerdos indebidos entre proveedores y que las relaciones detectadas requieren investigaciones adicionales antes de establecer responsabilidades.
Frente a estos hallazgos, Sheinbaum pidió revisar las contrataciones realizadas durante todas las administraciones del INE, incluida la encabezada por Córdova, y establecer reglas de transparencia que también sean aplicadas por los organismos electorales estatales. Aunque insistió en la necesidad de investigar a quienes conocían las prácticas señaladas, reconoció que corresponde a las autoridades competentes determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
La presidenta también planteó revisar los costos de las elecciones, al considerar que la concentración de proveedores y los posibles sobreprecios pudieron incrementar el gasto público. Señaló que en un año electoral se destinan alrededor de 37 mil millones de pesos, considerando los recursos federales y estatales, por lo que estimó necesario identificar oportunidades para reducir los montos utilizados en la organización de los comicios.
“Lo que nos corresponde a nosotros y al INE actual, los 10 consejeros que están hoy en el INE, es sanear, limpiar, garantizar que las contrataciones sean totalmente transparentes, generar lineamientos que los asuman todos los organismos electorales estatales, que bajen los montos que se utilizan para las elecciones”, afirmó.
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