Ciudad de México, 06/11/26 (Más).- Ante el paro nacional convocado por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) aseguró que los exámenes de evaluación programados para diciembre de 2026 no provocarán despidos, pérdida de plazas ni afectaciones a la permanencia laboral del personal de carrera judicial, al precisar que se trata de pruebas diagnósticas destinadas a identificar necesidades de capacitación.
De acuerdo con información publicada por Infobae, el organismo emitió esta aclaración después de que trabajadores judiciales convocaron a suspender actividades en al menos 22 sedes de más de 16 entidades del país, en rechazo al nuevo modelo de evaluación del desempeño, al considerar que podría utilizarse como mecanismo de presión, represalia o persecución laboral.
El OAJ explicó que las evaluaciones forman parte de sus atribuciones constitucionales, establecidas en el artículo 100 de la Constitución y en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial. También señaló que participar en estos procedimientos constituye una obligación legal y constitucional para los trabajadores, aunque insistió en que las pruebas anunciadas no tendrán consecuencias individuales sobre la conservación de sus empleos.
Según el organismo, los exámenes permitirán conocer las necesidades de formación profesional y fortalecer la carrera judicial, sin establecer criterios de aprobación o reprobación. La primera evaluación ordinaria con los efectos previstos en la legislación se realizará posteriormente, una vez concluidas las acciones de capacitación correspondientes, por lo que la prueba de diciembre no tendrá ese carácter.
La aclaración ocurrió en medio de una movilización que comenzó este viernes 6 de noviembre y que involucra potencialmente a cerca de 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales que trabajan en más de 900 tribunales y juzgados federales.
Los inconformes cuestionan el esquema publicado un día antes en el Diario Oficial de la Federación y advierten que podría comprometer la estabilidad laboral del personal.
Entre los estados donde se confirmó la participación de trabajadores se encuentran Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En la Ciudad de México, las protestas incluyen los edificios de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.
La suspensión de actividades comenzó de manera escalonada.
En Morelos, más de mil trabajadores cerraron desde el jueves las instalaciones judiciales de Cuernavaca y Xochitepec, mientras que en la capital del país empleados de los inmuebles de San Lázaro y Prisma se incorporaron a la protesta a partir de la medianoche.
Uno de los principales motivos de inconformidad es la distribución de los criterios de calificación. De acuerdo con el modelo cuestionado, el examen de conocimientos representa 40 por ciento de la evaluación, mientras que el 60 por ciento restante depende de la valoración del titular del juzgado, las opiniones de compañeros de trabajo, reportes institucionales e indicadores de productividad y comportamiento.
Los trabajadores consideran que esta distribución otorga un peso excesivo a valoraciones que podrían ser subjetivas, particularmente porque algunos juzgadores encargados de evaluar al personal llegaron recientemente a sus cargos mediante elección popular. Temen que esas facultades puedan utilizarse para ejercer presiones o tomar represalias contra empleados judiciales.
El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación llamó a sus integrantes a no inscribirse en el procedimiento, mientras que la Unión Nacional de Trabajadores del PJF advirtió sobre los riesgos de permitir que los juzgadores tengan una influencia determinante en las evaluaciones de sus subordinados.
A estas preocupaciones se suma el tiempo disponible para preparar los exámenes. El calendario establece que los temarios serán publicados los días 17 y 18 de noviembre, mientras que las pruebas para secretarios se aplicarán el 4 de diciembre, las de actuarios el día 8 y las correspondientes a oficiales judiciales el 14 y 15 del mismo mes.
Los inconformes señalan que dispondrán de aproximadamente dos semanas para estudiar, sin que se reduzcan sus cargas habituales de trabajo. El calendario también contempla que los resultados sean revisados entre enero y marzo de 2027, aunque el OAJ sostiene que las pruebas diagnósticas no podrán utilizarse para justificar separaciones laborales.
Frente a la movilización, el Órgano de Administración Judicial manifestó su reconocimiento a la libertad sindical y al derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades. Asimismo, reiteró su disposición a mantener el diálogo con las organizaciones laborales, aunque señaló que los acuerdos deberán permitir el cumplimiento del mandato constitucional relacionado con la evaluación del desempeño.
Con esta postura, el organismo busca atender la preocupación central de los trabajadores respecto a posibles despidos, sin renunciar a la aplicación de las evaluaciones programadas. Sin embargo, las organizaciones sindicales mantienen sus cuestionamientos sobre los criterios de calificación, las facultades de los evaluadores y las condiciones en que deberá participar el personal judicial.
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