Ciudad de México, 29/10/26 (Más).- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará una propuesta para transformar Talleres Gráficos de México en una empresa con consejo de administración y supervisión externa, con el propósito de que el Estado asuma la mayor parte de la producción de boletas y otros materiales electorales, reduzca la intervención de intermediarios privados y fortalezca la transparencia en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la mandataria explicó durante su conferencia matutina de este jueves que la iniciativa busca terminar con un esquema de contratación que, según sus señalamientos, ha permitido que un reducido grupo de empresas concentre durante más de dos décadas los contratos de papelería electoral, tanto del INE como de los organismos públicos locales electorales (OPL).
Sheinbaum sostuvo que Talleres Gráficos de México cuenta con las condiciones para asumir una participación mucho mayor en la elaboración de los materiales utilizados durante los procesos electorales, mediante una nueva estructura administrativa que contemple mecanismos de vigilancia externa y permita disminuir la dependencia de proveedores particulares.
“Entonces, eso es lo que se tiene que acabar. Y ahora nosotros vamos a presentar una propuesta la próxima semana para que Talleres Gráficos se vuelva una empresa como tal con su consejo de administración y con observación externa, porque ahí es donde tiene que producirse la mayor parte del material electoral”, declaró la presidenta.
La mandataria denunció que algunas compañías beneficiadas históricamente con contratos electorales funcionan únicamente como intermediarias, pues carecen de personal propio para realizar los trabajos y posteriormente subcontratan a otras empresas; afirmó que estas prácticas han persistido a pesar de las reformas realizadas al sistema electoral mexicano.
“Y es estas empresas que tienen más de 20 años, que son verdaderos ‘coyotes’, y que pedimos a la Auditoría Superior que haga toda la investigación, que son las que se han dividido los contratos de la papelería electoral por años y se han convertido en duopolio o triopolio, dos o tres empresas que muchas de ellas ni trabajadores tienen, o sea, son intermediarios”, afirmó.
La propuesta presidencial no contempla eliminar por completo la participación de proveedores privados, sino concentrar en Talleres Gráficos la producción principal de la papelería electoral y permitir que otras compañías concursen por contratos relacionados con materiales complementarios, como chalecos para el personal electoral, mamparas y diversos insumos destinados a las casillas.
Sheinbaum consideró necesario modificar este esquema antes del proceso electoral de 2027, con la intención de garantizar que las contrataciones se realicen mediante procedimientos transparentes y licitaciones que impidan la concentración de recursos públicos en unas cuantas empresas.
“Hay que acabar con los ‘coyotes’, con los que se enriquecen a costa del presupuesto público vinculado con los institutos electorales, con el Instituto Nacional Electoral y los OPL de los estados”, expresó.
El anuncio ocurre en medio de investigaciones y señalamientos sobre posibles irregularidades en la asignación de contratos del INE, particularmente durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del organismo el lunes. Ante esta situación, Sheinbaum reiteró su solicitud para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una revisión profunda de las contrataciones y determine las responsabilidades correspondientes.
La presidenta precisó que las auditorías no deben limitarse a la administración de Taddei, sino extenderse a las gestiones anteriores, incluida la encabezada por Lorenzo Córdova, debido a que las presuntas irregularidades podrían formar parte de prácticas sostenidas durante varias décadas. Como antecedente, mencionó un conflicto relacionado con contratos de material electoral registrado en 1999 en el Instituto Electoral del Estado de México.
En paralelo, el INE analiza la posibilidad de dar vista a la ASF y a su Órgano Interno de Control (OIC) sobre las presuntas anomalías detectadas durante la administración anterior. La presidenta provisional del instituto, Blanca Yassahara Cruz García, informó que el Consejo General revisa expedientes, decisiones administrativas y el desempeño de funcionarios para determinar si existen elementos suficientes para solicitar la intervención de las autoridades fiscalizadoras.
Las investigaciones relacionadas con proveedores electorales incluyen a Corporativo Zeg, Cajas Graf y TOL Producciones, compañías vinculadas con un contrato por 197 millones de pesos para suministrar materiales destinados a la elección judicial de 2025. Las indagatorias buscan establecer si existieron irregularidades en los procedimientos de contratación, conflictos de interés o simulación de competencia.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a siete empresas proveedoras por posibles operaciones de triangulación de recursos, mientras que la ASF abrió una investigación de oficio sobre presuntas anomalías contractuales y posibles actos de colusión. Entre las personas mencionadas en las investigaciones se encuentra José Alfredo Hernández Casillas, identificado como apoderado de Cajas Graf y relacionado públicamente con Taddei.
De acuerdo con información presentada por el OIC ante la Cámara de Diputados, las investigaciones comprenden al menos a 15 funcionarios y exfuncionarios, ocho particulares y 18 empresas. Legisladores prevén solicitar la comparecencia del titular del órgano, Víctor Hugo Carvente Contreras, para conocer el avance de las indagatorias y las actuaciones emprendidas. Con la transformación propuesta para Talleres Gráficos de México, el Gobierno federal pretende que una mayor proporción de los recursos destinados a la elaboración de materiales electorales se canalice directamente a una empresa estatal, mientras continúan las investigaciones sobre los contratos otorgados a proveedores privados y las posibles responsabilidades de funcionarios del organismo electoral.
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