Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez ya están bajo custodia estadounidense y aceptaron declararse culpables; ambos fueron funcionarios del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa
Ciudad de México, 15/05/26 (Más).- Dos de los diez exfuncionarios públicos de Sinaloa acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentran ya bajo custodia de autoridades estadounidenses y acordaron declararse culpables.
Se trata de Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretarios de Finanzas y de Seguridad Pública, respectivamente, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia y también acusado.
Díaz Vega fue detenido en Europa y posteriormente pactó con autoridades de Estados Unidos su entrega inmediata para enfrentar cargos relacionados con presuntas operaciones ilícitas, mientras que Mérida Sánchez, general en retiro, se presentó voluntariamente ante autoridades estadounidenses en la garita de Otay Mesa, en la frontera entre Tijuana y San Diego.
Ambos exfuncionarios habrían aceptado declararse culpables con el objetivo de obtener reducciones en sus eventuales condenas, en el marco de investigaciones que los vinculan con actividades del crimen organizado en Sinaloa, particularmente con una facción de Los Chapitos, de acuerdo con expedientes judiciales citados por autoridades estadounidenses.
A finales de abril, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas, junto con otros nueve funcionarios, según informó entonces el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación, los señalados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos, para distribuir grandes cantidades de droga hacia territorio estadounidense.
En el caso de Enrique Díaz Vega, empresario sinaloense que ocupó la Secretaría de Administración y Finanzas de noviembre de 2021 a febrero de 2024, las autoridades estadounidenses lo señalan por presuntos vínculos financieros con estructuras delictivas.
Su renuncia al cargo ocurrió meses antes de que se hicieran públicas investigaciones sobre su patrimonio y crecimiento empresarial durante su gestión pública.
Reportes periodísticos indican que, antes de su salida del gobierno estatal, Díaz Vega intentó colaborar como testigo en investigaciones en Estados Unidos mediante intermediarios legales, aunque dicho acercamiento no habría prosperado. Posteriormente, su caso fue incluido en expedientes relacionados con presuntas operaciones de una facción del crimen organizado en la región.
Por su parte, Gerardo Mérida Sánchez, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, es acusado en documentos judiciales estadounidenses de haber recibido presuntos pagos mensuales superiores a los 100 mil dólares a cambio de protección a actividades ilícitas.
Las investigaciones señalan que, durante su gestión, el exfuncionario habría omitido intervenir en operaciones de tráfico de drogas y alertado sobre operativos oficiales, lo que habría permitido a grupos criminales movilizar recursos y personal antes de las acciones de las autoridades.
Asimismo, se le atribuye haber advertido con anticipación sobre al menos diez redadas contra laboratorios clandestinos en 2023, lo que forma parte de los señalamientos que sustentan las acusaciones en su contra.
Mérida Sánchez, general retirado del Ejército Mexicano, ocupó diversos cargos militares antes de integrarse al gobierno estatal, entre ellos la comandancia de la XXV Zona Militar en Puebla y la dirección de la Escuela Militar de Inteligencia.
Ambos casos forman parte de investigaciones más amplias en Estados Unidos que buscan esclarecer presuntos vínculos entre exfuncionarios de Sinaloa y estructuras del crimen organizado, mientras continúa el proceso judicial en su contra en territorio estadounidense.
Desde que trascendió la acusación de las autoridades estadounidenses, la constante del gobierno mexicano ha sido condicionar cualquier acción judicial o solicitud de extradición a la entrega de pruebas por parte de Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que no se encubrirá a nadie, pero que debe respetarse el debido proceso, la soberanía nacional y el derecho a un juicio justo. En esa misma línea, la SRE rechazó inicialmente la detención provisional al considerar que la petición no incluía elementos suficientes, mientras la FGR informó que revisa el caso conforme a la legislación mexicana.
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