SCJN, dignidad contra la farsa

Por Julián Andrade

En Morena idearon un esquema de “extorsión” para garantizar que el Pleno de la Suprema Corte no quede acéfalo hasta el próximo año.

Fue el de exigir a los actuales ministros, que decidieran no participar en la farsa de la elección y que quisieran conservar su pensión, renunciar antes del 31 de octubre, pero con efectos hasta el 31 de agosto de 2025.

Eso hicieron 8 de los 11 ministros, porque eso es lo que mandata la reforma a la Constitución impulsada por López Obrador y afinada, es un decir, por el diputado Ricardo Monreal y el senador Adán Augusto López.

De modo bastante ruin, ahora se está pregonando que los integrantes de la Corte lo que quieren es “irse con las alforjas llenas” y que se trata de mucho dinero.

Es curioso que voceros de lo que se autodenomina izquierda, como Gerardo Fernández Noroña, amaguen en contra de lo que son derechos de cualquier trabajador.

La cantidad, mucha o poca, es producto de años de esfuerzos y de la relevancia de los cargos desempeñados.

Es un poco como lo que ocurrió con las pensiones de los expresidentes de la República. Tal era la fobia que tenían al pasado, que las cancelaron, aunque a los únicos que afectaron fue a Luis Echeverría y a Vicente Fox. Ni Carlos Salinas ni Ernesto Zedillo las recibían, porque habían renunciado a ellas, y en el caso de Felipe Calderón, el daño fue contra una asociación civil a la que donaba ese dinero.

Insisto, legislar por venganza no trae nada bueno y en muchas ocasiones ni siquiera se da en el blanco, porque se hacen las cosas sin estudiar y sin establecer las conclusiones adecuadas.

Los ocho ministros que presentaron su renuncia lo hicieron definiendo su posición ante una reforma que consideran, además de injusta, inoperante.

Esa es la clave y no sus pensiones, a las que, insisto, tienen derecho, sino la destrucción en curso del Poder Judicial.

El próximo martes se discutirá la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que establece una salida menos peligrosa, al circunscribir la elección a los integrantes del Pleno de la Corte, del Tribunal Electoral y de Disciplina.

En el caso de que se apruebe, en las cámaras legislativas, en lo que respecta a Morena y sus aliados, y en Palacio Nacional, ya determinaron no hacer caso. ¿Qué esto generará una crisis mayor? Que se genere, eso es lo que está planteado la mayoría política.

De algún modo, el Estado de Derecho ya está dejando de operar. Es como una luz que se apaga gradualmente, hasta que llegue la oscuridad.

Vamos a un desastre. El INE está haciendo análisis de presupuesto de lo que puede costar la elección, calculando que se podría llegar a los 13 mil millones de pesos.

Que ni se hagan ilusiones, porque ya les dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que hagan bien las cuentas, que van a utilizar los fideicomisos. Es decir, no habrá el dinero adecuado y ello provocará desafíos aún mayores.

Claro, pueden hacer la elección al estilo de la del aeropuerto de Texcoco, sin medidas de seguridad alguna, con tinta para los hongos del pie, en lugar de indeleble, y sin que existan las casillas adecuadas. Como todo es una pantomima, se pueden variar los escenarios.

Por eso es de resaltar el valor de Norma Piña, Margarita Ríos Fajart, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayan, Javier Laynez, Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

A ellos se suman 342 juezas y jueces y 508 magistrados que no están dispuestos a entrar al juego destructivo en curso.

Todos tienen una larga trayectoria en el servicio público y en el privado, cuentan con la formación adecuada, y se desempeñaron con dignidad en su trabajo.

Termina la undécima época de la Suprema Corte, ya veremos cuánto dura la siguiente.