Quince años han pasado desde la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y el saldo judicial es un recordatorio de impunidad: apenas dos sentencias condenatorias —dictadas hasta enero pasado— y ninguna por homicidio. Aún hay cuerpos sin identificar, persisten dudas sobre la autenticidad de algunas entregas de restos, y la versión oficial continúa atravesada por contradicciones, irregularidades y líneas de investigación que las autoridades no han querido agotar.
La versión original de esta información fue publicada por el portal de noticias Animal Político, a partir de una entrevista con Eduardo Rojas, coordinador de Estado de derecho de la Fundación para la Justicia, quien sostiene que el caso “definitivamente no está resuelto”.
La matanza ocurrió en agosto de 2010: 72 migrantes —58 hombres y 14 mujeres— fueron secuestrados y asesinados. Quince años después, el duelo no cesa. “Seguimos con el dolor como si fuera el día uno”, expresan las familias, que exigen justicia y reparación frente a un Estado que, acusan, ha mostrado falta de voluntad política y las ha dejado entre promesas incumplidas.
El agravio que no se cierra
La Fundación para la Justicia difundió testimonios que encapsulan ese agravio abierto. Miriam Carmen Solórzano, madre de Glenda Yaneira Medrano Solórzano, lamenta que tras década y media de lucha sigan sin respuestas: “Ya son 15 años que nosotros queremos justicia y reparación… siempre seguimos con el dolor como si fuera el día uno”. Denuncia la indiferencia oficial: “No eran ningunos perritos a quienes mataron, sino personas buenas que dejaron sus familias”. Y reclama a los gobiernos que se coordinen y “hagan algo por las familias”.
Cruz Alonso Ortiz, padre de María Magdalena, resume la sensación de impunidad: “Tenemos 15 años y no vemos claro que haya justicia… no queremos que quede impune”. Recuerda que las víctimas “no eran delincuentes”, sino personas trabajadoras que buscaban una vida mejor. De nuevo, la petición es tan sencilla como apremiante: “queremos ayuda, justicia y reparación” para quienes aún sobreviven con la herida abierta.
Irregularidades graves y líneas ignoradas
Aunque la versión oficial apunta a Los Zetas, Rojas subraya que los grupos criminales no operan aislados: “forzosamente requieren tolerancia o colaboración de autoridades”. Esa posible complicidad —incluida la de agentes estatales— es una línea que la fiscalía “se ha negado a explorar”. Añade un paralelo incómodo: como en Ayotzinapa, hay resistencia a investigar al Ejército, una institución que se mantiene “intocable” en casos de alto impacto.
El expediente arrastra vicios de origen: declaraciones obtenidas bajo tortura, evidencia procesada de forma irregular y omisiones en líneas clave de investigación, entre ellas la eventual participación de otras estructuras criminales como el Cártel del Golfo. Las inconsistencias alcanzan incluso la escena del crimen: en el sitio donde supuestamente ejecutaron a 72 personas apenas se hallaron unos cuantos casquillos, pese a que varios cuerpos presentaban múltiples impactos de bala. También hay contradicciones en los testimonios de los dos sobrevivientes y dudas sobre la fecha real de los hechos.
Para Rojas, el problema de fondo es metodológico: no se ha asumido un enfoque de “macrocriminalidad”, indispensable para investigar delitos graves no como episodios aislados, sino como fenómenos inserto en redes de poder —político, criminal y económico— que sostienen y perpetúan la impunidad.
Avances judiciales que no tocan el corazón del caso
En materia judicial, el balance luce pobre. De las detenciones practicadas, solo dos han acabado en condena —con penas de hasta 82 años de prisión—, pero por delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. No hay sentencias por el asesinato de los migrantes ni por violaciones a derechos humanos. Para las familias, advierte Rojas, esos fallos “no suponen ningún avance” real en términos de verdad, justicia o reparación: no atribuyen responsabilidades sobre lo esencial.
Identificación de víctimas: entre dudas y pendientes
Tampoco el proceso de identificación ha dado certezas plenas. De los 72 cuerpos, 63 fueron reconocidos, pero en siete casos subsisten dudas entre los familiares acerca de si los restos entregados corresponden efectivamente a sus seres queridos. Nueve cuerpos más siguen sin identificar. Peor aún: a muchas familias se les entregaron restos parciales —incluso cenizas— sin una explicación clara de los análisis forenses, lo que las obligó a “creer ciegamente” la palabra del personal de la entonces PGR.
Las nueve víctimas no corroboradas no se han podido confirmar por obstáculos administrativos o de cooperación internacional que requieren exhumaciones u otros trámites. No es un problema técnico insoluble: es un atasco burocrático que prolonga el sufrimiento.
Reparación: avances por recomendación, no por sentencias
En cuanto a la atención del Estado, Rojas reconoce algunos avances en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en el rubro de reparación. Se han determinado y entregado compensaciones a familias, pero no como resultado de resoluciones judiciales, sino gracias a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Es decir, se trata de un reconocimiento administrativo, no de una verdad judicial.
Tras la masacre se impulsaron mecanismos de justicia transnacional para acompañar a familias migrantes. Uno de ellos es el Mecanismo de Apoyo Exterior —hoy reconocido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada—, que permite que embajadas mexicanas reciban denuncias, evidencias, solicitudes de actos de investigación e informen a víctimas indirectas que residen en otros países. Aunque ya existe un protocolo de operación, las representaciones diplomáticas no están habituadas a estas funciones, lo que resta eficacia.
También se crearon bancos forenses —previstos en la ley— para centralizar información genética de personas fallecidas o desaparecidas y facilitar cruces con familias en Centroamérica y otros países. Sin embargo, la crisis forense nacional limita su capacidad de respuesta: sin recursos, personal y coordinación, la herramienta no alcanza su potencial.
Militarización y control migratorio: más riesgos, menos derechos
La fotografía actual de la política migratoria en México —documenta la Fundación— está marcada por la militarización, una tendencia que se afianzó en el sexenio de López Obrador y en la que la Guardia Nacional juega un papel central. Buena parte de sus integrantes se emplean para impedir el cruce de personas migrantes tanto en el sur como en el norte del país, ejecutando en los hechos una política de control fronterizo alineada con los objetivos del gobierno estadounidense.
Rojas enfatiza un principio básico: transitar sin documentos no es un delito. Convertir a la Guardia Nacional en muro de contención no protege derechos; por el contrario, eleva el riesgo de detenciones arbitrarias, violencia y violaciones a derechos humanos. El incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023 es un recordatorio lacerante de lo que sucede cuando el control se impone sobre la dignidad y la vida.
Lo que falta para la justicia
A quince años, el derecho a la verdad sigue ausente. No hay condenas por homicidio, no se ha agotado la ruta de investigar la posible colusión de autoridades ni el papel de otras organizaciones criminales. Persisten errores forenses por subsanar, cuerpos por identificar y reparaciones que, aunque avanzan, no nacen de sentencias que asignen responsabilidades. La ruta de la macrocriminalidad —que conecte intereses políticos, económicos y criminales— no se ha recorrido con la profundidad necesaria.
Del lado de las familias, el mensaje es claro: no buscan gestos simbólicos, sino justicia material. Exigen certezas sobre los restos, investigación sin intocables, condenas por los asesinatos y reparación integral. “Es fundamental seguir documentando estas injusticias y no olvidar que, así como exigimos derechos para los mexicanos en el extranjero, debemos mostrar empatía hacia quienes llegan a nuestro país buscando una vida mejor”, subraya Rojas.
Mientras eso no ocurra, San Fernando seguirá siendo un parteaguas que exhibe lo que México no ha podido —o no ha querido— resolver: que la vida de las personas migrantes vale lo mismo que la de cualquiera, y que el Estado debe demostrarlo con verdad, justicia y garantías de no repetición. Hoy, quince años después, ese compromiso sigue sin cumplirse.
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