Salud con cabeza
Por Bernardo Cacho
En las instituciones de salud hay decisiones que se toman en una oficina o frente a un escritorio, pero cuyas consecuencias se viven junto a una cama o en un consultorio.
Una decisión administrativa puede modificar un presupuesto, retrasar una compra, reorganizar un servicio o posponer la contratación de personal.
En un documento todo puede parecer razonable. Pero en un hospital, esas decisiones adquieren otro significado.
Para un paciente pueden representar días, semanas o meses de espera. Para su familia, incertidumbre, gastos y angustia.
Esto nos lleva a una pregunta: ¿quién asume realmente las consecuencias de las decisiones que se toman en salud?
El paciente no conoce de presupuestos
Imagina a una persona que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer. Su médico le explica que necesita tratamiento; la familia intenta comprender la enfermedad y, al mismo tiempo, reorganizar su vida y su economía.
Pero comienzan los problemas: el estudio no está disponible, el equipo requiere mantenimiento, la cirugía debe reprogramarse, el medicamento no puede administrarse cuando estaba previsto. Las razones pueden ser numerosas y algunas, perfectamente justificadas. Pero para el paciente, la realidad es mucho más sencilla: necesita atención y no puede recibirla cuando la necesita.
El paciente no conoce de partidas presupuestales, procesos de contratación, anexos técnicos ni de suficiencias presupuestales. Tampoco tendría por qué conocerlos.
La familia: el costo que no aparece en los informes
Cuando la atención médica se retrasa, las consecuencias afectan al paciente y a sus familias. Una consulta reprogramada puede significar otro viaje. Una hospitalización prolongada, días sin trabajar. Un estudio pendiente puede obligar a una persona a permanecer lejos de casa. Alguien debe acompañar al paciente. Alguien debe cuidar a sus hijos. Alguien debe conseguir dinero para el transporte. Y alguien tiene que vivir con la incertidumbre de no saber qué sucederá mañana.
Las decisiones en las instituciones de salud tienen un costo que no figura en el presupuesto del hospital, pero sí en el de las familias.
No se trata de buscar culpables. Administrar un sistema de salud implica tomar decisiones difíciles y distribuir recursos que nunca son infinitos. Pero precisamente por eso, cada decisión debería incluir la pregunta: ¿qué consecuencias tendrá para el paciente y su familia?
Porque las consecuencias de las decisiones no siempre recaen sobre quienes las toman. Y existe otro grupo que suele recibirlas de frente: los trabajadores de la salud. Ellos son quienes tienen que explicar lo que decidieron las “autoridades”. Por eso:
La vocación no debería convertirse en un recurso administrativo
Las consecuencias de las decisiones en el sistema de salud afectan a los pacientes y sus familias; pero también al personal de salud.
Cuando un paciente no recibe lo que necesita, muchas veces es el médico quien debe explicarlo.
El médico es quien mira a una persona a los ojos y le dice que un estudio tendrá que esperar.
El personal de enfermería es quien enfrenta la angustia de una familia cuando se retrasa un procedimiento.
El personal de la farmacia es quien explica por qué un medicamento no está disponible.
Y son los equipos clínicos quienes deben buscar alternativas.
A los médicos se les exige y se les responsabiliza de los resultados, incluso cuando no siempre tienen control sobre las condiciones necesarias para alcanzarlos.
Esto no nos libera de responsabilidad. Tenemos la obligación de actuar con profesionalismo, conocimiento científico, honestidad y respeto. Debemos reconocer errores, mejorar procesos y utilizar los recursos de manera responsable.
Pero existe una diferencia entre “pedir” responsabilidad profesional y “exigir” resultados cuando no existen las condiciones necesarias.
No podemos “exigir” una atención de excelencia sin contar con personal suficiente. No podemos “exigir” una oportunidad diagnóstica sin acceso a estudios. No podemos “exigir” un tratamiento si los procesos que lo sostienen son frágiles.
La vocación tiene un límite
En nuestros hospitales ocurren eventos extraordinarios todos los días: médicos que prolongan sus jornadas, enfermeras que acompañan a familias en momentos difíciles, residentes que continúan trabajando tras horas de atención, personal técnico y administrativo que encuentra soluciones para que un servicio siga funcionando. Esa disposición es una de las mayores fortalezas de nuestras instituciones.
Pero también encierra un riesgo: cuando un sistema depende permanentemente del “sacrificio” de sus trabajadores para funcionar, ese “sacrificio” deja de ser excepcional y se vuelve parte del modelo de operación.
¡Eso no debería parecernos normal! La vocación no compra medicamentos; no repara equipos; no sustituye al personal; no reduce las listas de espera. Y no debería utilizarse para justificar condiciones que dificultan una atención adecuada.
Defender al personal de salud no significa negar los problemas de las instituciones. Significa reconocer algo elemental: defender a quienes cuidan también es una forma de defender a los pacientes.
A los médicos se nos exige actuar oportunamente, tomar decisiones difíciles y responder por nuestros errores. Y así debe ser, porque nuestras decisiones pueden cambiar la vida de una persona.
Pero ¿exigimos la misma oportunidad, responsabilidad y capacidad de respuesta a todas las instituciones de nuestra sociedad?
En un hospital, unas horas de espera pueden parecernos inaceptables. En un proceso judicial, podemos llegar a acostumbrarnos a esperar meses o incluso años.
¿Por qué exigimos respuestas inmediatas a la medicina, mientras toleramos que la justicia tarde tanto en llegar?
Esa será nuestra siguiente conversación.
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