Ensenada, Baja California, 02/11/26 (Más).- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obtuvo una suspensión definitiva mediante un juicio de amparo contra su vinculación a proceso por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible; sin embargo, la resolución no cancela las acusaciones ni modifica la prisión preventiva domiciliaria que cumple en su residencia de Ensenada, bajo custodia de la Guardia Nacional.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la resolución fue emitida el 29 de octubre por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, dentro del expediente de amparo 1085/2026, promovido por la defensa del exmandatario.
La medida judicial establece que el procedimiento penal no podrá avanzar hacia la apertura del juicio oral mientras se resuelve el fondo del amparo presentado por Ruffo Appel. No obstante, el exgobernador permanece vinculado a proceso y sujeto a las medidas cautelares impuestas por las autoridades judiciales.
La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la suspensión definitiva no representa el fin del proceso penal ni significa que el exfuncionario haya sido exonerado de los delitos que se le atribuyen. La dependencia precisó que únicamente se detiene temporalmente el avance del procedimiento después de la etapa intermedia y hasta que exista una resolución sobre el juicio de amparo.
Ruffo Appel, de 74 años, fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos conocida como huachicol fiscal. Posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México, donde permaneció aproximadamente dos meses y medio.
El 26 de septiembre fue trasladado nuevamente a Ensenada, luego de que un juez autorizara modificar su medida cautelar para que continuara el procedimiento bajo prisión preventiva domiciliaria, considerando su edad y condiciones de salud. Desde entonces permanece en su domicilio con vigilancia de elementos de la Guardia Nacional.
La investigación de la FGR señala que Ruffo Appel habría participado en una estructura dedicada a importar combustible de manera irregular para evadir el pago de impuestos. Según la dependencia, en estas operaciones estuvieron involucradas otras 24 personas y el presunto daño ocasionado a la Hacienda Pública Federal supera los 4 mil millones de pesos.
Las indagatorias identificaron a la empresa mexicana Ingemar S.A. de C.V. como una de las principales estructuras utilizadas para realizar las operaciones de importación de combustible. El suministro habría involucrado una cadena comercial integrada por al menos una decena de compañías energéticas establecidas en Estados Unidos.
La Fiscalía atribuyó al exgobernador funciones de dirección y administración dentro de Ingemar, empresa de la que fue fundador y secretario del Consejo de Administración. Las autoridades investigan su probable participación en las operaciones financieras y comerciales relacionadas con el presunto contrabando de hidrocarburos.
Los delitos que se le imputan incluyen delincuencia organizada, contrabando y conductas ilícitas en materia de hidrocarburos. De acuerdo con las estimaciones señaladas en la investigación, en caso de ser declarado culpable podría enfrentar una pena de entre 32 y 57 años de prisión.
La suspensión definitiva representa un nuevo movimiento en la defensa jurídica del exmandatario, pero no modifica su situación de privación de la libertad ni elimina las imputaciones formuladas por la Fiscalía. La investigación continuará mientras el Poder Judicial resuelve el amparo y determina si la vinculación a proceso debe mantenerse.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.