Crimen asedia pueblos y acecha el voto 2027

Ciudad de México, 02/11/26 (Más).- La violencia del crimen organizado contra aspirantes, candidatos y funcionarios municipales encendió las alertas rumbo a las elecciones de 2027 en México, cuando se renovarán 17 gubernaturas, 2 mil 230 ayuntamientos y mil 98 diputaciones locales, en un proceso electoral que enfrenta riesgos de amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos para influir en las decisiones políticas y mantener el control territorial.

De acuerdo con información publicada por El País, el asesinato de Arturo Marín Acevedo, ocurrido el 17 de octubre en Cuajinicuilapa, Guerrero, se convirtió en el primer homicidio de un aspirante relacionado con el proceso electoral de 2027. El político buscaba participar en el proceso interno de Morena para obtener la candidatura a la presidencia municipal, cuando fue atacado por dos hombres armados que viajaban en un automóvil. Su esposa también resultó gravemente herida.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando Marín Acevedo circulaba en su camioneta por calles del centro del municipio. Los agresores se aproximaron al vehículo, dispararon a corta distancia y escaparon. La Fiscalía de Guerrero informó que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio.

La violencia política se ha concentrado principalmente en los gobiernos municipales, donde organizaciones criminales buscan intervenir en la selección de candidatos, financiar campañas, imponer funcionarios y controlar áreas estratégicas de las administraciones locales. Entre las prácticas documentadas se encuentran las amenazas, extorsiones, secuestros, agresiones físicas y asesinatos contra quienes se resisten a sus intereses.

Uno de los casos recientes que evidenció esta problemática fue el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. El edil había denunciado amenazas y extorsiones de grupos criminales relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su homicidio puso nuevamente en el centro de la discusión nacional la vulnerabilidad de las autoridades municipales.

De acuerdo con los registros citados por El País, durante el primer año del Gobierno de Claudia Sheinbaum fueron asesinados nueve presidentes municipales antes del homicidio de Manzo y otros tres después de ese crimen, con lo que suman 13 alcaldes asesinados durante la actual administración.

Las cifras también muestran que la violencia contra autoridades locales no es reciente. Según datos de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), durante el Gobierno de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, fueron asesinados 47 presidentes municipales, mientras que, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, se registraron 42 homicidios de ediles.

Por su parte, el monitoreo de la organización Data Cívica, mediante el proyecto Votar entre Balas, documentó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a 2024, los asesinatos de 23 alcaldes en funciones y tres alcaldes electos. En conjunto, los registros citados contabilizan 128 presidentes municipales asesinados en México durante dos décadas.

Los antecedentes de los procesos electorales también reflejan el crecimiento de las agresiones contra quienes buscan ocupar cargos públicos. En 2018, la Secretaría de Gobernación reportó 34 aspirantes asesinados, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) documentó 132 actos violentos entre septiembre de 2017 y el cierre de las campañas en junio de 2018. Las autoridades electorales también informaron sobre más de 40 aspirantes asesinados, principalmente en el ámbito municipal.

Durante las elecciones intermedias de 2021, el INE registró 30 asesinatos de personas relacionadas con candidaturas: ocho aspirantes, 11 precandidatos y 11 candidatos. De ese total, 28 buscaban ocupar una presidencia municipal o una regiduría, lo que evidenció la concentración de los ataques en las contiendas locales.

En ese proceso, la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó una estrategia de protección para candidatos y reconoció la intervención de grupos criminales en las elecciones. Explicó que las organizaciones delictivas recurrían a la intimidación de aspirantes y sus familiares, extorsiones, secuestros, quema de domicilios y asesinatos cuando no conseguían establecer acuerdos con los contendientes.

Rodríguez también advirtió que, mediante amenazas o acuerdos, los grupos criminales buscaban imponer a funcionarios municipales en áreas estratégicas, particularmente en las direcciones de Seguridad Pública, Finanzas y Obras Públicas, con el propósito de mantener influencia sobre las administraciones locales.

En las elecciones de 2024, la violencia volvió a incrementarse. Durante los nueve meses del proceso electoral fueron asesinadas 36 personas vinculadas con candidaturas, de acuerdo con los datos presentados por El País. Entre las víctimas, 25 buscaban una presidencia municipal, cinco una regiduría y dos una sindicatura.

Uno de los casos de mayor repercusión fue el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, quien fue atacada a balazos durante un recorrido de campaña, el primer día de actividades proselitistas. También fueron asesinados candidatos y autoridades electas después de la jornada electoral, entre ellos Israel Delgado, aspirante a síndico en Cuitzeo, Michoacán; Atenógenes Baños, candidato ganador de Santo Domingo Armenta, Oaxaca, y Salvador Villalba, alcalde electo de Copala, Guerrero.

La preocupación rumbo a 2027 también está relacionada con la cantidad de cargos municipales que estarán en disputa. Además de las 2 mil 230 presidencias municipales, se renovarán alrededor de 17 mil 170 regidurías, sindicaturas y concejalías, lo que ampliará el número de contendientes y funcionarios expuestos a posibles presiones de organizaciones criminales.

Mónica Meltis, directora de Data Cívica, advirtió que la violencia no se limita a los periodos de campaña, sino que continúa después de las elecciones mediante ataques contra funcionarios que ya se encuentran en ejercicio de sus responsabilidades. Señaló que las agresiones buscan mantener un control permanente sobre los territorios y destacó la vulnerabilidad de los servidores públicos municipales, particularmente de quienes trabajan en las áreas de seguridad.

El proyecto Votar entre Balas, impulsado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, documenta amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros contra personas vinculadas con la política, los gobiernos y los partidos. Hasta el 29 de septiembre de 2026, el monitoreo contabilizaba 3 mil 82 eventos de violencia político-criminal en el país desde 2019.

Por su parte, la consultoría Integralia, dirigida por Luis Carlos Ugalde, identificó en sus análisis sobre las elecciones de 2027 tres riesgos principales: la intervención del crimen organizado, la violencia política y el financiamiento ilegal de campañas. La firma advirtió que las agresiones contra candidatos y funcionarios permiten a los grupos delictivos conservar influencia sobre los gobiernos municipales y las decisiones públicas.

Entre las regiones señaladas por el riesgo de intervención criminal destaca el corredor del Pacífico, donde se renovarán ocho gubernaturas: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Nayarit, Michoacán y Guerrero. Se trata de entidades donde operan distintas organizaciones delictivas y en las que la disputa por el control territorial representa un factor de riesgo para las autoridades y los participantes en las elecciones.

En materia institucional, el Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció una estrategia para contener la violencia política. Además, el Congreso aprobó la creación de una Comisión de Integridad del INE que permitirá al gabinete de seguridad revisar antecedentes de las personas candidatas. Sin embargo, especialistas consideran que estas medidas no garantizan por sí mismas la protección de los aspirantes ni impiden que las organizaciones criminales intervengan en la selección de candidatos y el financiamiento de campañas.

La reforma político-electoral presentada por Sheinbaum en enero de 2026 tampoco incorporó medidas específicas para enfrentar la violencia política y finalmente no prosperó ante la falta de respaldo de sus aliados legislativos, los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo.

Con el proceso electoral de 2027 cada vez más cerca, las organizaciones civiles y especialistas mantienen la advertencia sobre la necesidad de atender las agresiones contra autoridades y contendientes municipales. Los antecedentes de 2018, 2021 y 2024 muestran que los homicidios y las amenazas no se limitan a las campañas, sino que forman parte de una problemática que continúa durante el ejercicio de los gobiernos locales.