Por Federico Berrueto
Ha pasado mucho tiempo desde que EU solicitó la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve colaboradores. Entretanto, dos relevantes imputados se han entregado: el general Gerardo Mérida, responsable de Seguridad Pública, y Enrique Díaz, secretario de Finanzas. La entrega no fue gratuita; su testimonio ha servido para aportar más elementos que fortalecen la acción judicial contra Rocha Moya. Incomprensible que la defensa del gobierno sea exigir pruebas; no es el momento y, si el gobierno de México no las tiene, -que sí las tiene-, es porque no ha querido encontrarlas.
Al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, la FGR lo detuvo por ordenar destruir evidencia sobre los hechos trágicos de Iguala, en los que desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa; lo incriminan los testimonios de dos testigos que fueron liberados después de su declaración. A Rocha Moya, la misma dependencia no lo investigó, a pesar de que se documentó que la fiscalía del gobernador había encubierto el homicidio de su principal rival político, Melesio Cuén, en un evento relevante, el secuestro de El Mayo Zambada. Si la FGR actuara bajo el mismo criterio aplicado a Aguirre, Rocha Moya y su fiscal estarían detenidos.
El brazo de la impunidad o de la acción criminal selectiva no está presente en EU. El vecino no optó por la discrecionalidad, sino por el procedimiento penal a cargo del Departamento de Justicia en una Corte reconocida por su rigor, con la intervención de un juez confiable y de un jurado para fundar la detención. Como tal, las autoridades cuentan con suficiente evidencia para proceder contra el gobernador por connivencia con el Cártel de Sinaloa, organización terrorista internacional que exporta armas de destrucción masiva, esto es, fentanilo.
La narrativa incriminatoria compromete no sólo al funcionario, sino al régimen político, porque señala que los servicios del cártel criminal para ganar la elección de gobernador de 2021 se ejecutaron a cambio de que el gobierno estuviera al servicio del grupo delictivo. Los hechos son públicos y hubo denuncias sin consecuencias legales. En esa misma fecha hubo otras elecciones de gobernador y fueron concurrentes con las elecciones federales. Si se apoyó ilegalmente una elección, ¿por qué no otras? A lo anterior debe agregarse el documentado financiamiento de Morena a través de los recursos del contrabando de combustible. Las evidencias son abrumadoras y la pasividad de la FGR, temeraria ante la amenaza judicial norteamericana.
La presidenta ha señalado que, si entrega a Rocha Moya, luego vendrán por otros. Tiene razón. Es muy probable que detrás del gobernador de Sinaloa haya otras acusaciones, pero no por capricho o cálculo político discrecional, sino porque la connivencia con los criminales no fue ocasional o excepcional, sino generalizada. El juicio a Rocha Moya es al régimen político. Las reflexiones y testimonios de Julio Scherer Ibarra adquieren dimensión al considerar que el financiamiento a Morena por parte del crimen es el mal mayor del nuevo régimen político, y que ahora lo expone gravemente a la acción judicial punitiva de las autoridades norteamericanas.
Suicida apostar al tiempo en tales condiciones. Los hechos en estos 100 días agrava el problema por la impunidad de por medio. Acredita que el régimen político no puede proceder ni siquiera a una depuración cosmética o marginal. Se trata de ofrecer certeza a propios y extraños de que no cederá ante el gobierno norteamericano, cueste lo que cueste, al tiempo que proliferan los desertores en la batalla. Así ocurrió con la gobernadora Marina del Pilar Ávila de Baja California, el general Gerardo Mérida y el extesorero Enrique Díaz. Esos testimonios, más otros tantos que se desconocen, pero que se presumen, significan que el Departamento de Justicia cuente cada vez con más elementos incriminatorios, más allá del caso Rocha Moya, especialmente los que resultan del contrabando de combustible, acción criminal que persiste y crece, según los números del contrabando de gasolinas y diésel o del robo de crudo.
Cuestión de tiempo para que las autoridades norteamericanas procedan contra el gobernador Rocha Moya y quién sabe cuántos más, incluyendo a Morena como organización criminal, al tiempo que el gobierno mexicano se atrinchera en la impunidad. Guerra, por el momento, de baja intensidad, pero desigual y desproporcionada por el poder del país vecino, nuestra abrumadora dependencia y, sobre todo, por la fuerza de la razón legal, de la que México carece por privilegiar la política sobre la legalidad, la impunidad sobre la justicia.
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