Rocha en el tobogán, Sheinbaum en la encrucijada

Arsenal

Francisco Garfias

Mario Zamora fue candidato del PRI a gobernador de Sinaloa. Compitió contra Rubén Rocha Moya en las elecciones de 2021. Desde entonces ya se reflejaba la alianza del mandatario de ese estado con Los Chapitos. Zamora es hoy diputado federal del PRI. Con él hablamos en el palco de periodistas del salón de sesiones en San Lázaro. Nos contó lo que ocurrió en el proceso electoral de hace casi un lustro.

Su testimonio no deja lugar a dudas de la alianza de Rocha con el Cártel de Sinaloa. Recuerda lo que entonces sucedió durante el proceso electoral: “Hubo más de mil levantados, nombres más, nombres menos. La estructura del PRI. El jueves anterior a la elección, sacaron de su casa, con arma en mano y a balazos, al secretario de Organización del PRI. Él era quien tenía los datos de toda la estructura electoral. Los representantes de casilla.  “En los días subsecuentes hubo mucha gente que fue amedrentada, levantada. Incluso hubo candidatos nuestros a diputaciones locales que fueron levantados ese mismo día. Está documentado. Se hizo la denuncia. Nada pasó.

“Las peores consecuencias son las que hoy vive Sinaloa. En una ciudad como Culiacán, con un millón de habitantes, nueve de cada diez dicen que viven con miedo. ¿Cómo es posible? En un Mazatlán que estaba en auge, pujante, muchas habitaciones de hoteles se quedaron vacías en Semana Santa. Es un estado que no tiene alternativas para sus jóvenes. El sinaloense es entrón, es valiente. No nos merecemos eso. Hoy inicia un proceso que está poniendo a cada quien en su lugar”, recalcó.

Lo que narra Zamora está documentado. Para rescatar a su equipo de las garras del narco le exigieron reconocer el triunfo de Rocha Moya. El documento de Tribunal del Distrito Sur de Nueva York dice que, para asegurar el triunfo de Rocha Moya en la elección de 2021, los líderes de Los Chapitos ordenaron a sus subalternos que robaran las boletas con votos a favor de la oposición; que secuestraran e intimidaran a los candidatos que no fueran de Morena. Lo mismo que dice Zamora.

Estados Unidos acusa a Rubén Rocha y compañía de proteger al Cártel de Sinaloa (Los Chapitos), facilitar el narcotráfico de fentanilo y cocaína y de posesión de armas. La alianza del gobernador con Los Chapitos tiene hoy en el tobogán al propio gobernador de Sinaloa. El hombre ya dijo que no se va a separar del cargo, porque está “limpio”. 

Se ha envalentonado porque en las alturas ya le aseguraron que no va a pasar nada. La presidenta Claudia Sheinbaum le llamó para decirle “si no hay pruebas, no hay nada que temer”. A Sheinbaum, sin embargo, la colocó en una encrucijada.

Estados Unidos pide la detención y extradición de Rocha Moya y otras nueve personas, entre ellas el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

La Presidenta fue ambigua en la mañanera de ayer. Por un lado, señaló que no se va a encubrir a nadie que haya cometido un delito; por el otro, aseguró que “no existen pruebas claras” de las imputaciones a Rocha Moya y compañía.

“Es evidente que esa imputación, por parte del Departamento de Justicia, es política”, aseguró.

Y se envolvió en la bandera nacional: “Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente a México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Ésa es nuestra posición”, sintetizó. 

Todo apunta a que no habrá extradición de los imputados a Estados Unidos. Palacio Nacional, la Cancillería, la FGR repiten a coro que “no hay pruebas contundentes” para detener y extraditar a los imputados. Estados Unidos dispone de 60 días para presentar elementos probatorios que, según el excanciller Jorge Castañeda, sólo deben superar un umbral muy bajo de valor.

¿Cuál es la lógica de dar la batalla por la vía leguleya de “no hay pruebas” y que “ventilaron públicamente” el asunto? Se pregunta Jorge.

Y añade: “Si se leen juntos los artículos 10 y 11 del Tratado de Extradición con Estados Unidos –la ley que rige– es evidente que no es necesario presentar pruebas, contundentes o no, si se trata de una “urgencia” que justifica la “solicitud de detención provisional para fines de extradición”. 

En EU no ha habido reacciones oficiales explosivas ante la respuesta inicial del gobierno de México, pero sí de medios y analistas estadunidenses del NYT, Los Angeles Times, Reuters… Dicen que arrestar y extraditar a Rocha fortalecería la relación con el presidente Trump, pero provocaría reacciones negativas en Morena. 

Advierten también que ignorarlo o retrasarlo tensaría más las relaciones con EU, en vísperas de la negociación del T-MEC. En ésas estamos.