Ciudad de México, 09/07/26 (Más).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer las comunicaciones diplomáticas que sostuvo con el gobierno de Estados Unidos tras las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Los documentos muestran el intercambio oficial entre ambos países y la postura asumida por el gobierno mexicano respecto al caso.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, el intercambio diplomático comenzó el 28 de abril, luego de que autoridades estadounidenses solicitaran la captura de diversos funcionarios sinaloenses señalados en una investigación por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y secuestro.
Entre los acusados figuran Rubén Rocha Moya; el exsecretario general de Gobierno y actual senador, Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como mandos y exmandos de corporaciones policiales y de la Fiscalía estatal.
La documentación difundida revela que el Gobierno de México manifestó su inconformidad por la publicación de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, al considerar que la difusión de los nombres y cargos de los involucrados correspondía a información sensible vinculada con una investigación penal en desarrollo.
Como parte de ese intercambio, el 30 de abril la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE envió un documento a la Embajada de Estados Unidos en México en el que expresó su preocupación por la divulgación pública de esos datos. La dependencia sostuvo que la información debía manejarse con cautela debido a las implicaciones legales y diplomáticas derivadas del proceso judicial.
Las comunicaciones también incluyen las denominadas líneas de comunicación acordadas entre ambos gobiernos, en las que la administración mexicana reiteró que no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito. Sin embargo, precisó que cualquier actuación judicial deberá sustentarse en pruebas verificables y sólidas, ya que el sistema de justicia mexicano no puede proceder únicamente con señalamientos sin el debido respaldo probatorio.
En esos mismos documentos, el Gobierno de México reafirma su disposición para mantener la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad y procuración de justicia, aunque subraya que no aceptará interferencias en decisiones que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas.
La publicación de esta información ocurrió después de que se conociera la respuesta de la SRE a una solicitud de acceso a la información presentada el 27 de mayo por un ciudadano, quien requirió copias de comunicaciones diplomáticas, solicitudes de asistencia jurídica internacional, notas verbales, correos institucionales, minutas de reuniones y otros documentos relacionados con las investigaciones sobre presuntos vínculos de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa con el crimen organizado, así como información sobre reuniones sostenidas con el senador estadounidense Markwayne Mullin.
No obstante, la Subsecretaría para América del Norte resolvió clasificar como reservada por un periodo de cinco años la mayor parte de esa documentación, decisión que posteriormente fue respaldada por unanimidad por el Comité de Transparencia mediante la resolución CTA-208/2026. El argumento fue que la difusión de esos documentos podría afectar la conducción de las relaciones internacionales, debilitar la confianza entre ambos gobiernos y comprometer los mecanismos de cooperación bilateral.
En conferencia de prensa, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, rechazó las versiones que señalan un supuesto intento del Gobierno de México por proteger a Rubén Rocha Moya. “Blinda la 4T a Rocha Moya”, falsó, declaró la funcionaria, al negar que exista un encubrimiento relacionado con la reserva de la información diplomática.
El caso se originó después de que el 29 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara una acusación formal contra once funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, quienes presuntamente habrían colaborado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de protección institucional y sobornos millonarios.
Tras hacerse pública la acusación, el 1 de mayo Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil solicitaron licencia a sus respectivos cargos. Paralelamente, la Fiscalía General de la República inició sus propias investigaciones y convocó al mandatario con licencia a comparecer como testigo el pasado 26 de mayo.
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Preocupación demasiada preocupación en lugar de procurar dar seguridad al pueblo mexicano igual que la inquilina de palacio que está más preocupada por proteger a su gurú .