Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 28/04/26 (Más).- Una reforma a la Ley Estatal de Educación aprobada hoy obliga a las autoridades escolares a reforzar medidas de prevención, detección y atención de casos de violencia y abuso sexual contra niños y adolescentes dentro de las escuelas, en una medida que busca que éstas no se limiten a sólo reportar posibles agresiones, sino que cuenten con personal y protocolos de intervención desde los primeros indicios a fin de proteger a las víctimas e incluso dar seguimiento a los casos, algo que hoy se reserva a otras autoridades.
La reforma, propuesta por el diputado Antonio Flores Guerra, del PT, modifica los artículos 9 Bis y 36 de la citada ley, con el propósito de que las escuelas tengan reglas más precisas para actuar ante señales de riesgo, especialmente cuando se trate de posibles agresiones físicas, psicológicas o sexuales contra estudiantes.
La reforma se da en un contexto donde escuelas de Coahuila han sufrido situaciones de violencia, incluso con casos extremos.
El antecedente más grave sigue siendo el ataque ocurrido en enero de 2020 en el Colegio Cervantes de Torreón, donde un alumno de 11 años ingresó armado, disparó contra docentes y estudiantes, mató a una maestra, hirió a seis personas y después se quitó la vida.
Años después, en noviembre de 2024, otra primaria de Torreón volvió a encender las alertas cuando un alumno llevó un arma de fuego al salón y la detonó contra el pizarrón, sin dejar personas lesionadas, pero evidenciando nuevamente el riesgo de acceso de menores a armas y la necesidad de protocolos de detección temprana en las escuelas.
Además de esos episodios extremos, la violencia escolar en Coahuila también se ha expresado en casos de acoso, agresiones físicas y amenazas difundidas en redes sociales. El caso de Valentina, una niña de 11 años de la primaria Urbano Flores, quien se suicidó luego de haber sido víctima de una violación por parte de un docente, es otro grave caso ocurrido en Coahuila.
La Secretaría de Educación estatal reportó 39 casos de acoso escolar y un caso de posesión de arma en escuelas de educación básica durante el ciclo 2024-2025, mientras que en Saltillo una presunta amenaza de tiroteo en una secundaria provocó ausentismo superior al 50 por ciento y activó revisiones de seguridad.
Estos hechos muestran que el problema no se limita a tragedias aisladas, sino que incluye señales de riesgo que deben ser detectadas y atendidas antes de que escalen.
El cambio principal aprobado hoy en el Congreso está en que las autoridades escolares deberán implementar protocolos de atención, sistemas de capacitación obligatoria y programas específicos para prevenir y atender la violencia y el abuso sexual contra menores de edad.
Estos protocolos deberán incluir criterios mínimos de actuación, mecanismos de detección temprana, rutas de atención inmediata y procedimientos de seguimiento, además de medidas para proteger a las víctimas y evitar que sean revictimizadas.
La reforma busca que las escuelas sepan qué hacer, cuándo hacerlo y a quién acudir cuando aparezcan señales de alerta. Ya no bastará con reconocer que existe un problema o enviar un reporte general, sino que los planteles deberán tener un camino definido para responder desde el primer momento.
La modificación también establece que, cuando directores, docentes o autoridades educativas detecten ausencias prolongadas o reiteradas de un estudiante, o señales de posible agresión física, psicológica o sexual, deberán reportarlo a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), para que se investigue, se dé seguimiento al caso y, si corresponde, se apliquen sanciones contra quien resulte responsable.
Uno de los puntos más relevantes es que, cuando haya indicios de violencia sexual, las instituciones educativas deberán garantizar una intervención inmediata con personal capacitado y canalizar de manera prioritaria a la víctima a servicios especializados de atención psicológica. Esa atención no podrá depender de si el plantel tiene o no presupuesto disponible en ese momento.
El dictamen señala que la legislación estatal ya contemplaba la existencia de protocolos y la obligación de notificar casos de violencia o abuso sexual, pero advierte que faltaban elementos operativos más claros para asegurar que esos protocolos funcionaran en la práctica, como criterios mínimos, mecanismos de detección, plazos de actuación y seguimiento de los casos.
Con la reforma, las escuelas deberán coordinarse de manera obligatoria con autoridades de salud y de protección de niñas, niños y adolescentes, además de establecer tiempos máximos de atención. La intención es cerrar espacios a la omisión, la improvisación o la indiferencia cuando un estudiante pueda estar viviendo una situación de abuso, maltrato o violencia.
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