Ciudad de México, 17/07/25 (Más).- La Iglesia católica mexicana rechazó estar formando sacerdotes para negociar con integrantes del crimen organizado, tras la polémica generada por un taller impartido por la Universidad Pontificia en el que participaron decenas de religiosos. La actividad fue descrita como una capacitación para el fortalecimiento de capacidades de negociación en sacerdotes y agentes, lo que desató especulaciones sobre posibles diálogos con líderes criminales en regiones con alta incidencia de violencia.
El rechazo institucional surge en medio de reiteradas declaraciones del arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, quien ha planteado la necesidad de establecer conversaciones entre la sociedad civil, los gobiernos y los grupos criminales con el fin de reducir la violencia en entidades como Michoacán.
Garfias expresó su disposición a dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum con este propósito. Sin embargo, la jerarquía católica nacional se deslindó de estos planteamientos y señaló que este tipo de acciones competen al Estado.
La Iglesia ha sostenido desde hace tres años una iniciativa denominada Diálogo Nacional por la Paz, integrada por instituciones académicas, organizaciones sociales, autoridades comunitarias y diversas confesiones religiosas. Esta plataforma busca construir mecanismos locales para la reparación del daño y el fortalecimiento de la paz.
El teólogo Jorge Atilano, coordinador ejecutivo del Diálogo Nacional, aclaró que los encuentros que promueve la Iglesia buscan establecer espacios de justicia y seguridad, pero no implican conversaciones con criminales. “Quizá [el arzobispo Garfias] tiene ese interés [de mediar con el narco] pero no es la propuesta oficial”, sostuvo.
Atilano reconoció que en algunas comunidades donde se desarrollan actividades del Diálogo puede haber personas con antecedentes violentos, pero reiteró que el objetivo es la reconstrucción del tejido social y no la negociación con grupos delictivos.
Explicó que el taller impartido recientemente por la Universidad Pontificia se enmarca en esas tareas y tiene como fin sistematizar experiencias de conciliación comunitaria en colaboración con policías locales, concejos municipales, escuelas, universidades y empresas. Señaló que se han identificado al menos 300 prácticas a nivel local que serán compartidas para replicar acciones que fomenten la paz.
Respecto a la propuesta del arzobispo de retomar modelos de mediación utilizados en Colombia, Atilano aclaró que no se busca reproducir diálogos con grupos armados ilegales, sino aplicar herramientas para la mediación de conflictos sociales. La Iglesia subrayó que su labor pastoral y comunitaria no debe ser confundida con intentos de diálogo político con actores del crimen organizado.
La controversia también se remonta a marzo de 2024, cuando la Iglesia presentó un documento sobre pacificación para su firma por las entonces candidatas presidenciales, incluida la actual presidenta. Claudia Sheinbaum firmó el texto, aunque manifestó su desacuerdo con algunos términos, en particular aquellos que aludían a la “militarización” del país.
Durante el gobierno anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se produjeron tensiones entre el Ejecutivo y la Iglesia debido a los señalamientos sobre la falta de acción frente a la criminalidad.
Una vez en el cargo, Sheinbaum sostuvo encuentros con representantes del Episcopado Mexicano, lo que permitió restablecer canales de comunicación. La presidenta ha respaldado campañas impulsadas por la Iglesia, como el desarme voluntario de la ciudadanía, en la cual templos como la Basílica de Guadalupe funcionan como centros de recepción de armas a cambio de apoyos sociales.
Atilano confirmó que existe actualmente un diálogo institucional entre la Iglesia y el gobierno federal, incluyendo la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública. En dichos encuentros se ha trabajado en la creación de concejos de paz y en acciones cívicas para mejorar las condiciones de seguridad a nivel local.
La Iglesia católica tiene una larga historia de presencia en comunidades afectadas por la violencia, y en los últimos años ha sido blanco de múltiples ataques. En junio de 2022, dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico fueron asesinados dentro de una iglesia en la sierra Tarahumara de Chihuahua. Ese episodio representó un punto crítico en las relaciones entre el gobierno federal y los líderes eclesiásticos. En octubre de 2024, otro sacerdote fue acribillado en Chiapas, tras recibir amenazas de muerte.
A pesar de la separación formal entre Iglesia y Estado en la República mexicana, la presencia religiosa sigue siendo influyente en distintos niveles sociales y políticos. En años recientes, presidentes han asistido públicamente a ceremonias religiosas, y la actual mandataria ha expresado admiración por el papa Francisco, a quien visitó en el Vaticano durante su campaña.
La Iglesia ha sido una voz crítica ante los fenómenos de violencia, pobreza y marginación en el país, y ha exigido que los gobiernos cumplan su responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de la población. En este contexto, el rechazo de la jerarquía católica a negociar con grupos delictivos busca delimitar el papel pastoral de sus agentes, frente a los planteamientos de algunos obispos que han buscado abrir otras vías para alcanzar la paz.
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