Rancho Izaguirre, la punta de un gran iceberg

El colectivo Guerreros Buscadores acusa abandono institucional en el caso que, lejos de ser un hecho aislado, refleja un patrón sistemático de violencia y corrupción en el país con reclutamiento forzado, posible trata de personas y filtraciones que frustraron operativos contra el crimen organizado

Redacción Más

La investigación en torno al rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, ha revelado una red de omisiones, filtraciones y complicidades institucionales que, de acuerdo con testimonios recientes, han obstaculizado la persecución del crimen organizado en la región.

Indira Navarro, representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, aseguró que este caso representa apenas la punta del iceberg de una trama más amplia, que involucra no solo reclutamiento forzado, sino posibles redes de trata y corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR).

La información fue difundida por Animal Político, que entrevistó a Navarro luego de que el colectivo hiciera pública una carta el pasado 12 de enero, en la que se acusó a la FGR de abandonar la investigación y de permitir filtraciones que alertaban al crimen organizado antes de cateos y operativos federales.

Según la vocera del grupo, jóvenes que lograron escapar del rancho han aportado testimonios clave, incluso contemplan entregar a la DEA pruebas que califican de “muy delicadas”, tras haber sido ignorados por las autoridades mexicanas.

Navarro denunció que el rancho lleva meses sin ser intervenido por personal forense o antropológico, y que la llegada de nuevas autoridades a la FGR interrumpió la comunicación con el colectivo. La desatención coincide, según dijo, con el relevo del fiscal Alejandro Gertz Manero, y la llegada de Ernestina Godoy, con quien no han tenido contacto. A pesar de una reciente reunión con funcionarios federales, incluido el subsecretario de Derechos Humanos Arturo Medina, Navarro considera que el compromiso institucional aún no se traduce en acciones efectivas.

Nuevos testimonios dan cuenta de que los jóvenes que estuvieron recluidos en el lugar fueron entrenados en lo que se conocía como la “escuelita del terror”, y que personal de la propia FGR –específicamente del área de comunicación– habría alertado anticipadamente al crimen organizado sobre operativos en puerta. “Hablamos de contubernio directo con el crimen”, aseguró Navarro, quien insistió en que esta infiltración institucional fue clave para frustrar acciones judiciales.

El caso también ha revelado nuevas modalidades de reclutamiento. A los ya conocidos métodos de engaño mediante falsas ofertas de trabajo y videojuegos en línea, ahora se suma el uso de centros de rehabilitación como puntos de captura. De acuerdo con el colectivo, algunos de estos centros operan en coordinación con grupos criminales, donde jóvenes ingresan voluntariamente o bajo engaños, para luego ser trasladados a otros puntos y finalmente enviados a zonas de control delincuencial.

Navarro afirmó que existen más ranchos y predios implicados en la red criminal, y que en cateos previos se lograron rescatar a más de 60 personas. Además, señaló que hay indicios de delitos aún más graves, posiblemente relacionados con tráfico de órganos, aunque por razones de seguridad no se han hecho públicos todos los hallazgos.

El abandono institucional también ha generado desconfianza entre las víctimas. Jóvenes que logran escapar prefieren huir o esconderse por su cuenta, ante el temor de que las autoridades los devuelvan a sus captores, como ya habría ocurrido en ocasiones anteriores, según consta en declaraciones judiciales. Navarro relató que ella misma fue desplazada por razones de seguridad y advirtió que hay líneas de investigación abiertas que vinculan a elementos de la Guardia Nacional con redes de huachicol, surgidas precisamente a partir del caso Izaguirre.

A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para proteger al colectivo, estas no han sido aplicadas con seriedad, según Navarro. “No se han tomado esas medidas con seriedad y eso es lo que queremos también activar”, expresó, al subrayar que es urgente garantizar la seguridad de las víctimas y de quienes participan en la búsqueda de desaparecidos, antes de que ocurran tragedias que después se lamenten.

El rancho Izaguirre, según el colectivo, no es un caso aislado, sino una muestra del funcionamiento sistemático de redes criminales que siguen activas, bajo nuevos métodos y con la complicidad de autoridades que deberían combatirlas.