Saltillo, Coahuila, 12/12/25 Más.— Tras la protesta de diversos colectivos de padres de familia en Saltillo, autoridades del DIF Coahuila y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) iniciaron la revisión individual de expedientes de convivencia y acordaron con el Poder Judicial nuevos lineamientos para evitar que se prolonguen los conflictos familiares.
La manifestación realizada este miércoles reunió a padres y madres que exigen celeridad y certeza jurídica en los procesos de convivencia con sus hijos, así como claridad en las medidas de protección vigentes.
La procuradora de la Pronnif, María Teresa Araiza Llaguno, explicó que tanto ella como la fiscal de las Mujeres, Katy Salinas, sostuvieron reuniones con magistrados para analizar los casos reportados por los colectivos y avanzar hacia esquemas que permitan mayor certeza jurídica y reducción de tiempos, sobre todo en la emisión y alcance de medidas de protección.
La presidenta del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, informó que ya se llevaron a cabo encuentros directos entre los padres inconformes, la Pronnif, la Fiscalía Especializada y el Poder Judicial para revisar expedientes atrasados y detectar rezagos que han prolongado los conflictos de convivencia.
Ambas funcionarias subrayaron que cada caso debe analizarse de forma individual, por la complejidad jurídica y emocional de las familias, pero reiteraron que existe un trabajo coordinado para abatir el rezago y evitar que los procesos deriven en crisis mayores para las niñas, niños y adolescentes, privilegiando siempre su seguridad y bienestar.
En Coahuila, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza reconocen el derecho de las niñas y los niños a vivir en familia y mantener contacto con sus progenitores, salvo cuando el interés superior de la niñez exija limitar la convivencia por razones de violencia o riesgo.
Las medidas de protección —como restricciones de acercamiento, suspensión temporal de convivencia o acogimiento en centros o familias— deben ser proporcionales al riesgo, revisarse periódicamente y aplicarse por el menor tiempo posible, siempre bajo control judicial y con la intervención de autoridades como la Pronnif y el DIF, que tienen facultades para promover acciones de protección y conciliación en conflictos familiares.
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