Saltillo, Coahuila, 12/12/25 Más.— Al término de su audiencia ante el juzgado penal distrital de Sabinas, al ex tesorero municipal de Múzquiz, Víctor Manuel Hernández Obregón, le fue colocado un brazalete electrónico de localización como medida para evitar que se dé a la fuga. La autoridad determinó esta medida cautelar en el marco de la investigación por presuntos desvíos de recursos en perjuicio del ayuntamiento del Pueblo Mágico durante la administración de Tania Flores Guerra.
Hernández Obregón, quien anteriormente se desempeñó como secretario del Ayuntamiento y posteriormente asumió la Tesorería municipal, compareció ante el juez para rendir declaración en relación con la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila. Durante la diligencia, el ex funcionario acudió asistido únicamente por un abogado de oficio y sin el acompañamiento de sus antiguos compañeros de administración, en un proceso que forma parte de las indagatorias por el manejo de las finanzas públicas en el municipio.
De acuerdo con la indagatoria, los presuntos desvíos de recursos en el gobierno municipal encabezado por Flores Guerra derivaron en denuncias formales ante la Fiscalía Anticorrupción, lo que ha motivado el llamado a declarar de varios ex servidores públicos. Se ha dado a conocer que existen investigaciones contra por lo menos seis ex funcionarios, quienes ya habrían sido requeridos por la autoridad y sobre algunos de ellos pesarían órdenes de captura relacionadas con el manejo irregular de las finanzas municipales.
Las acusaciones que pesan sobre la ex alcaldesa Tania Flores se centran en el presunto desvío de recursos públicos del Ayuntamiento de Múzquiz, mediante pagos, transferencias u operaciones que no habrían tenido sustento legal ni respaldo en la prestación de servicios o ejecución de obras en beneficio del municipio. La Fiscalía Anticorrupción integra carpetas por posibles delitos de ejercicio indebido de la función pública y uso ilícito de atribuciones y facultades, en un contexto donde ex colaboradores clave, como el ex tesorero y otros integrantes del gabinete, son considerados piezas fundamentales para reconstruir el esquema de presuntas irregularidades financieras en esa administración.
En el fuero común, este tipo de señalamientos pueden implicar penas de prisión, inhabilitación para ocupar cargos públicos y la obligación de resarcir el daño al erario, por lo que el curso de las investigaciones será determinante para definir la situación jurídica de la ex presidenta municipal y de sus ex funcionarios. Aunque hasta el momento no se ha dictado una sentencia, las medidas cautelares como el uso de brazalete electrónico reflejan el peso de los indicios que la autoridad considera en su contra.
El caso ocurre en un contexto de mayor escrutinio sobre los recursos municipales en Coahuila, donde la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado una política de “cero tolerancia” frente a posibles desvíos y ha reiterado que las investigaciones continuarán hasta agotar todas las líneas relacionadas con contratos, adjudicaciones y pagos realizados durante la administración de Flores Guerra. En Múzquiz, el tema ha generado preocupación entre habitantes y sectores económicos que demandan claridad sobre el destino de los fondos públicos que debieron destinarse a servicios, obra pública y programas sociales.
Organizaciones ciudadanas y actores políticos locales han solicitado que el proceso se lleve con transparencia y que se informe periódicamente sobre los avances, a fin de evitar que el expediente quede archivado o se convierta en un asunto estrictamente electoral. Para los denunciantes, la comparecencia del ex tesorero y el eventual llamado de otros ex servidores públicos constituyen un primer paso para deslindar responsabilidades y sentar precedente sobre el uso adecuado de los recursos municipales.
Mientras tanto, el Poder Judicial deberá resolver en las próximas semanas si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Hernández Obregón y a otros ex funcionarios que pudieran ser presentados ante los tribunales. De confirmarse los señalamientos, el caso de Múzquiz podría convertirse en uno de los expedientes emblemáticos de la lucha contra la corrupción a nivel municipal en Coahuila, con posibles repercusiones políticas para la trayectoria de Tania Flores y su grupo cercano.
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