Saltillo, Coahuila, 12/12/25 Más.— En menos de dos meses las fuerzas del orden de Coahuila se han enfrentado en cuatro ocasiones con grupos criminales que trasgreden los límites del estado con un saldo de un policía estatal muerto, tres agentes lesionados, al menos tres presuntos agresores fallecidos y cinco detenidos, en hechos ocurridos principalmente en brechas y carreteras de los municipios de Hidalgo y Guerrero.
El episodio más reciente se registró el 10 de diciembre en una brecha del municipio de Hidalgo, en los límites con Nuevo León, donde elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) que realizaban labores de patrullaje fueron agredidos por civiles armados que se desplazaban en dos vehículos. Tras el intercambio de disparos, las autoridades aseguraron una camioneta, un arma larga, chalecos tácticos y cartuchos, sin que se reportaran detenidos ni lesionados, aunque el hecho motivó un nuevo despliegue de fuerzas estatales y federales en la zona de terracerías.
Semanas antes, la noche del 26 de octubre, murió el comandante Miguel Ángel Martínez Hernández, elemento de la Policía de Acción y Reacción, quien había resultado gravemente herido en un enfrentamiento ocurrido el 18 de octubre, también en el municipio de Hidalgo. El oficial, ex integrante del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), recibió un impacto de bala en el rostro, fue trasladado a hospitales de Piedras Negras y Saltillo y finalmente no resistió las lesiones, por lo que se le rindió un homenaje póstumo encabezado por el gobernador Manolo Jiménez en la capital del estado.
Los hechos que derivaron en su muerte se remontan a la serie de enfrentamientos registrados entre el 16 y el 18 de octubre en la franja fronteriza, en brechas y tramos de la carretera federal 2 entre los municipios de Guerrero e Hidalgo. En esos incidentes se reportó inicialmente un presunto delincuente muerto, dos policías estatales heridos y dos militares lesionados, además del aseguramiento de vehículos, armas largas, cartuchos y equipo táctico, así como la detención de cinco presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada a las agresiones.
En conjunto, los hechos de las últimas 12 semanas han dejado como saldo un policía estatal muerto —el comandante Martínez Hernández—, tres agentes lesionados, dos militares heridos, al menos tres presuntos agresores fallecidos (incluido uno que murió ya bajo custodia) y cinco detenidos, además de múltiples aseguramientos de vehículos, armas y equipo táctico. El patrón geográfico se concentra en los municipios de Hidalgo y Guerrero, en la carretera Ribereña y en brechas rurales utilizadas por grupos criminales para desplazarse entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
De acuerdo con los reportes oficiales, las agresiones han ocurrido cuando las corporaciones detectan vehículos sospechosos durante patrullajes y son atacadas con armas de fuego, lo que activa persecuciones y refuerzos con Ejército y Guardia Nacional. En respuesta, el gobierno estatal destaca cateos y operativos en los que se han asegurado personas, armas y propiedades, que presenta como evidencia de una política de “blindaje” frente a las incursiones de grupos delictivos.
El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, sostiene que los grupos armados responsables de estos ataques “no son de Coahuila” y que operan desde entidades vecinas, manteniendo vigilancia sobre los movimientos de las corporaciones para buscar espacios de incursión. Fernández afirma que los hechos recientes confirman la necesidad de sostener un despliegue permanente en la zona norte, pero a la vez asegura que Coahuila vive “su mejor momento” en seguridad en los últimos 30 años, con la tasa de homicidios más baja y niveles delictivos por debajo de la media nacional.
El fiscal insiste en que en Coahuila “mandan las instituciones” y que cualquier ataque contra policías estatales o fuerzas federales tendrá respuesta inmediata y coordinada, sin permitir que las organizaciones criminales ganen presencia territorial o cobro de piso en la entidad. También ha evitado mencionar públicamente el nombre de los grupos involucrados, argumentando que no se les debe dar publicidad mientras se integran las carpetas de investigación y se buscan órdenes de aprehensión contra sus integrantes.
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