Propone Manolo blindar elecciones

Por Zitamar Arellano Trueba

Saltillo, Coahuila 04/05/26 (Más).- El gobernador Manolo Jiménez Salinas planteó la idea de una reforma federal que blinde las elecciones desde los partidos políticos, al advertir que los señalamientos contra narcopolíticos son un factor de tensión en la relación comercial con Estados Unidos.

Por ello, el mandatario estatal sostuvo que el Gobierno federal debe actuar con pragmatismo en el caso del exgobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, deslizando entre líneas la sugerencia de que sea entregado a Estados Unidos.

Al referirse al impacto que los casos de presuntos vínculos entre políticos mexicanos y la delincuencia organizada pueden tener en la relación bilateral, Jiménez Salinas afirmó que México y Estados Unidos son los principales socios comerciales del planeta y que, por lo tanto, cualquier tema que ponga en riesgo esa relación debe tratarse con seriedad.

“Yo pienso que el Gobierno federal tiene que ser muy pragmático”, dijo, al señalar que, como ha expresado la presidenta Claudia Sheinbaum, no se debe encubrir a nadie y deben abrirse las líneas de investigación necesarias cuando se trata de personas que puedan afectar una relación institucional de la que dependen millones de empleos en México.

Aunque evitó hacer un pronunciamiento directo sobre el caso de Sinaloa, argumentando que no pertenece al mismo partido, no es un estado vecino y desconoce detalles profundos del asunto, el gobernador sostuvo que ya son muchos los señalamientos y voces sobre una posible relación de políticos con la delincuencia organizada.

Advirtió que quienes gobiernan no pueden permitir ningún margen de maniobra a ese tipo de vínculos, ni en gobiernos estatales ni municipales porque ello pone en riesgo a la población y puede derivar en señalamientos internacionales que impactan no sólo en seguridad, sino también en comercio e inversión.

Jiménez Salinas sostuvo que el actual momento político y la tensión con Estados Unidos ameritan una reforma constitucional federal para impedir que cualquier partido postule a personas con nexos con la delincuencia, antecedentes penales, órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso o situaciones graves que comprometan la seguridad pública.

A su juicio, una reforma de ese tipo tendría que aplicarse a todos los partidos por igual y podría convertirse en un buen gesto frente a Estados Unidos, al enviar la señal de que México busca cortar de tajo la participación de personajes vinculados al crimen organizado en cargos de elección popular.

“Si yo fuera diputado federal o tuviera una bancada mayoritaria y quiero acabar con eso, hay que reformarlo en la ley”, expresó, al considerar que una medida así permitiría que a partir de 2027 quienes lleguen a cargos públicos no tengan vínculos con grupos criminales.

El mandatario estatal planteó incluso que los filtros podrían extenderse a cargos públicos relevantes, no sólo a candidaturas, mediante mecanismos profundos de revisión o exámenes de control y confianza, pues las decisiones de quienes ocupan posiciones de gobierno pueden perjudicar o beneficiar a miles o millones de personas.

También pidió que los partidos sean más cuidadosos en sus postulaciones, al señalar que el problema no son las siglas partidistas, sino las personas que llegan a ellas. “Los partidos ni uno es bueno ni uno es malo; depende de lo que tengan adentro”, dijo, al sostener que si todas las fuerzas políticas postulan perfiles probados e intachables se cerraría la puerta a la infiltración criminal.

Jiménez Salinas afirmó que, en el caso de Coahuila, los candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, encabezada por el PRI y la UDC, dan garantías de no tener vínculos con la delincuencia, antecedentes penales, órdenes de aprehensión o problemas legales graves, y sostuvo que ese ejemplo debería replicarse en el país.

Pese a la certeza del gobernador de la limpieza de su gobierno, como hechos documentados, se sabe que Sonia Villarreal Pérez, actual subsecretaria estatal, fue alcaldesa de Piedras Negras en 2018, año en que fue asesinado el exalcalde y candidato priista Fernando Purón Johnston, al salir de un debate en esa ciudad.

También está documentado que en 2025 autoridades de Estados Unidos retiraron o revocaron la visa de Villarreal Pérez, ya como funcionaria estatal, y de su esposo Jorge Miguel Barajas Hernández, mando de la Policía Especializada.

Como señalamientos no acreditados judicialmente, Barajas Hernández fue acusado por Ricardo Mejía Berdeja de presuntos vínculos con el trasiego o venta de cristal y otras drogas en Coahuila. Sin embargo, la Fiscalía estatal respondió entonces que no había denuncia formal, ni siquiera anónima, para abrir una carpeta de investigación, por lo que esa imputación debe atribuirse expresamente a Mejía Berdeja y tratarse como acusación política no probada.

Cuestionado sobre el retiro de visas a Sonia Villarreal Pérez y Jorge Miguel Barajas Hernández, ambos funcionarios de su gobierno, el gobernador Manolo Jiménez Salinas descartó que el caso le generara inquietud y sostuvo que no estaba relacionado con temas de seguridad, sino con una situación “más personal, más privada y familiar”, aunque enseguida aceptó que podrían reforzarse filtros no sólo para candidatos, sino también para quienes ocupan cargos públicos relevantes.