Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 26/10/2026 (Más).- Las presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), que involucran señalamientos sobre posibles conflictos de interés entre funcionarios y empresas proveedoras, motivaron al PAN y al PRI en Coahuila a exigir que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades. Esto, luego de que la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, anunciara su renuncia en medio de cuestionamientos por adjudicaciones millonarias y presuntos vínculos con proveedores.
Entre los señalamientos se encuentran contrataciones por cerca de 197 millones de pesos, así como posibles relaciones entre personas vinculadas con la estructura administrativa del instituto y empresas beneficiadas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y triangulación de recursos, de acuerdo con información publicada sobre el caso.
En Coahuila, el diputado local del PAN, Gerardo Aguado Gómez, anunció que presentará un punto de acuerdo ante el Congreso estatal para exhortar al Órgano Interno de Control del INE y a ASF a investigar las denuncias y, en su caso, fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados.
“Renunciar no borra las responsabilidades ni sustituye las investigaciones”, expresó Aguado Gómez, al señalar que las autoridades deben esclarecer quién autorizó los contratos, quiénes resultaron beneficiados y si existió un uso indebido de recursos públicos. Sostuvo que las indagatorias deben continuar independientemente de la salida de la consejera presidenta.
El legislador también advirtió que la controversia puede afectar la confianza ciudadana en las autoridades electorales, por lo que consideró necesario que la próxima persona titular de la presidencia del INE cuente con independencia, capacidad y solvencia moral. Asimismo, señaló que la crisis no debe convertirse en un argumento para desaparecer al organismo, pues, desde su perspectiva, los cuestionamientos corresponden a las decisiones de quienes lo dirigen y no invalidan la función institucional del árbitro electoral.
Por su parte, la diputada priista Guadalupe Oyervides Valdez consideró que la renuncia de Taddei no resuelve las dudas sobre las contrataciones cuestionadas y pidió que se investigue la posible participación de otros funcionarios en los procedimientos administrativos. Entre los puntos que planteó aclarar están las razones para adjudicar contratos de manera directa, los criterios técnicos utilizados y las responsabilidades de quienes autorizaron o supervisaron las operaciones.
“Ella se puede ir, pero la responsabilidad no va a desaparecer con la renuncia”, afirmó Oyervides Valdez, quien señaló que el Congreso de Coahuila puede promover exhortos a las autoridades federales competentes para solicitar la revisión de los contratos y la publicación de información sobre las empresas beneficiarias y los mecanismos de prevención de conflictos de interés.
La diputada también consideró que los señalamientos contra Taddei no deben confundirse con el funcionamiento del INE en su conjunto. Sostuvo que la institución tiene una trayectoria que debe preservarse y que la controversia debe servir para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, sin que la renuncia sustituya las investigaciones correspondientes.
En tanto, el senador Gabriel Elizondo Pérez pidió que se sancione a quienes resulten responsables y sostuvo que la salida de la consejera presidenta no debe traducirse únicamente en una vacante en la dirección del organismo electoral. También llamó a que las consejerías y la Cámara de Diputados, dentro de sus respectivas atribuciones, procuren que la sustitución garantice imparcialidad y continuidad institucional.
“Que sea castigada y que se juzgue como cualquier otro mexicano”, expresó Elizondo Pérez al referirse a Taddei, al tiempo que pidió que las autoridades actúen conforme a la ley. Sobre el perfil de quien la sustituya, consideró que debe ser una persona imparcial y comprometida con la democracia, sin perder la cercanía con la ciudadanía.
Las posturas de los legisladores se producen mientras continúan los cuestionamientos sobre las contrataciones del INE y el proceso para sustituir a su consejera presidenta. Para Aguado Gómez y Oyervides Valdez, las investigaciones y la transparencia son necesarias para esclarecer los hechos; Elizondo Pérez, por su parte, insistió en que deben aplicarse las sanciones que correspondan si se acreditan responsabilidades.
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