Ciudad de México, 26/10/26 (Más).- Guadalupe Taddei Zavala formalizó este lunes su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Cámara de Diputados, con lo que quedó abierto el procedimiento legal para designar a su reemplazo, en medio de investigaciones por presuntos actos de corrupción, conflictos de interés y posibles irregularidades en la asignación de contratos a proveedores relacionados con la funcionaria.
De acuerdo con información publicada por El País, la Cámara de Diputados recibió el documento de renuncia de Taddei, quien había asumido el cargo en abril de 2023 para un periodo que concluiría en 2032. Su salida obliga a los diez consejeros restantes a convocar, en un plazo de 24 horas, a una sesión extraordinaria del Consejo General para elegir una presidencia provisional que garantice la continuidad de las actividades del organismo electoral.
La renuncia ocurre en un momento especialmente delicado para el INE, que se encuentra en plena organización del proceso electoral 2026-2027.
El nuevo titular deberá asumir la conducción de la institución con menos de un año de anticipación a las elecciones de junio de 2027, en un contexto de cuestionamientos sobre la administración de recursos públicos y la relación del organismo con algunos de sus proveedores.
En la carta dirigida al diputado Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados, Taddei manifestó que abandona el cargo con la convicción de haber cumplido sus responsabilidades y después de una trayectoria de más de tres décadas dentro de las instituciones electorales mexicanas.
“Me retiro con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana. Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y en sus instituciones”, expresó la ahora exconsejera presidenta.
La separación del cargo se produce después de revelaciones periodísticas relacionadas con la asignación de contratos a empresas vinculadas con personas cercanas a Taddei, particularmente el empresario José Alfredo Hernández Casillas, identificado como uno de los principales proveedores del Instituto durante su gestión y con quien, según las publicaciones, mantiene una relación de amistad.
Estos señalamientos motivaron la apertura de investigaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que revisa posibles conflictos de interés, colusión con proveedores y triangulación de recursos públicos; las indagatorias buscan esclarecer si existieron irregularidades administrativas o responsabilidades relacionadas con los procedimientos de contratación del organismo.
La formalización de la renuncia constituye un paso indispensable para activar el mecanismo de sustitución establecido en la legislación electoral. Los integrantes del Consejo General deberán seleccionar de entre ellos a una persona que asuma temporalmente la presidencia, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para nombrar a quien concluirá el periodo originalmente asignado a Taddei, previsto hasta 2032.
El consejero electoral Arturo Castillo explicó que uno de los acuerdos alcanzados entre los integrantes del organismo consiste en celebrar la sesión extraordinaria dentro de las 24 horas posteriores a la presentación formal de la renuncia; sin embargo, hasta el momento de la información difundida no existía consenso sobre quién debería ocupar provisionalmente la presidencia.
Los consejeros sostuvieron una reunión sin la participación de Taddei para analizar los pasos inmediatos que deberán seguirse una vez concretada su salida. El objetivo es evitar un vacío de conducción administrativa y mantener la operación institucional durante la transición.
Por su parte, la Cámara de Diputados deberá emitir la convocatoria correspondiente para iniciar el procedimiento de selección de una nueva consejera o consejero presidente. Este proceso contempla la evaluación de aspirantes y la búsqueda de acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo para concretar el nombramiento.
La designación definitiva corresponde a la Cámara de Diputados y requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores presentes. En caso de no alcanzarse los acuerdos necesarios, el marco constitucional establece mecanismos de insaculación para resolver la elección entre las candidaturas que cumplan los requisitos correspondientes.
Mientras se desarrolla el proceso de sustitución, los diez integrantes restantes del Consejo General aseguraron que el organismo continuará desempeñando sus responsabilidades constitucionales y que la salida de su presidenta no compromete la organización de los próximos comicios.
“Durante este proceso, el INE mantiene su compromiso con el cumplimiento irrestricto de sus funciones y con los trabajos de organización electoral. El marco legal establece los mecanismos para dar continuidad a la conducción del Instituto y certeza a sus decisiones”, señalaron los consejeros mediante un comunicado.
A pesar de esta postura institucional, algunos integrantes del Consejo General reconocieron la gravedad del momento que atraviesa el organismo. Los consejeros Arturo Castillo y Uuc-kib Espadas admitieron, en declaraciones por separado, que el INE enfrenta una crisis sin precedentes en sus 36 años de historia.
El cambio de presidencia también tendrá implicaciones en la conducción del Consejo General, la coordinación de las áreas técnicas y la toma de decisiones necesarias para organizar los comicios de 2027, por lo que la definición de una presidencia provisional constituye una de las prioridades inmediatas del organismo.
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