En medio de la investigación por el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, el gobernador Salomón Jara planteó dejar de responder preguntas de medios que, según él, mantienen una postura de “odio” contra su gobierno. La controversia ocurre en una entidad donde 34 periodistas reciben seguimiento por situaciones de riesgo y se han documentado agresiones atribuidas incluso a servidores públicos
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 25/07/26 (Más).- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que analiza dejar de responder preguntas de medios de comunicación que, a su juicio, mantienen una postura de “odio” hacia su administración, propuesta que surge mientras se desarrolla la investigación por el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar y en un contexto de señalamientos sobre las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en la entidad.
De acuerdo con información publicada por Infobae, el mandatario estatal planteó la posibilidad de elaborar un catálogo de medios que, según dijo, mantienen una actitud hostil contra su gobierno, con el propósito de no atender cuestionamientos provenientes de esos espacios informativos durante sus conferencias de prensa.
Durante su conferencia semanal realizada el pasado 20 de julio en Palacio de Gobierno, Jara Cruz señaló que, una vez concluidas las festividades de la Guelaguetza, realizará una relación de los portales informativos que, desde su perspectiva, actúan con “odio”, por lo que dejaría de responder preguntas relacionadas con esos medios.
El gobernador sostuvo que existen portales que no únicamente cuestionan las acciones de su administración, sino que, afirmó, lo hacen motivados por animadversión. Bajo ese argumento, consideró innecesario responder a publicaciones que, a su juicio, mantienen una línea editorial contraria a su gobierno.
Las declaraciones fueron realizadas apenas unos días después del homicidio del periodista Alejandro Leyva Aguilar, crimen que generó reacciones de organizaciones periodísticas y motivó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera la investigación para fortalecer las indagatorias.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que se registran avances importantes en la investigación, entre ellos la comparecencia de cuatro personas ante el Ministerio Público, quienes no tienen calidad de imputadas, así como el aseguramiento del arma presuntamente utilizada y la identificación de los vehículos empleados por los agresores.
El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla explicó que los trabajos de inteligencia, el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas y peritajes permitieron reconstruir la ruta seguida por los responsables antes y después del ataque perpetrado en un establecimiento del fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla.
Las investigaciones apuntan a que se trató de un ataque directo contra el comunicador. Además del arma de fuego asegurada, las autoridades localizaron la motocicleta utilizada para cometer el atentado y un segundo vehículo que presuntamente facilitó la huida de los agresores, elementos que forman parte de la carpeta de investigación.
En ese escenario, la propuesta del mandatario estatal de dejar de responder a determinados medios ha generado cuestionamientos sobre el acceso de la prensa a la información pública y el alcance de las conferencias gubernamentales como mecanismos de rendición de cuentas.
Especialistas en libertad de expresión han señalado de manera reiterada que las conferencias de prensa de los gobiernos constituyen espacios institucionales de información pública, por lo que el acceso de los medios y la posibilidad de formular preguntas forman parte del ejercicio del derecho a la información.
El ejercicio periodístico en Oaxaca también ha sido motivo de atención por parte de las autoridades estatales. La Secretaría de Gobierno informó recientemente que mantiene seguimiento a 34 casos de periodistas en situación de riesgo, cada uno con expedientes documentados y monitoreo permanente a través de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos.
De esos casos, 11 comunicadores forman parte del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Según la dependencia, las amenazas registradas tienen distintos orígenes, entre ellos autoridades municipales, servidores públicos, corporaciones policiacas, organizaciones sociales, actores sindicales e incluso grupos de la delincuencia.
El propio secretario de Gobierno, Jesús Romero López, reconoció que algunos expedientes incluyen presuntas agresiones atribuidas a funcionarios estatales y federales, así como casos en los que se habría obstaculizado la cobertura periodística durante operativos de seguridad o procesos electorales por sistemas normativos internos.
La discusión sobre la relación entre autoridades y medios ocurre además en una creciente ola de violencia política y social en Oaxaca. De acuerdo con cifras oficiales, durante la administración de Salomón Jara, iniciada en diciembre de 2022, han sido asesinados cinco presidentes municipales en funciones y ocho exalcaldes en distintos hechos registrados en la entidad.
En el mismo periodo también se documentaron los homicidios de nueve dirigentes sindicales, además de 21 activistas, defensores indígenas y representantes comunitarios, mientras que las estadísticas oficiales contabilizan más de 300 muertes violentas de mujeres y alrededor de 2 mil 800 homicidios de hombres.
En este escenario, organizaciones civiles y representantes del gremio periodístico han insistido en la importancia de fortalecer las garantías para el libre ejercicio de la prensa y asegurar que las investigaciones por agresiones contra comunicadores concluyan con el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables.
La investigación por el homicidio de Alejandro Leyva Aguilar continúa bajo coordinación de autoridades estatales y federales, mientras permanecen abiertas las indagatorias para identificar tanto a los autores materiales como a quienes pudieron ordenar el crimen.
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