Ernesto Ruffo

Por Francisco Ortiz Pinchetti

Tengo a Ernesto Ruffo Appel entre los políticos más rectos y honorables que he conocido a lo largo de más de 50 años como periodista. Lo incluyo en un grupo selecto en el que están, entre otros, don Luis H. Álvarez, el ingeniero Heberto Castillo, el doctor Salvador Nava Martínez, Manuel Clouthier del Rincón, “Maquío”; el líder socialista chihuahuense Antonio Becerra Gaytán, Francisco Barrio Terrazas, Arnoldo Martínez Verdugo.

Es, además, una figura emblemática de la transición política mexicana, como primer gobernador de oposición en la época moderna, luego de 60 años de hegemonía priista absoluta. Ese honor –que le quitó un fraude electoral al chihuahuense Barrio Terrazas en 1986, tres años antes– es sobrada razón para merecer reconocimiento y respeto.

Lo conocí precisamente el día que tomó posesión como gobernador de Baja California, el 1 de noviembre de 1989. Hice dos reportajes sobre su gobierno para el semanario Proceso y lo he entrevistado al menos siete, ocho veces. Lo visité en su casa de Ensenada, a la que volvió a residir cuando dejó la gubernatura. Vi su forma de vivir. Caminé con él, solos, por las calles de esa localidad. Entramos a restaurantes, cafeterías. Constaté el respeto y cariño de sus coterráneos, los saludos afectuosos, los abrazos, las guasas.

Un hombre de bien, cabal.

Licenciado en Administración de Empresas, Ruffo Appel ha sido docente del campus de Ensenada del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys), en las licenciaturas de Administración, Contaduría Pública e Ingeniería Industrial y ha coordinado campañas para obtener becas para estudiantes.

En la iniciativa privada, pone su ficha biográfica, fue presidente de la Asociación Nacional de Productores de Harina y Aceite de Pescado, consejero en la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpes), así como consejero y secretario de dicha cámara en Ensenada; jefe de personal, jefe de flota, gerente de operaciones, gerente general y director general de Pesquera Zapata, así como gerente administrativo, consejero, secretario y presidente del Centro Empresarial de Ensenada de 1975 a 1982, y presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ensenada.

Su carrera política se inició en 1984, cuando se afilió como militante al PAN. En 1986-1989 fue alcalde de Ensenada, para enseguida ganar la gubernatura del Estado (1989-1995). Ha sido senador de la República (2009-2012), diputado federal (2015-2018) y consejero nacional de Acción Nacional. Hoy es miembro del Consejo Consultivo del nuevo partido político Somos México.

En el PAN mantuvo siempre una postura autocritica, de cuestionamiento interno. Me consta que denunció la manipulación del padrón interno de militantes por parte de un grupo que hoy curiosamente está encaramado en la dirigencia nacional panista. A raíz de ese cuestionamiento, se integró una Comisión para la Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN, presidida por él, que funcionó entre agosto de 2015 y marzo de 2018 bajo las dirigencias nacionales de Gustavo Madero Muñoz y Ricardo Anaya Cortés.

El padrón interno del Partido Acción Nacional se encontraba sobredimensionado con aproximadamente un millón 800 mil afiliados (acumulado tras los procesos de afiliación masiva). Mediante controles biométricos y de huella digital, la comisión de Ruffo Appel logró reducir el padrón inflado a poco más de 281 mil militantes legítimos, además de blindar los procesos internos contra la simulación.

En una de mis entrevistas, en las postrimerías ya de su mandato (publicada en Proceso el 23 de julio de 1995) Ruffo Appel expuso con claridad los dilemas éticos del poder y la peligrosa seducción que ejercen los intereses materiales sobre los servidores públicos. Advertía cómo la estructura gubernamental tradicional atrapa al político opositor que llega a gobernar. Señalaba que el aparato burocrático y autoritario opera como una maquinaria de asimilación capaz de neutralizar las convicciones democráticas originales, convirtiendo al gobernante en parte de aquello que antes combatía si este descuidaba su vínculo con la sociedad.

En la conversación que sostuvimos en su oficina del Palacio de Gobierno de Mexicali, profundizó en cómo el ejercicio público suele corromperse cuando la política se cruza con la oportunidad de los negocios particulares. Apuntaba que el acceso al presupuesto y a las decisiones de Estado pone a prueba la honestidad de los funcionarios, muchos de los cuales sucumben ante la promesa de la comodidad material y el enriquecimiento al amparo del cargo, traicionando la causa ciudadana que los llevó al poder.

El entonces gobernador reflexionaba en torno al peligro de que el poder aísle al gobernante en los círculos palaciegos. Sostenía que “al perder el contacto directo con la calle y con la realidad cotidiana de la gente, el servidor público se vuelve insensible y termina justificando los privilegios, la simulación y las complicidades bajo el pretexto de la pragmática política”.

No fue su caso. Su administración gubernamental se distinguió por romper con el esquema tradicional de opacidad y ejercicio vertical del poder y por la implementación de medidas concretas de transparencia, como la declaración pública patrimonial de los funcionarios de su gabinete y la apertura de las cuentas públicas al escrutinio ciudadano, estableciendo un contraste directo con el estilo discrecional que predominaba en el sistema político de la época.

En materia electoral, durante su mandato se introdujeron en Baja California por primera vez en el país la credencial de elector y el listado nominal con fotografía, que se usaron en la elección de la legislatura local y los ayuntamientos en 1992.

Su buen desempeño gubernamental fue crucial para que en 1995 otro panista, Héctor Terán Terán, ganara holgadamente las elecciones y lo sucediera en la gubernatura hasta su muerte repentina (debida a un infarto) acaecida en 1998.

Por todo lo anterior, me resisto a aceptar que Ernesto Ruffo Appel sea culpable de los ilícitos que se le imputan. Él mismo aclaró su participación en el asunto al acudir voluntariamente a la Fiscalía General de la República hace un año. Se le acusa y se le detiene ahora, justo en medio del escándalo provocado por la publicación de las conversaciones telefónicas de la actual gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, en las que ofrece a agentes estadunidenses información reservada a cambio de impunidad…. y de su visa.

Comparto por supuesto la indignación de su hija, Verónica Ruffo, por la manera indigna y humillante en que fue detenido y llevado a una cárcel de alta seguridad, destinada a los peores criminales y los grandes capos del crimen organizado. “Mi papá nunca se escondió, mi papá nunca dejó de dar la cara”, dijo. Y es absolutamente cierto.

Lo verdaderamente grave de todo esto, sin embargo, es la parcialidad del nuevo Poder Judicial, absolutamente controlado por el Ejecutivo a través de jueces y magistrados de consigna. Es imposible confiar en él. Por lo pronto, una jueza que sabe tocar el acordeón y cumplir órdenes, pero no aplicar objetivamente la ley revisó el caso “a puerta cerrada” y resolvió de madrugada vincular a proceso a Ruffo Appel y coacusados. Ahora es factible que permanezcan años en prisión sean o no culpables.

La posibilidad de que sean sometidos al debido proceso quedó cancelada de entrada. La injerencia de la presidenta al exponer públicamente carpetas de investigación, esquemas y videos de la FGR, rematada con la aseveración de que existen «muchísimas pruebas» en su contra, vulnera abiertamente ese principio y evidencia un claro acoso institucional.

La impunidad de que gozan en contraste brutal los morenistas encabezados por el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusados por Estados Unidos de tener ligas con el crimen organizado, completa el cuadro: estamos ante un caso de justicia selectiva. Sobran evidencias, pero nadie siquiera los investiga.

No me cabe duda: Ernesto Ruffo Appel es, de manera evidente, un perseguido político. Y su canallesca detención, un distractor descarado. Válgame.