Saltillo, Coahuila, 28/11/25 (Más).- Debido a adeudos superiores a 30 millones de pesos por concepto del impuesto sobre hospedaje (ISH), el Gobierno de Coahuila analiza clausurar cuartos, departamentos y otros espacios ofertados en la plataforma de alojamiento temporal Airbnb.
La medida surge como parte de una revisión nacional impulsada por las 32 entidades federativas para hacer frente al incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de esta empresa.
José Antonio Gutiérrez Rodríguez, titular de la Secretaría de Finanzas, explicó que Coahuila ya cumplió con los procedimientos legales para exigir el pago del ISH, incluyendo la firma de un convenio con la plataforma y la actualización del marco normativo estatal.
“Ya hicimos todo lo que nos tocaba”, enfatizó, al tiempo que subrayó que la autoridad estatal ha agotado todas las vías administrativas para lograr que Airbnb cumpla con sus responsabilidades fiscales.
Gutiérrez Rodríguez detalló que este viernes se celebrará una reunión entre los titulares de finanzas de todas las entidades del país, en la que se buscará establecer una estrategia nacional frente a este problema.
En palabras del funcionario, una medida individual tendría efectos limitados, mientras que una acción conjunta podría ser determinante.
“Si un estado actúa solo no tiene fuerza; los 32 juntos sí. Y la clausura es una de las opciones que están sobre la mesa”, advirtió.
En agosto de 2023, Coahuila se posicionó como uno de los estados pioneros en México en la regulación del hospedaje no tradicional al firmar un convenio de colaboración con una de las principales plataformas digitales de alojamiento.
La firma del convenio fue presentada como un paso más en el proceso que Coahuila inició años atrás para regular el hospedaje mediante aplicaciones, tras reformas aprobadas desde 2020 a la Ley Estatal de Turismo para incorporar este tipo de servicios.

El secretario de Finanzas también explicó que este adeudo no sólo afecta al gobierno estatal, sino a los 38 municipios de Coahuila, ya que el impuesto sobre hospedaje es una fuente importante de financiamiento para proyectos de promoción turística, mantenimiento urbano e infraestructura local.
Mientras la plataforma no se ponga al corriente con sus obligaciones fiscales, estos recursos no llegan a las arcas municipales, lo que frena el desarrollo de obras y programas en diversas regiones del estado.
Además señaló que permitir este incumplimiento genera una competencia desleal en el sector turístico y hotelero. Los prestadores de servicios tradicionales –como hoteles y hostales– sí cumplen con sus responsabilidades fiscales, mientras que quienes operan a través de plataformas digitales, como Airbnb, eluden pagos que por ley les corresponden.
Esta situación, dijo Gutiérrez Rodríguez, contribuye a una inequidad que el gobierno estatal no está dispuesto a tolerar.
“No es un tema de diálogo, es un tema de cumplimiento. Todos los contribuyentes pagan; Airbnb también tiene que pagar”, recalcó el funcionario, dejando claro que el gobierno coahuilense exige el mismo trato y responsabilidad fiscal para todos los actores del sector. El proceso de revisión y posible clausura de inmuebles ofertados en la plataforma dependerá de los acuerdos que surjan en la reunión nacional de esta semana, aunque la administración estatal ha manifestado su disposición de tomar medidas firmes si no se llega a una solución satisfactoria. La situación pone a Coahuila como una de las entidades más activas en la exigencia de regular el modelo de negocio de Airbnb, especialmente en lo que se refiere a sus obligaciones tributarias.
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