Piedras Negras, Coahuila, 28/11/25 (Más).- Debido a un caso de maltrato animal que se viralizó en redes sociales, el Municipio de Piedras Negras fue sancionado con una multa de 1 millón 100 mil pesos por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (Propaec).
Se trata de la penalidad más alta que este organismo puede aplicar conforme a la legislación vigente.
La multa deriva de la difusión de un video en el que se observa a personal municipal arrojando cadáveres de perros a una zanja del relleno sanitario local.
La sanción se impuso tras concluir el procedimiento administrativo por Bienestar Animal. A pesar de que el gobierno municipal argumentó que el video solo mostraba una parte del proceso de inhumación, la autoridad ambiental estatal determinó que el manejo de los restos fue irregular y no se ajustó a las normas establecidas.
La multa corresponde a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), el límite máximo contemplado por la ley ambiental del estado.
Daniel Omar Aguilar Muñoz, secretario del Ayuntamiento, confirmó que la administración municipal fue notificada oficialmente de la resolución y reconoció que se analiza la posibilidad de interponer un recurso de revisión.
Sin embargo, el funcionario municipal criticó que la Propaec haya hecho pública la sanción antes de que el municipio recibiera la notificación formal, lo que –según dijo– contraviene principios del debido proceso administrativo.
Aguilar Muñoz también recordó que el municipio ya había aceptado que existieron fallas en el manejo de los cuerpos y ofreció disculpas públicas. Además, aseguró que el personal de Bienestar Animal involucrado fue sancionado internamente.
No obstante, insistió en que el procedimiento de disposición final no fue del todo incorrecto, ya que los restos debían ser inhumados en una celda sanitaria, aunque el video viralizado no muestre esa parte del proceso.
La resolución de la Propaec también apunta a otras irregularidades, como la falta de entrega de bitácoras de sacrificio animal y deficiencias en la documentación presentada por el municipio. Aunque las autoridades locales aseguran que los registros existen, admiten que algunos documentos no cumplían con los requisitos legales.
A ello se suma que, según la procuraduría, no se respondieron notificaciones en tiempo, algo que el ayuntamiento niega, al asegurar que nunca recibió tales comunicaciones.
El impacto económico de esta sanción se produce en un momento crítico para la administración del alcalde Jacobo Rodríguez, ya que ocurre al cierre del ejercicio fiscal. La multa no estaba contemplada en el presupuesto anual y obliga al municipio a hacer ajustes inmediatos para poder cubrir compromisos laborales como aguinaldos y el cierre de obras públicas. El Ayuntamiento tiene un plazo de 15 días hábiles para definir si impugnará la resolución ante la misma Propaec o si llevará el caso directamente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Mientras tanto, el caso sigue generando debate entre defensores de los derechos de los animales, autoridades y ciudadanos.
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