Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 17/07/26 (Más).- La esperanza de los municipios de Coahuila de sacar beneficio por permisos derivados de inversiones del sector energético está a punto de esfumarse, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila invalidar los cobros que ya algunos ayuntamientos establecieron para instalaciones relacionadas con la generación de energía eléctrica y la extracción de gas natural, al considerar que invadieron facultades reservadas exclusivamente a la Federación.
Los proyectos involucran a los municipios de Parras, Hidalgo, Castaños y Acuña, cuyas leyes de Ingresos para 2026 contemplaron cuotas anuales por la expedición de licencias de funcionamiento para centrales eléctricas, aerogeneradores, paneles solares, plantas fotovoltaicas y edificaciones utilizadas para extraer gas natural o gas no asociado.
La SCJN tiene programada para el próximo 3 de agosto la discusión de las cuatro controversias constitucionales promovidas por el Poder Ejecutivo Federal contra disposiciones aprobadas por el Congreso de Coahuila y promulgadas por el Gobierno del Estado.
Las propuestas de sentencia concluyen que los municipios no pueden aprovechar la llegada o existencia de inversiones energéticas para imponer cobros específicos sobre la infraestructura, debido a que la regulación de la electricidad, los hidrocarburos y el gas corresponde a las autoridades federales.
Cobros de hasta 43 mil pesos por instalación
Las cuotas varían de acuerdo con cada municipio, aunque en todos los casos superan los 41 mil pesos anuales por unidad, instalación o edificación.
Parras estableció el cobro más elevado, con 43 mil 454 pesos por cada aerogenerador, instalación generadora de electricidad o edificación dedicada a la extracción de gas. En Acuña, la cuota fue fijada en 41 mil 968 pesos; en Castaños, en 41 mil 951 pesos con 83 centavos, y en Hidalgo, en 41 mil 472 pesos.
Los cobros serían aplicables de manera individual. Esto significa que una empresa con varios aerogeneradores, plantas, edificios, pozos o unidades de generación podría quedar obligada a pagar una cuota por cada una de sus instalaciones.
El esquema abría para los ayuntamientos la posibilidad de captar ingresos adicionales derivados de proyectos privados o públicos del sector energético instalados dentro de sus territorios.
Sin embargo, los proyectos de la SCJN establecen que los municipios no pueden convertir sus facultades administrativas, urbanísticas o ambientales en un mecanismo para gravar actividades cuya autorización y supervisión corresponden a la Federación.
Licencias municipales no pueden sustituir permisos federales
Los municipios cuentan con facultades para emitir licencias ordinarias de funcionamiento, autorizar construcciones, regular el uso de suelo, aplicar medidas de protección civil y vigilar el cumplimiento de disposiciones ambientales locales.
No obstante, la Suprema Corte consideraría que esas atribuciones tienen límites y no permiten crear cargas económicas dirigidas específicamente a instalaciones eléctricas, aerogeneradores, centrales solares o infraestructura para la extracción de hidrocarburos.
Las propuestas sostienen que el nombre otorgado al cobro no modifica su naturaleza. Aunque las cuotas fueron presentadas como derechos derivados de licencias municipales, en los hechos recaen directamente sobre actividades estratégicas reguladas por la Federación.
Permitir que cada ayuntamiento establezca sus propios montos podría generar un sistema fragmentado, con tarifas diferentes para una misma actividad energética dependiendo del municipio en el que se encuentre instalada la infraestructura.
El Poder Ejecutivo federal argumentó además que estos cobros podrían convertirse en obstáculos locales para actividades que ya cuentan con permisos, concesiones o autorizaciones expedidas por autoridades nacionales.
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