Ciudad de México, 30/09/26 (Más).- Defensores del territorio, organizaciones ambientales y activistas solicitaron una revisión exhaustiva de la reforma ambiental propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, durante las audiencias públicas del Parlamento Abierto que se realizan en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con información de Animal Político, durante dos días de trabajos en la mesa Participación de comunidades indígenas y rurales, defensores y activistas ambientales y organizaciones de la sociedad civil, participantes plantearon modificaciones relacionadas con la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), la Evaluación de Impacto Ambiental, la protección de polinizadores, la seguridad alimentaria y la preservación de ecosistemas costeros y marinos.
La iniciativa propone actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA), que actualmente establece el marco jurídico de las instituciones ambientales del país. Los participantes coincidieron en la necesidad de incorporar los estándares del Acuerdo de Escazú para garantizar la participación de las comunidades y contar con presupuesto suficiente para su aplicación.
Representantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, a través de su Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad, señalaron diferencias entre la EAE y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Explicaron que la primera constituye un instrumento de planeación para políticas, planes y programas, por lo que consideraron que no debe utilizarse para proyectos de infraestructura individuales ni sustituir a la MIA.
Entre sus propuestas plantearon modificar el artículo 22 para limitar la EAE a políticas y planes públicos, así como modificar el artículo 28 para eliminar la equivalencia entre la EAE y la autorización de impacto ambiental. También solicitaron establecer que ninguna obra pueda comenzar sin autorización previa y que los trabajos iniciados sin ese requisito sean considerados nulos.
Además, propusieron limitar la responsabilidad de los consultores al uso de información oficial pública mientras no exista un sistema consolidado de datos y solicitaron eliminar el artículo 53 para mantener la prevención técnica.
Luis Enrique Montañés Cartacho, del Consejo Mexicano para la Evaluación de Impactos, coincidió en la necesidad de corregir el concepto de Evaluación Ambiental Estratégica contenido en los artículos 22 y 28. Señaló que aplicarla a proyectos individuales desvirtúa su función y rechazó equiparar su dictamen con la autorización de una Manifestación de Impacto Ambiental.
También pidió transparentar la totalidad de los estudios técnicos, anexos, solicitudes de información, informes de cumplimiento, condicionantes y modificaciones relacionadas con los proyectos sujetos a procesos de evaluación ambiental.
María Fernanda Armijo Silva, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), solicitó que la participación ciudadana continúe después de las audiencias públicas y que se desarrollen más mesas de diálogo para analizar la reforma. También propuso realizar foros a nivel nacional para recoger opiniones y preocupaciones de distintos sectores.
La representante del CEMDA destacó que la propuesta reconoce por primera vez a los polinizadores dentro del marco jurídico, además de contemplar la Evaluación Ambiental Estratégica, el ordenamiento ecológico, nuevas categorías de Áreas Naturales Protegidas y la Economía Circular.
Sin embargo, manifestó preocupación por la falta de una integración que considere suficiente del Acuerdo de Escazú, así como por las disposiciones relacionadas con el uso indebido de información, la ausencia de protocolos para defensores ambientales y el principio de no regresión.
De acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas y comunidades de los derechos humanos ambientales en México, elaborado por el CEMDA, durante 2025 se documentaron 135 eventos de agresión que representaron 314 agresiones específicas.
En materia de protección de polinizadores, Luis Arturo Carrillo Sánchez, coordinador de la Alianza Nacional Apícola, destacó que la iniciativa incorpora de manera explícita el término “polinizadores” en el marco jurídico federal. Señaló que 81 por ciento de las especies de plantas requieren polinización animal y que las abejas realizan 80 por ciento de esta labor.
Carrillo Sánchez advirtió sobre los efectos de la deforestación, el cambio climático y el uso de plaguicidas en las poblaciones de polinizadores. Por ello, propuso incorporar un artículo que vincule la legislación y las políticas públicas nacionales con el Plan de Acción para la Protección de Polinizadores del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas.
Esteban García Peña-Valenzuela, coordinador de Investigación y Políticas Públicas de Oceana México, planteó fortalecer a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ampliar sus facultades, reducir la discrecionalidad y evitar conflictos de atribuciones.
También solicitó incluir la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables entre las normas tuteladas por la reforma, al considerar que regula recursos naturales ubicados en el océano. Además, propuso incorporar de manera expresa el concepto de “restauración de recursos pesqueros” en los Programas Nacionales de Restauración.
Mariana Urías Malvido, integrante del colectivo Unión Loreto de Baja California Sur, pidió garantizar la participación pública antes de autorizar proyectos y recordó el caso de Loreto, donde la comunidad se opuso a la propuesta para convertir el municipio en un proyecto de puerto de altura.
La activista también planteó reconocer la transición de economías pesqueras hacia actividades de conservación y turismo sustentable, además de considerar los impactos acumulativos y evitar la fragmentación de proyectos por etapas.
Iyari Balderas Cruz, defensor del territorio, las comunidades y los pueblos originarios, propuso que tanto la Evaluación Ambiental Estratégica como la Manifestación de Impacto Ambiental incorporen el análisis de impactos sociales, poblaciones expuestas, riesgos acumulativos y adaptación al cambio climático frente a eventos extremos.
Asimismo, solicitó garantizar el cumplimiento del artículo 2 constitucional mediante protocolos autonómicos y sistemas normativos propios que permitan la participación de los pueblos originarios en las consultas públicas.
En materia de protección para defensores del territorio, pidió establecer sistemas de alerta temprana y mecanismos de enlace territorial para identificar presiones sobre el agua y la tierra vinculadas con el crimen organizado.
Finalmente, Balderas Cruz planteó facilitar información ambiental traducida a lenguas originarias y crear salas especializadas en materia ambiental tanto en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como en el Poder Judicial, como parte de las propuestas presentadas durante las audiencias del Parlamento Abierto.
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