Ciudad de México, 26/05/26 (Más).- La falta de transparencia y el rezago en la integración del Banco Nacional de Datos Forenses mantienen limitada una de las principales herramientas para enfrentar la crisis de desapariciones e identificación humana en México.
Las cifras más recientes reportadas por la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que el sistema aún opera con información incompleta, pese a que desde 2019 debía encontrarse plenamente funcionando y conectado con todas las entidades del país.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas apenas contabiliza 546 registros hasta octubre de 2025, una cantidad mínima frente a las estimaciones oficiales y de organismos internacionales que señalan que en México existen más de 70 mil cuerpos sin identificar. La disparidad entre las cifras refleja el subregistro y las deficiencias en la incorporación de datos por parte de las fiscalías estatales y federales.
El Banco Nacional de Datos Forenses fue establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y debía estar operando plenamente desde principios de 2019. Su objetivo es concentrar y cruzar información forense, genética y criminalística para facilitar la identificación de personas desaparecidas y restos humanos. Sin embargo, la propia Secretaría de Gobernación reconoció recientemente que únicamente cuatro estados han entregado información forense al sistema nacional, sin precisar cuáles son.
Entre las bases de datos que integran el Banco se encuentran el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, el Registro Forense Federal, la Base Nacional de Información Genética, el Registro Nacional de Detenciones y el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares, entre otros mecanismos de búsqueda e identificación. No obstante, la información acumulada en varios de estos sistemas sigue siendo limitada o incompleta.
Las cifras entregadas por la FGR muestran que el Registro Forense Federal cuenta con 2 mil 363 registros y el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas suma apenas mil 964. Asimismo, la Base Nacional de Información Genética concentra 15 mil 254 registros, una cantidad considerablemente menor a los más de 360 mil perfiles genéticos que organizaciones civiles habían documentado mediante solicitudes de transparencia realizadas en años anteriores.
El origen de la creación formal del Banco Nacional de Datos Forenses deriva de un litigio impulsado por Olimpia Montoya, quien busca a su hermano desaparecido. Tras múltiples impugnaciones y recursos promovidos por la FGR para evitar asumir la responsabilidad de implementar el sistema, un fallo judicial obligó finalmente a la institución a ponerlo en marcha en 2023. Sin embargo, especialistas y organizaciones consideran que el cumplimiento ha sido únicamente parcial.
César Contreras, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advirtió que el principal problema es que las confrontas periódicas entre registros carecen de utilidad si la información no está completa. Explicó que mientras las entidades federativas no integren sus bases de datos al sistema nacional, las búsquedas seguirán siendo insuficientes y las probabilidades de identificación permanecerán reducidas.
El especialista señaló además que la FGR ha sostenido que la incorporación de datos debe realizarse de manera gradual, aunque dicha gradualidad no está contemplada en la ley ni en la sentencia judicial que ordenó la operación del Banco. Afirmó que resulta arbitrario esperar años para completar registros que debieron integrarse desde febrero de 2019, especialmente en un contexto de crisis humanitaria por desapariciones.
Otro de los puntos que genera preocupación es la falta de transparencia sobre los avances reales del sistema. La Fiscalía no ha difundido públicamente los registros del Banco Nacional de Datos Forenses y la información disponible ha sido entregada únicamente a petición de las víctimas y sus representantes legales. Incluso las cifras reportadas entre marzo de 2024 y octubre de 2025 muestran cambios mínimos, lo que para las organizaciones refleja un estancamiento en la recopilación de información.
Las organizaciones de derechos humanos también cuestionan que las autoridades federales continúen presentando el Banco Nacional de Datos Forenses como una nueva estrategia en las reformas impulsadas durante 2025, cuando en realidad se trata de una obligación legal pendiente desde hace varios años. Advierten que la ausencia de coordinación entre fiscalías, así como la fragmentación de bases genéticas y forenses, continúa obligando a las familias de personas desaparecidas a repetir procesos y entregar nuevamente información sin que exista una confronta nacional efectiva.
Finalmente, especialistas y colectivos sostienen que los datos relacionados con desapariciones y graves violaciones a derechos humanos deben regirse bajo el principio de máxima publicidad. Por ello, consideran indispensable que el gobierno federal revele qué entidades han entregado información al Banco Nacional de Datos Forenses y cuáles permanecen incumpliendo con las obligaciones establecidas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
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