Por Severo Recio
Saltillo, Coahuila, 20/10/26 (Más).- El diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, propuso siete medidas para atender la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte, con una estrategia de recuperación económica para Monclova y la Región Centro de Coahuila que avance sin depender del resultado de la venta de ambas empresas.
La proposición, publicada este martes en la Gaceta Parlamentaria y pendiente de aprobación, plantea reforzar la defensa jurídica de los trabajadores, evaluar apoyos para proveedores y exigir informes públicos sobre la actuación de las autoridades federales.
En el documento, el legislador sostiene que la recuperación regional no puede quedar sujeta exclusivamente a un procedimiento judicial cuya duración y desenlace siguen siendo inciertos. Por ello, propone que las dependencias federales, en coordinación con el gobierno estatal y los municipios afectados, desarrollen acciones económicas y laborales que puedan ejecutarse independientemente del resultado de la enajenación de los activos.
La propuesta advierte que la paralización de la siderúrgica y su filial minera ha repercutido en trabajadores, familias, proveedores, transportistas, comercios y prestadores de servicios. También señala dificultades para conservar pequeñas y medianas empresas, recuperar empleos y atraer inversiones a una región históricamente vinculada con la industria del acero.
Para dimensionar las obligaciones laborales, Torres Cofiño refiere en la exposición de motivos un padrón de 13 mil 907 extrabajadores reconocidos y créditos laborales preferentes y no preferentes por 19 mil 248 millones 594 mil pesos. El propio documento aclara que esa cantidad no significa que existan recursos disponibles para pagarla de inmediato ni que todos los conceptos tengan la misma prioridad jurídica.
El pago efectivo, explica la proposición, dependerá de los recursos recuperados, las resoluciones judiciales y las disposiciones legales aplicables. Ante esa situación, plantea que la protección de los trabajadores incluya asesoría y representación para ejercer sus derechos, además del reconocimiento de sus créditos.
La primera medida consiste en exhortar al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), a fortalecer la supervisión administrativa de los especialistas que intervienen en los procedimientos de AHMSA y Minera del Norte. También solicita que informe públicamente sobre las medidas adoptadas, con respeto a la independencia judicial y a las disposiciones sobre reserva y confidencialidad.
La segunda busca que esa supervisión tenga seguimiento ante el Poder Legislativo. Torres Cofiño propone que el IFECOM incorpore en el informe semestral que debe enviar al Congreso de la Unión la información sobre las acciones de supervisión administrativa relacionadas con los especialistas de ambos concursos mercantiles.
Como tercera medida, dirigida a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Les solicita reforzar la orientación, asesoría y representación jurídica de trabajadores y extrabajadores, así como publicar un informe que permita conocer cuántas personas han atendido, cuáles son los principales conceptos reclamados y en qué estado se encuentran los asuntos en los que intervienen.
Con ello, la propuesta busca hacer verificable el acompañamiento institucional a quienes reclaman salarios, prestaciones y otros derechos laborales, dentro de las atribuciones de cada dependencia.
La cuarta medida plantea que la Secretaría de Economía, en coordinación con el gobierno de Coahuila y los municipios afectados, formule y ejecute una estrategia de recuperación para Monclova y la Región Centro. Esta deberá incluir atracción de inversiones, diversificación productiva, fortalecimiento de proveedores y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Este componente recoge el planteamiento central del documento que es atender la economía regional mientras continúa el procedimiento judicial, mediante actividades e inversiones que amplíen las oportunidades productivas y de empleo.
La quinta solicita a las secretarías de Hacienda y de Economía evaluar los instrumentos y programas legalmente disponibles para contribuir a la recuperación de empresas proveedoras y sectores afectados por la paralización de AHMSA y Minera del Norte. También pide que los resultados de esa evaluación sean públicos.
El planteamiento no establece montos de apoyo ni crea por sí mismo un fondo. La exposición de motivos precisa que las acciones deberán ajustarse a las reglas y a la disponibilidad presupuestaria, sin trasladar automáticamente al erario las obligaciones patrimoniales de particulares.
La sexta medida se concentra en las posibilidades de reincorporación al trabajo. Propone que la Secretaría del Trabajo, mediante el Servicio Nacional de Empleo y en coordinación con las autoridades de Coahuila, fortalezca la vinculación laboral, la capacitación, la certificación de competencias y la reconversión ocupacional de las personas afectadas por la suspensión de actividades de ambas empresas.
Estas acciones buscarían facilitar que los trabajadores encuentren otras oportunidades de empleo y puedan acreditar o adaptar sus habilidades a las necesidades de distintas actividades productivas.
La última medida solicita a todas las autoridades federales mencionadas publicar en sus páginas oficiales un informe sobre las acciones realizadas, los programas disponibles y las medidas adicionales que consideren procedentes para atender las consecuencias laborales y económicas de la crisis.
El plazo planteado es de 30 días naturales posteriores a la eventual aprobación del punto de acuerdo. Se trata de un término solicitado para informar, no de una fecha comprometida para pagar liquidaciones, entregar apoyos o reactivar las plantas.
La proposición se publica después del nuevo tropiezo en el proceso de venta. Como antecedente, el documento refiere que Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, CIESA, presentó una oferta de aproximadamente mil 400 millones de dólares, pero depositó solamente 5 mil pesos frente a una garantía de seriedad requerida de alrededor de 56.3 millones de dólares.
También retoma el acuerdo judicial del 14 de octubre, mediante el cual se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para determinar si los hechos pudieran constituir un delito y se autorizó a un grupo de acreedores garantizados negociar la formación de un consorcio para adquirir las empresas como unidad productiva, con un plazo máximo de 90 días naturales.
Torres Cofiño establece que la intervención de la Cámara debe respetar las facultades del juzgado: los exhortos no buscan ordenar una adjudicación, modificar la prioridad de los créditos ni anticipar el resultado del concurso mercantil. Su propósito es promover atención administrativa a las consecuencias de la crisis y exigir información verificable sobre esa actuación.
La publicación en la Gaceta Parlamentaria acredita el contenido de la propuesta, pero no su aprobación. Los siete exhortos todavía requieren resolución parlamentaria y no representan, por sí mismos, recursos autorizados ni apoyos en operación.
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