Washington, D. C., 03/09/26 (Más).- Agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) habrían recibido instrucciones para permitir que cargamentos de fentanilo siguieran en manos de traficantes mientras recopilaban pruebas destinadas a construir investigaciones penales de mayor alcance, una práctica que habría operado entre 2023 y 2025 y que ahora es objeto de cuestionamientos políticos, judiciales y de salud pública.
De acuerdo con información publicada por El País, testimonios de dos exagentes de la DEA recogidos originalmente por Associated Press señalan que la estrategia era conocida como “fentanyl walking”, es decir, permitir el tránsito del fentanilo sin proceder de inmediato a su aseguramiento.
La medida habría sido aplicada durante el gobierno de Joe Biden y continuado hasta los primeros meses del segundo mandato de Donald Trump.
Uno de los episodios señalados ocurrió en junio de 2023 en Albuquerque, Nuevo México, donde agentes antinarcóticos habrían vigilado una operación en la que traficantes vendieron aproximadamente 74 mil pastillas de fentanilo en un parque de casas móviles. Según los testimonios, los investigadores habían interceptado comunicaciones de la organización y estaban preparados para intervenir, pero recibieron instrucciones de no realizar el decomiso.
La misma estructura criminal habría realizado días antes otra entrega de fentanilo oculto dentro de una llanta de repuesto, sin que los agentes intervinieran para asegurar la droga.
El objetivo de la estrategia, según las versiones difundidas, era mantener bajo vigilancia a los integrantes de la red, reunir evidencias y avanzar hacia casos penales que permitieran desarticular estructuras de distribución más amplias.
David Howell, exagente de la DEA que presentó en 2023 una denuncia sobre estas presuntas irregularidades, describió la actuación de los investigadores durante uno de los operativos: “Lo único que hicimos fue quedarnos de brazos cruzados y observar”. Su testimonio forma parte de los elementos que han llevado a legisladores y autoridades estatales a exigir explicaciones sobre la forma en que fueron conducidas esas investigaciones.
Otro exsupervisor de la agencia, quien habló bajo condición de anonimato con Associated Press, aseguró que agentes de la oficina de Albuquerque permitieron que millones de píldoras de fentanilo permanecieran en circulación durante una investigación desarrollada en 2025 y extendida por varios estados.
La magnitud de esos cargamentos ha incrementado los cuestionamientos sobre los posibles efectos que la estrategia pudo tener en las comunidades afectadas por la crisis de sobredosis.
Ante estas revelaciones, el congresista republicano James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, solicitó a la DEA y al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentos, comunicaciones internas, expedientes y otros registros relacionados con la política. También el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, reclamó información sobre la estrategia y sus posibles consecuencias para la salud pública.
Comer cuestionó particularmente que una agencia federal hubiera permitido que grandes cantidades de una sustancia altamente peligrosa continuaran circulando. “Si bien es posible que los agentes de la DEA no cuenten con los recursos para interceptar todos y cada uno de los cargamentos, una política que les ordene no interceptar grandes envíos es inaceptable y, sin duda, provocó daños considerables y la pérdida de vidas”, afirmó el legislador.
El congresista ha centrado sus críticas en las actuaciones realizadas durante la administración de Joe Biden y sostiene que la DEA habría desatendido una directriz del Departamento de Justicia que ordenaba incautar inmediatamente el fentanilo por su elevada peligrosidad. Las solicitudes de información buscan establecer quién autorizó la estrategia, durante cuánto tiempo estuvo vigente y cuántas operaciones se realizaron bajo esos criterios.
La DEA ha rechazado que deliberadamente permitiera que el fentanilo llegara a las comunidades. Su portavoz Amanda Wozniak sostuvo que las decisiones adoptadas durante las investigaciones fueron “legales”, “razonables” y “coherentes con las directrices” del Gobierno estadounidense. Asimismo, declaró: “Las descripciones públicas que sugieren que la DEA permitió deliberadamente que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y tergiversan fundamentalmente los hechos”.
La polémica ocurre mientras las autoridades estadounidenses enfrentan cuestionamientos adicionales por los cambios en las prioridades de las agencias encargadas de combatir el tráfico de drogas.
Durante el gobierno de Donald Trump se habría reducido la atención destinada a determinadas investigaciones contra redes de distribución de fentanilo, mientras agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional, perteneciente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, fueron reasignados a operativos relacionados con la detención de migrantes indocumentados.
La práctica de permitir que las drogas continuaran bajo control de redes criminales mientras los agentes mantenían la vigilancia ha provocado comparaciones con la operación Rápido y Furioso, aplicada durante la administración del presidente Barack Obama.
En aquella estrategia, autoridades estadounidenses permitieron que más de dos mil rifles y pistolas fueran adquiridos y trasladados hacia México con la intención de seguir su ruta y ubicar a organizaciones criminales.
Las autoridades estadounidenses perdieron posteriormente el rastro de buena parte de aquellas armas y algunas terminaron en poder de integrantes de organizaciones delictivas mexicanas. Una fue relacionada con el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry en 2010 y otra fue utilizada en 2011 en el homicidio en México del agente estadounidense Jaime Zapata.
En el caso del fentanilo, hasta ahora no existe certeza sobre cuántas de las pastillas que no fueron aseguradas terminaron distribuidas en las calles ni si alguna de ellas estuvo relacionada directamente con sobredosis mortales. Esa dificultad es uno de los principales obstáculos para determinar el impacto concreto que habría tenido la estrategia aplicada por los agentes federales.
Durante el periodo en el que presuntamente estuvo vigente esa práctica, Nuevo México registró un incremento de 21 por ciento en las muertes relacionadas con consumo excesivo de drogas, mientras que en el conjunto de Estados Unidos los fallecimientos por sobredosis disminuyeron 14 por ciento. Las cifras no establecen por sí mismas una relación causal con las operaciones de la DEA, pero han intensificado los reclamos para esclarecer sus posibles consecuencias.
“El fentanilo está devastando a familias en todo Nuevo México y merecemos saber la verdad sobre la práctica de la DEA de permitir que ese veneno llegue a nuestras comunidades”, declaró el fiscal Raúl Torrez, quien presentó una demanda ante una corte federal de Albuquerque para exigir que el Departamento de Justicia y la DEA entreguen la información relacionada con las operaciones.
La controversia se mantiene abierta mientras legisladores y autoridades de Nuevo México buscan determinar quién autorizó estas prácticas, cuántos cargamentos fueron dejados bajo vigilancia sin ser decomisados y cuáles fueron los resultados obtenidos por las investigaciones.
La DEA, por su parte, rechaza que se haya tratado de una política destinada a permitir la distribución de fentanilo y sostiene que sus agentes actuaron dentro de los parámetros legales y operativos establecidos para investigaciones criminales.
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