Los supuestos compromisos que AMLO cumplió con el narco

La periodista Anabel Hernández sostiene que López Obrador habría recibido apoyo económico de grupo criminal. La estrategia de no confrontación sería uno de los acuerdos

Ciudad de México, 03/09/26 (Más).- La periodista Anabel Hernández sostiene que Andrés Manuel López Obrador habría adquirido una serie de compromisos con integrantes del Cártel de Sinaloa desde su campaña presidencial de 2006 y que, una vez que llegó al gobierno federal en 2018, algunas decisiones de su administración habrían coincidido con aquellas supuestas promesas, entre ellas limitar la operación de la DEA en México, proteger a miembros de la organización criminal y evitar una política de confrontación directa contra el grupo.

De acuerdo con información publicada por Infobae, Hernández presentó estos señalamientos durante una entrevista relacionada con su libro “Narcocracia”, en el que aborda presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos mexicanos.

Las afirmaciones corresponden a la investigación periodística de la autora y a testimonios que atribuye a integrantes o exintegrantes del crimen organizado, por lo que no constituyen por sí mismas una resolución judicial que determine responsabilidad penal de López Obrador.

Uno de los principales episodios descritos por la periodista se remonta a la campaña presidencial de 2006. Hernández asegura que López Obrador habría sostenido una reunión con Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, quien entonces formaba parte del Cártel de Sinaloa. Según el relato que la autora atribuye al exintegrante del grupo criminal, durante ese encuentro habría sido entregada al entonces candidato una maleta que contenía más de 500 mil dólares para financiar actividades políticas.

Hernández sostiene que, a cambio de ese supuesto respaldo económico, López Obrador habría ofrecido determinadas garantías al grupo criminal en caso de alcanzar la Presidencia de la República. Entre los compromisos que menciona se encontraba reducir la capacidad de operación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, dentro del territorio mexicano, brindar protección a integrantes del cártel y permitir la continuidad de sus actividades a cambio de mantener niveles reducidos de violencia.

La periodista relató que posteriormente preguntó a Villarreal Barragán qué pensó cuando López Obrador finalmente ganó las elecciones presidenciales en 2018. Según Hernández, el exintegrante del Cártel de Sinaloa respondió: “Cumplió paso a paso las promesas que le hizo al cártel. En ese sentido, fue un hombre de palabra”. A partir de esa versión, Hernández añadió su propia valoración: “El problema es que fue un hombre de palabra con los criminales y un traidor con los mexicanos”.

Entre las decisiones gubernamentales que la autora asocia con esas presuntas promesas se encuentran las medidas adoptadas durante el sexenio de López Obrador para establecer mayores controles sobre la operación de agentes extranjeros en México.

Hernández considera que las restricciones aplicadas particularmente a integrantes de la DEA coincidieron con lo que, de acuerdo con su investigación, habría sido planteado por López Obrador ante integrantes del Cártel de Sinaloa desde años antes de asumir la Presidencia.

Otro de los hechos que Hernández relaciona con una supuesta protección al grupo criminal fue la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en octubre de 2019, cuando elementos del Ejército mexicano habían detenido a Guzmán López en Culiacán, Sinaloa, pero el gobierno federal decidió liberarlo después de que integrantes del crimen organizado desplegaron acciones violentas en distintos puntos de la ciudad. El gobierno de López Obrador sostuvo entonces que la decisión tuvo como objetivo evitar una escalada de violencia y proteger la vida de civiles.

Hernández, sin embargo, interpreta aquel episodio como un elemento adicional dentro de la relación que atribuye al gobierno federal con el Cártel de Sinaloa.

A este hecho suma el encuentro que López Obrador sostuvo en marzo de 2020 con María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín Guzmán Loera, durante una gira presidencial por Sinaloa. Para la periodista, ambos acontecimientos deben analizarse dentro del contexto de los presuntos compromisos que, según su investigación, habrían sido establecidos desde campañas electorales anteriores.

La autora también sostiene que el supuesto financiamiento del Cártel de Sinaloa a las campañas de López Obrador no se habría limitado a la elección de 2006. Según su versión, el grupo criminal también habría aportado recursos en las campañas presidenciales de 2012 y 2018, aunque precisa que las fuentes de información son distintas en cada periodo.

Para 2006 atribuye conocimiento directo a El Grande, mientras que para los procesos posteriores afirma haber recurrido a testimonios de otros integrantes de la organización y de personas vinculadas con las campañas políticas.

Entre esas fuentes menciona a Dámaso López Serrano, “Mini Lic”, además de personas que, según afirma, estuvieron relacionadas con el equipo electoral de López Obrador.

Al referirse a la extensión temporal de estos supuestos apoyos, Hernández señaló: “Lo que logro saber después de saber eso (…) es que este financiamiento ocurrió en el 2012 y en el 2018”.

La periodista también aseguró que una investigación de autoridades estadounidenses, supervisada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, habría reunido testimonios sobre una presunta entrega de recursos del Cártel de Sinaloa para la campaña presidencial de 2006. Según su relato, Villarreal Barragán habría mencionado a López Obrador durante declaraciones realizadas ante autoridades de México y Estados Unidos, además de referirse a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal.

Hernández sostiene que Villarreal Barragán habría descrito posteriormente la reunión en la que presuntamente entregó dinero al entonces candidato presidencial.

La periodista utiliza ese testimonio como una de las bases centrales de su investigación sobre la presunta relación entre estructuras políticas y organizaciones criminales, aunque las versiones difundidas dependen de testimonios y fuentes que la autora atribuye a los hechos investigados.

Otro personaje mencionado por Hernández es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, actualmente con licencia. La periodista sostiene que el mandatario estatal habría recibido apoyo y financiamiento del Cártel de Sinaloa durante las elecciones de 2021, como parte de una presunta operación destinada a favorecer determinadas candidaturas. Estos señalamientos se incorporan a la tesis general planteada por la autora sobre una supuesta intervención de grupos criminales en procesos políticos y electorales.

Sobre el periodo presidencial de López Obrador, Hernández afirmó: “El Cártel de Sinaloa floreció durante el sexenio de López Obrador”. La periodista relaciona esta apreciación con la expansión de la producción y tráfico de fentanilo desde México hacia Estados Unidos y con la política de seguridad aplicada por la administración federal, que privilegió evitar enfrentamientos directos con organizaciones criminales y que fue sintetizada políticamente bajo la expresión “abrazos, no balazos”.

Hernández aclara dentro de su planteamiento que las relaciones entre gobiernos mexicanos y grupos del crimen organizado no habrían comenzado durante el sexenio de López Obrador, sino que, de acuerdo con sus investigaciones, existen antecedentes en administraciones anteriores. No obstante, sostiene que durante el gobierno del político tabasqueño ese fenómeno habría alcanzado una dimensión distinta debido a las decisiones adoptadas en materia de seguridad y a los episodios que vincula con integrantes del Cártel de Sinaloa.