Por Leopoldo Maldonado
El derecho a buscar y recibir información enfrenta una paradoja. Nunca habíamos tenido tantas posibilidades de acceder, producir y compartir información y, al mismo tiempo, nunca había sido tan complejo distinguir qué fuerzas determinan aquello que vemos, conocemos y discutimos.
La reciente conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información permitió recordar avances importantes. Hoy, 139 Estados miembros de Naciones Unidas cuentan con garantías constitucionales, legales o de política pública para acceder a información. Reconocer un derecho en una ley es apenas el principio. Su efectividad depende de órganos independientes, recursos suficientes, mecanismos de revisión, archivos adecuados y divulgación proactiva de información de interés público. Es precisamente en esto último que fallan la mayoría de estados.
A estos desafíos se suman otros que están transformando nuestros ecosistemas informativos. Hablamos de la desinformación, la concentración de poder privado en las plataformas digitales y sistemas algorítmicos que determinan la visibilidad y alcance de los contenidos. Enfrentarlos requiere transparencia, rendición de cuentas y debida diligencia en derechos humanos. Pero también demanda cautela ante leyes vagas contra las llamadas “noticias falsas” o la desinformación , mismas que han sido utilizadas en distintos países contra periodistas, personas defensoras y voces críticas.
Esta discusión adquiere una dimensión particular cuando miramos a los partidos políticos. Los partidos no son únicamente organizaciones que compiten por votos. Son una de las principales vías mediante las cuales las personas participan en los asuntos públicos, construyen agendas y acceden al poder. Buena parte de quienes después gobernarán nuestras sociedades aprenden y ejercen ahí sus primeras prácticas democráticas. Si en los partidos se incentiva la estigmatización, la discriminación de género, la intolerancia al disenso, ataques coordinados a voces críticas o la desinformación, difícilmente sus militantes se comportarán de otra manera al arribar al poder.
Por eso importa lo que sucede dentro de ellos. Esta semana, junto con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, presentamos una Declaración Conjunta* acompañada de un Anexo de Adopción Voluntaria para el Fortalecimiento Democrático de los Partidos Políticos **. La propuesta parte de una idea, en principio, sencilla: no podemos exigir instituciones democráticas hacia afuera si toleramos prácticas contrarias a los derechos humanos dentro de las organizaciones que aspiran a gobernarlas.
Esto supone, primero, proteger la libertad de expresión y el disenso dentro de los propios partidos. La crítica, la sátira, los juicios de valor y la información de interés público deben permanecer, como regla general, protegidos. También supone respetar a la prensa y el trabajo periodístico, garantizar espacios de participación para las militancias y fortalecer mecanismos internos de rendición de cuentas.
Pero la libertad de expresión no impide que los partidos asuman responsabilidades frente a fenómenos que deterioran la conversación democrática. Es necesario desarrollar respuestas frente a la desinformación y frente a la incitación a la discriminación, el odio, la hostilidad o la violencia, así como prevenir la violencia política y digital de género. También son necesarias reglas de transparencia sobre comunicación electoral y criterios responsables para el uso de inteligencia artificial.
La cuestión decisiva es cómo hacerlo. La respuesta no puede consistir en crear categorías tan amplias que terminen castigando aquello que precisa una democracia; me refiero a la crítica, el desacuerdo y la expresión política. Cualquier restricción debe estar acompañada de salvaguardas de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Esto implica que las restricciones no pueden generar un efecto inhibitorio a la libertad de disentir.
Existe además una dimensión que merece especial atención. La violencia y el acoso, particularmente contra las mujeres que participan en política, pueden terminar expulsando voces del espacio público. Proteger la libertad de expresión implica también crear condiciones para que todas las personas puedan ejercerla efectivamente.
Los partidos también pueden contribuir a la alfabetización mediática, transparentar sus estrategias de comunicación, rendir cuentas sobre el uso de tecnologías y construir mecanismos internos que protejan tanto el debate vigoroso como la dignidad y seguridad de quienes participan en él.
El Anexo que presentamos es voluntario y no crea obligaciones para los Estados. Más bien busca ofrecer una referencia para que partidos y movimientos políticos incorporen estas prácticas en sus estatutos, códigos de ética y reglamentos internos. También debo precisar que se pensó para las Américas, pero tiene la vocación de replicarse en diversas regiones del mundo.
La democracia comienza dentro de los institutos políticos como semilleros de cuadros. Es ahí que quienes aspiran a ejercer el poder aprenden a convivir con la crítica, la diferencia y los derechos de las demás. Si dentro de los partidos perdemos la lucha contra la censura, la violencia, la desinformación y la violencia política contra las mujeres, difícilmente la ganaremos con y frente a los gobiernos.
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