Ciudad de México, 03/11/26 (Más).- Pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, familiares, cuidadores y organizaciones defensoras del derecho a una muerte digna realizaron una protesta frente a la Secretaría de Salud federal para exigir que avance la iniciativa conocida como Ley Trasciende, que busca legalizar la eutanasia y la muerte médicamente asistida en México.
De acuerdo con información publicada por El País y Animal Político, los manifestantes realizaron una clausura simbólica de las instalaciones de la dependencia, encabezada por David Kershenobich, para denunciar que desde febrero de 2026 permanece pendiente una opinión técnica solicitada por el Senado, documento que consideran indispensable para continuar el proceso legislativo de la propuesta.
La movilización fue encabezada por Samara Martínez, periodista, académica, activista y paciente con enfermedades crónico-degenerativas, quien impulsó la iniciativa a partir de su propia experiencia médica y de los casos de personas que enfrentan padecimientos incurables y sufrimiento prolongado.
Durante la protesta, alrededor de medio centenar de personas colocaron calcomanías con la leyenda de clausurado en las puertas de la Secretaría de Salud, además de instalar un altar de muertos con fotografías de personas que fallecieron sin tener acceso a mecanismos legales para decidir sobre el final de sus vidas.
La ofrenda fue acompañada de pétalos de cempasúchil, papel picado, veladoras y mensajes como “Muerte digna ya” y “Por quienes trascendieron con dolor”. También colocaron un ataúd rodeado de flores, como parte de una representación para visibilizar las condiciones que enfrentan pacientes con enfermedades terminales.
Martínez explicó que la iniciativa fue presentada ante el Senado el 28 de octubre de 2025 y que, pese al tiempo transcurrido, no ha logrado avanzar debido a la falta de respuesta de las autoridades sanitarias. Señaló que la solicitud de opinión técnica permanece detenida y que esta situación ha retrasado el trabajo de las comisiones legislativas.
La Ley Trasciende plantea una reforma constitucional para incorporar el derecho a una muerte digna, así como modificar disposiciones legales para despenalizar la eutanasia, el homicidio por piedad y el suicidio médicamente asistido bajo determinadas condiciones. También propone eliminar la prohibición expresa de estas prácticas contenida en la legislación sanitaria vigente.
Actualmente, las iniciativas relacionadas con esta propuesta fueron turnadas a distintas comisiones del Congreso, entre ellas las de Justicia, Salud y Puntos Constitucionales. Sin embargo, los plazos reglamentarios para su dictaminación ya fueron rebasados, lo que representa el riesgo de que los proyectos pierdan vigencia legislativa y deban presentarse nuevamente.
Aurélien Guilabert, coordinador de Coaliciones de Práctica: Laboratorio para la Democracia e integrante del movimiento ¡Muerte Digna Ya!, señaló que la falta de respuesta institucional representa una omisión que impide avanzar en el debate legislativo, luego de meses de reuniones, foros y encuentros con distintos sectores sociales.
Por su parte, la Secretaría de Salud organizó el 27 de agosto el primer Foro Nacional sobre Bioética y Muerte Digna, en el que participaron especialistas, pacientes y organizaciones civiles. Durante ese encuentro, la dependencia planteó la necesidad de analizar las implicaciones médicas, científicas y jurídicas del tema, además de escuchar las distintas posturas existentes.
No obstante, para las organizaciones convocantes, el foro no sustituyó la opinión técnica solicitada por el Senado ni representó una respuesta formal a la iniciativa, por lo que mantienen su exigencia de que la dependencia entregue el documento necesario para continuar la discusión.
Entre los participantes también estuvieron integrantes del Movimiento México Incluyente, quienes respaldan la despenalización de la eutanasia y consideran que las personas deben tener la posibilidad de decidir sobre su vida cuando enfrentan enfermedades terminales o condiciones de sufrimiento permanente.
Asimismo, representantes de organizaciones dedicadas a la atención de pacientes con fibromialgia señalaron que el debate sobre la muerte digna debe considerar también las necesidades de quienes viven con dolor crónico, padecimientos poco visibles y falta de reconocimiento institucional, así como las dificultades para acceder a tratamientos y servicios médicos.
En paralelo, la discusión comenzó a trasladarse al ámbito local de la Ciudad de México, donde este 3 de noviembre se prevé el inicio de una serie de foros legislativos sobre el derecho a decidir al final de la vida. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, también solicitó abrir el debate durante la presentación de su segundo informe de gobierno, a mediados de octubre.
Los promotores de la Ley Trasciende sostienen que la eventual legalización de la eutanasia no obligaría a ninguna persona a recurrir a ella, sino que establecería una alternativa para quienes, bajo criterios médicos y legales, decidan solicitar asistencia para terminar con un sufrimiento que consideran irreversible.
Finalmente, los manifestantes convocaron a las autoridades federales y legislativas a retomar el análisis de la propuesta y atender las demandas de pacientes, familiares y organizaciones civiles, al considerar que los tiempos de discusión parlamentaria no corresponden necesariamente con las necesidades de quienes enfrentan enfermedades avanzadas.
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