Culiacán, Sinaloa, 03/11/26 (Más).- El sacerdote Clemente Morales Topete permaneció privado de su libertad durante tres días, periodo en el que fue golpeado, sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y recibió amenazas de muerte por parte de un grupo de personas desconocidas, informó la Diócesis de Culiacán, luego de que el religioso regresara a su parroquia tras haber sido reportado como desaparecido.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez, detalló las agresiones en una carta circular difundida el domingo 1 de noviembre, en la que confirmó que el párroco de la iglesia Cristo Resucitado fue privado ilegalmente de su libertad y trasladado a un sitio desconocido, donde sus captores le exigieron información que no tenía.
Morales Topete había sido reportado como desaparecido desde la tarde del sábado 24 de octubre, cuando acudió a una consulta médica en el fraccionamiento Montebello, al sur de Culiacán. Fue hasta el martes 27 cuando regresó por sus propios medios a la casa parroquial.
Aunque la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó su localización ese mismo martes, inicialmente no se habían dado a conocer las condiciones en las que permaneció durante su desaparición ni las agresiones que habría sufrido mientras estuvo retenido.
En el documento, la Diócesis señaló que el sacerdote fue sometido a golpes y quemaduras graves, además de recibir amenazas de muerte de manera reiterada durante los tres días que permaneció en poder de sus captores. Las agresiones, indicó la institución religiosa, ocurrieron mientras le exigían información que desconocía.
Al regresar a la parroquia, el religioso presentaba múltiples lesiones y quemaduras en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a una clínica para recibir atención médica especializada. Aunque las heridas no representaban un riesgo inmediato para su vida, requerían seguimiento y cuidados médicos.
La Diócesis también informó que el sacerdote presentaba afectaciones psicológicas y emocionales derivadas de las amenazas y la violencia que enfrentó. Actualmente permanece bajo observación médica y su evolución es favorable, aunque su recuperación requerirá tiempo y acompañamiento integral.
Por su parte, el obispo Jesús José Herrera Quiñónez confirmó que las investigaciones sobre la privación de la libertad continúan abiertas, por lo que pidió evitar especulaciones y señalamientos contra posibles responsables mientras las autoridades desarrollan las diligencias correspondientes.
En la misma carta, el representante de la Iglesia católica expresó su preocupación por los niveles de violencia que enfrenta Sinaloa y cuestionó los resultados de las estrategias de seguridad implementadas por los gobiernos municipal, estatal y federal.
Herrera Quiñónez señaló que, después de más de dos años de violencia, las desapariciones, las privaciones ilegales de la libertad, los homicidios y los feminicidios continúan afectando a las familias sinaloenses, por lo que consideró que las acciones realizadas hasta ahora no han sido suficientes para recuperar la tranquilidad de la población.
El obispo también sostuvo que los discursos oficiales y las estadísticas de seguridad deben traducirse en resultados verificables, mayor protección ciudadana, investigaciones eficaces y condiciones que permitan recuperar la paz en la entidad.
Ante esta situación, pidió fortalecer las estrategias de prevención del delito, seguridad pública, búsqueda de personas desaparecidas, procuración de justicia y atención integral a las víctimas, además de reconocer el sufrimiento de las familias que continúan buscando a sus seres queridos.
En su mensaje, Herrera Quiñónez hizo un llamado a quienes ejercen violencia para que detengan las agresiones y respeten la vida y la dignidad humana. Asimismo, pidió a la sociedad evitar burlas, juicios anticipados y señalamientos contra las personas que han sido víctimas de la delincuencia, particularmente mediante publicaciones en redes sociales.
Finalmente, convocó a instituciones gubernamentales, organizaciones civiles, empresarios, medios de comunicación y ciudadanos a participar en acciones que contribuyan a reconstruir la paz en Sinaloa, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer la privación de la libertad y las agresiones contra el sacerdote.
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