Escrutinio
Rodrigo Morales M.
El jueves pasado la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviaría al Congreso una iniciativa de ley para evaluar si los aspirantes a cargos públicos tienen alguna vinculación con la delincuencia organizada. Para ello se tiene prevista la creación de una comisión de cinco consejeros del INE que verificaría la integridad de las candidaturas.
Según la explicación ofrecida por la Consejería Jurídica, los partidos de manera voluntaria entregarían el listado de aspirantes a la comisión, y esta a su vez la turnaría a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Centro Nacional de Inteligencia y a la Fiscalía General de la República.
Estas instancias determinarían si existe algún tipo de riesgo razonable y los partidos tendrían la responsabilidad de postular o no a los candidatos señalados. Surgen varías dudas: si el INE solo es un conducto entre los partidos y las instancias encargadas de investigar, ¿para qué crear una comisión de consejeros?, ¿cuál podría ser la deliberación de esta?
Al crear esta instancia en el INE se asume que solo tendría competencia para el registro de cargos a nivel federal (diputados, senadores y presidencia); sin embargo, en la presentación de la iniciativa la presidenta la relacionó con la Operación Enjambre en lo que llamó casos aislados. Pero todos esos casos son de competencia municipal.
¿Por qué la nueva medida es solo una ocurrencia?
Es probable que ahora esa nueva ventanilla del INE sirva para todos los cargos, en cuyo caso podemos tener una verdadera pesadilla operativa. Si los partidos presentan listado de aspirantes, hay que asumir que es justo después de las precampañas, y si todos los partidos deciden presentar sus listados a todos los cargos que estarán en disputa, las autoridades revisoras de los expedientes tendrían muy poco tiempo para generar observaciones.
En fin, la nueva medida con que se pretende solucionar el creciente problema del vínculo de la delincuencia organizada con la política es solo una ocurrencia. El problema es que, si se le inventan nuevas atribuciones a instituciones que se han ido vaciando de imparcialidad, el riesgo de que se consolide la administración de justicia politizada es muy alto. En este caso, aunque las atribuciones de la comisión aún no están claras, la posibilidad de incidir en procesos internos es un peligro.
Finalmente, la otra iniciativa de anular elecciones si se comprueba injerencia extranjera es otro riesgo: además de que abarata la nulidad y potencia la arbitrariedad, se yergue como un recurso de última instancia si el oficialismo pierde alguna elección. No es con estas iniciativas que se van a resolver los problemas estructurales de nuestros comicios: el periodo extraordinario será otra oportunidad perdida para enderezar las condiciones de la competencia electoral.
La Operación Enjambre ha revelado la expresión municipal de un problema mucho mayor y sistemático. Si se pretende resolver el problema de fondo hay que potenciar la fiscalización de los recursos, hay que imponer penas verdaderamente ejemplares y recurrir a mecanismos más robustos de cooperación internacional. Por lo pronto, con estas medidas el huachicol y la impunidad pueden dormir tranquilos.
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