La nueva ley ambiental podría dar a la Semarnat mayor control sobre cambios de uso de suelo y desarrollo urbano. La iniciativa incorpora una evaluación para analizar los efectos de grandes desarrollos
Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 27/08/26 (Más).- Si se aprueba la nueva ley ambiental propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, podrían cambiar las reglas para construir y desarrollar proyectos alrededor de la Sierra de Zapalinamé, sobre todo porque la Semarnat tendría una mayor participación en decisiones sobre uso de suelo, desarrollo urbano, protección del agua y conservación de las áreas cercanas a zonas naturales protegidas.
Los posibles efectos se desprenden de una revisión del borrador público que la propia Semarnat sometió al proceso regulatorio el pasado 14 de mayo, antecedente de la iniciativa de Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental que la presidenta Claudia Sheinbaum firmó ayer miércoles para enviarla a la Cámara de Diputados.
La presidencia informó que la nueva legislación pretende sustituir y actualizar integralmente el marco ambiental construido alrededor de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1988, fortaleciendo prevención, conservación, restauración, participación y justicia ambiental.
Para Zapalinamé, uno de los cambios de mayor alcance podría encontrarse no solamente dentro del polígono protegido, sino en los terrenos que lo rodean y sobre los cuales avanza el desarrollo urbano de Saltillo.
Durante la presentación de la iniciativa, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó que la propuesta busca modificar la distribución de competencias entre Federación, estados y municipios.
Particularmente señaló que los programas municipales de ordenamiento ecológico requerirían el aval de Semarnat y afirmó que los municipios “no pueden hacer cambios de desarrollo urbano sin que pasen por nosotros”.
De conservarse este mecanismo en el texto definitivo una vez aprobado por el Congreso, tendría un efecto directo sobre uno de los principales problemas que enfrenta Zapalinamé, que es la presión inmobiliaria sobre las zonas colindantes, pues un cambio municipal de planeación o de desarrollo urbano dejaría de depender exclusivamente de las decisiones locales y tendría que atravesar un nuevo filtro ambiental federal.
El borrador de mayo refuerza precisamente el ordenamiento ecológico del territorio, incorporando entre los criterios que deben considerarse la disponibilidad de servicios ecosistémicos, los procesos de degradación, los cuerpos de agua, la restauración ambiental y la gestión de riesgos. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que analizó esa versión pública, considera que este es uno de los avances relevantes de la propuesta.
La aplicación en Zapalinamé tendría especial importancia por su función hidrológica: La Reserva Natural Estatal Sierra de Zapalinamé comprende 25 mil 768.68 hectáreas, mientras que la Zona de Restauración Ecológica Zapalinamé abarca otras mil 966.81 hectáreas; esta última colinda directamente con Saltillo y con la reserva y el propio Gobierno de Coahuila reconoce que ha sido afectada por deforestación y urbanización, que contiene una zona de recarga del acuífero y que es necesario evitar su urbanización.
Otro cambio potencialmente importante aparece en el artículo 123 del borrador de mayo, que faculta a la autoridad administradora de las áreas naturales protegidas para emitir opiniones vinculantes durante procedimientos de evaluación de impacto ambiental, cambios de uso de suelo y otros permisos, concesiones o autorizaciones relacionados con proyectos localizados tanto dentro de las áreas protegidas como en sus zonas de influencia.
La disposición podría resultar particularmente trascendente en la periferia de Zapalinamé porque permitiría incorporar criterios de conservación aun tratándose de obras situadas fuera de la línea estricta del área protegida; sin embargo, deberá revisarse el texto final para determinar si esta facultad alcanza en esos términos a una reserva natural estatal como Zapalinamé y cómo se delimitarían jurídicamente sus zonas de influencia.
La iniciativa también incorpora la evaluación ambiental estratégica, destinada a analizar desde las etapas de planeación los efectos ambientales de planes, programas y determinados proyectos de infraestructura nacional o estratégica. En Coahuila podría cobrar relevancia ante futuras vialidades, infraestructura energética u otros proyectos de gran escala que involucren la sierra o su entorno, pues permitiría estudiar sus consecuencias territoriales antes de analizar solamente una obra aislada.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.