Chetumal, Quintana Roo15/08/25 (Más).- La presidenta Claudia Sheinbaum declaró este viernes que los presuntos sobornos realizados a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), señalados por autoridades estadounidenses, no se concretaron durante la administración de Octavio Romero Oropeza, quien estuvo al frente de la paraestatal entre 2018 y 2021.
Desde Chetumal, Quintana Roo, la mandataria ofreció esta información en el marco de su conferencia matutina.
De acuerdo con Sheinbaum, se ha recibido un nuevo informe que detalla el intento de corrupción por parte de dos empresarios mexicanos hacia funcionarios de Pemex y su filial de Exploración y Producción (PEP).
Según lo expresado por la jefa del Ejecutivo Federal, “no se concretaron” los contratos que habrían sido entregados a cambio de sobornos. “Tenemos más información (…). Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo”, afirmó.
Sheinbaum también señaló que la responsable de brindar detalles adicionales será Raquel Buenrostro Sánchez, actual titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien ha encabezado las indagatorias internas relacionadas con el caso. La presidenta afirmó que será esa dependencia la encargada de proporcionar un informe más profundo sobre la línea de investigación que su gobierno ha desarrollado hasta el momento.
Los señalamientos surgen luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga de haber entregado aproximadamente 150 mil dólares en efectivo, así como artículos de lujo –incluidos relojes de la marca Hublot y bolsas Louis Vuitton– a funcionarios de Pemex a cambio de contratos por al menos 2.5 millones de dólares entre 2019 y 2021.
Ambos empresarios mexicanos, con residencia permanente en Estados Unidos, han sido imputados bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que contempla penas de hasta cinco años de prisión por cada uno de los cargos que enfrentan. Entre las pruebas recabadas por las autoridades estadounidenses se encuentran conversaciones de WhatsApp, objetos de lujo y documentos que vinculan las operaciones irregulares con funcionarios de Pemex.
Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años y originario de Tabasco, es fundador y director de Roma Energy, con sede en Texas. También posee empresas en México como Tubular Technology y Energy On Shore. Según los informes, estas compañías obtuvieron contratos millonarios con Pemex durante el periodo 2018-2021. Las investigaciones apuntan a que Rovirosa habría coordinado una red empresarial con conexiones más amplias, vinculadas a personas con antecedentes de fraude fiscal y administrativo.
Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, es identificado como político afiliado al Partido Acción Nacional (PAN) y exsubdirector de Pemex Exploración y Producción. Su historial incluye una implicación en el caso de las facturas falsas de la empresa Oceanografía. Ávila actualmente se encuentra prófugo de la justicia, mientras que Rovirosa ya fue detenido y presentado ante un juez en Estados Unidos.
La presidenta Sheinbaum confirmó que los actos detectados ocurrieron durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque subrayó que los contratos nunca fueron concretados. Esta aclaración, según dijo, es parte de un esfuerzo por transparentar el proceso y deslindar responsabilidades ante los señalamientos internacionales.
De acuerdo con la información oficial, tres posibles funcionarios habrían sido identificados como receptores de los pagos ofrecidos por los empresarios, aunque sus nombres no fueron revelados por la presidenta ni por la Secretaría Anticorrupción.
El caso ha generado atención por tratarse de uno de los esquemas de corrupción más recientes revelados en el sector energético nacional y porque implica nuevamente a figuras con trayectoria tanto en el ámbito empresarial como en el servicio público. Las autoridades mexicanas han indicado que colaborarán con las investigaciones en curso y que se hará una revisión exhaustiva de los contratos adjudicados a las empresas involucradas durante el periodo señalado.
Hasta ahora, el gobierno federal no ha detallado si los funcionarios señalados serán sometidos a investigación penal en México. La Secretaría Anticorrupción ha reiterado que dará seguimiento puntual a las líneas de investigación abiertas tanto a nivel nacional como internacional.
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.