Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila, 23/07/26 (Más).- A casi ocho meses de que fue presentado como un proyecto autorizado para permitir que Coahuila sustituyera la exportación de ganado en pie por la venta de carne procesada a Estados Unidos, el rastro TIF de Monclova permanece sin obras, sin licitación y sin las certificaciones sanitarias necesarias para colocar sus productos en el mercado estadounidense.
El tiempo transcurrido ya tiene un costo. Con base en el volumen histórico de exportación y en el diferencial de precios calculado por el propio Gobierno de Coahuila, los ganaderos podrían estar dejando de recibir entre 26 y 30 millones de pesos mensuales por no poder vender sus becerros en Estados Unidos y tener que colocarlos en el mercado nacional a precios inferiores.
Un rastro TIF es un establecimiento de sacrificio y procesamiento de animales con certificación tipo inspección federal, otorgada por el Senasica y que acredita que opera bajo controles federales de higiene, sanidad, inocuidad y bienestar animal por lo que sus productos pueden comercializarse en todo México y, cuando cumplen requisitos adicionales, exportarse.
El proyecto del rastro fue anunciado el 4 de diciembre de 2025 como parte de la respuesta federal y estatal al cierre fronterizo provocado por el gusano barrenador; en ese momento, la Secretaría de Desarrollo Rural informó que habían sido autorizados un rastro con capacidad de exportación, una empacadora y un centro regional de subastas en Monclova.
Sin embargo, la misma información precisaba que todavía faltaba firmar el fideicomiso, definir la mezcla de subsidios y financiamiento y convocar la licitación. La Unión Ganadera Regional de Coahuila sería la encargada de operar el fideicomiso y determinar el concurso de obra.
La palabra “autorizado” significó que el proyecto se incorporara al programa de apoyo, no a una certificación sanitaria concedida a una planta en funcionamiento.
Siete meses después, todavía esperan el dinero
El 26 de marzo de 2026, el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, informó que el complejo tendría una inversión de 170 millones de pesos (alrededor de 50 por ciento de recursos federales, entre 30 y 35 por ciento estatales y el resto mediante financiamiento)
En esa fecha tampoco había comenzado la obra. La dependencia indicó que primero debía concluir el proceso administrativo con la nueva mesa directiva de la Unión Ganadera, después depositar los recursos en el fideicomiso y, posteriormente, realizar la licitación y desarrollar el proyecto ejecutivo.
El 3 de junio, Montmayor Garza aseguró que los recursos habían comenzado a llegar a los fideicomisos y calculó que la reconstrucción del rastro podría iniciar aproximadamente un mes después. En el financiamiento participarían los gobiernos federal y estatal, la banca – con menciones a Mifel y Bancomext– y organismos ganaderos.
El plazo anunciado venció sin que se reportara el inicio de las obras. El 16 de julio, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, declaró que el proyecto continuaba en espera de que fueran liberados los recursos. El Municipio, mientras tanto, apenas prepara la remodelación del antiguo camino a Hermanas para conectar las instalaciones de la Unión Ganadera con el terreno donde se pretende construir el complejo.
Incluso esa obra complementaria podría realizarse hasta el último trimestre de 2026 o durante los primeros meses de 2027. Para el rastro no se proporcionó una fecha firme de inicio.
Las declaraciones dejan la contradicción de que mientras en junio se informó que el dinero ya comenzaba a llegar al fideicomiso y que la obra arrancaría en un mes; seis semanas después, el Ayuntamiento seguía esperando la liberación de los recursos.
Tampoco se ha dado a conocer públicamente una convocatoria de licitación, un fallo, una empresa constructora, un contrato, un proyecto ejecutivo concluido o una fecha para colocar la primera piedra.
De hecho, el costo tampoco cuadra: las cifras oficiales sobre la inversión han variado entre 155 y 180 millones de pesos. En marzo pasado se habló de 170 millones. En otras declaraciones se mencionó un techo inicial de 180 millones y un costo final de entre 155 y 160 millones.
El 3 de junio, sin embargo, el secretario de Desarrollo Rural desglosó alrededor de 120 millones de pesos para el rastro, 130 millones para la empacadora y 25 millones para el centro de subastas. La suma de esos tres componentes es de 275 millones de pesos, aunque inmediatamente sostuvo que la inversión total sería de entre 155 y 160 millones.
Tampoco se han identificado inversionistas privados que participen directamente con capital. Hasta ahora, lo conocido es un esquema de subsidios federales y estatales, crédito bancario y administración gremial mediante un fideicomiso de la Unión Ganadera Regional de Coahuila. Mifel y Bancomext han sido mencionados como participantes financieros, pero no como propietarios del complejo.
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