Por Zitamar Arellano Trueba
Saltillo, Coahuila 23/07/26 (Más).- La presencia del narcotráfico en Coahuila no sólo aparece en mapas de inteligencia que ubican operaciones de los cárteles de Sinaloa, del Noreste, del Golfo y otras organizaciones en el estado, sino que también se refleja en la creciente demanda de atención a la salud de jóvenes con problemas de adicción a las drogas.
Aunque los estudios revisados no permiten afirmar que una sola organización controle de manera uniforme los 38 municipios de Coahuila, sí coinciden en que la entidad forma parte de las áreas de operación de varios grupos criminales.
Paralelamente, la Secretaría de Salud estatal reconoce la existencia de alrededor de 200 anexos o centros residenciales para atender adicciones, pero únicamente cuatro cuentan con reconocimiento federal especializado.
El contraste muestra dos dimensiones de un mismo fenómeno. Por un lado, organizaciones que utilizan el territorio para el traslado, almacenamiento o comercialización de drogas; por otro, adolescentes, jóvenes y adultos que requieren atención por el consumo de marihuana, metanfetaminas, inhalables y otras sustancias.
La Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025, elaborada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, colocó a Coahuila entre las entidades con presencia significativa del Cártel de Sinaloa y del Cártel del Golfo.
El mismo informe atribuyó al estado presencia del Cártel del Noreste y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque en un grado menor al asignado a las primeras dos organizaciones. Las categorías de la DEA se refieren a áreas de operación y no significan necesariamente que los grupos tengan el control político, social o territorial de toda la entidad.
La superposición de organizaciones muestra que Coahuila no aparece como un territorio exclusivo de un solo cártel. Su frontera con Texas, los cruces internacionales de Piedras Negras y Acuña, la conexión carretera con Nuevo León y Tamaulipas y el corredor de La Laguna le otorgan valor estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y para su distribución dentro del país.
Mientras los mapas internacionales describen las rutas y áreas de operación, las autoridades sanitarias han advertido sobre el crecimiento del consumo interno.
En marzo de 2025, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, informó que el cristal había desplazado a la marihuana como una de las principales drogas ilícitas entre las personas que requerían atención.
El funcionario relacionó el aumento con el bajo precio y la facilidad para conseguir metanfetamina, y reconoció que la dependencia sanitaria había detectado casos de consumo desde los 13 años. También confirmó la existencia de fallecimientos por sobredosis durante 2024, aunque no hizo pública una cifra consolidada.
La disponibilidad de cristal a bajo costo constituye una de las principales conexiones entre la presencia de redes criminales y sus efectos en la salud. Una sustancia sintética que llega de manera constante a consumidores adolescentes supone la existencia de cadenas de abastecimiento, transporte, almacenamiento y narcomenudeo, aun cuando los registros sanitarios no permitan identificar qué organización criminal controla cada punto de venta.
La presencia de diferentes grupos también aparece en documentos de inteligencia militar. Una base construida con más de 50 informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), principalmente de 2019 a 2022, ubicó en Coahuila operaciones del Cártel del Noreste y de estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
En los documentos correspondientes a 2021, el Cártel del Noreste fue identificado en 16 municipios: Acuña, Allende, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Matamoros, Morelos, Múzquiz, Nava, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza.
Las estructuras asociadas al Cártel de Sinaloa aparecieron principalmente en La Laguna y la Región Centro. Los reportes mencionaron operaciones en Torreón, San Pedro, Francisco I. Madero, Viesca y Monclova, bajo denominaciones como Cártel del Poniente, Cártel Independiente de La Laguna o facción Cabrera Sarabia.
Esta distribución corresponde a una fotografía de inteligencia de 2021 y no puede presentarse como un mapa vigente sin verificación adicional. Sin embargo, permite observar una división regional: grupos vinculados con Sinaloa en La Laguna y presencia del Cártel del Noreste en la frontera, la Región Carbonífera y otros puntos del estado.
La Fiscalía General de la República (FGR) ya había reconocido en 2019 la existencia del Cártel del Poniente, también denominado Cártel de La Laguna o Los Bardales, como una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa con operaciones en Coahuila y Durango.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aportó posteriormente información más específica sobre el Cártel del Noreste. En agosto de 2025 señaló que la organización tenía bases en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, además de influencia y operaciones en Piedras Negras.
La presencia de estas estructuras criminales coincide con una demanda de atención por consumo de drogas que ha derivado en la proliferación de centros residenciales.
En marzo de 2026, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que tenía identificados aproximadamente 200 establecimientos conocidos como anexos o centros de rehabilitación.
De acuerdo con información del DIF Coahuila y del directorio de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, únicamente cuatro centros residenciales del estado contaban en 2026 con reconocimiento federal, tres ubicados en Torreón y uno en Ramos Arizpe.
Sólo dos de esos cuatro establecimientos reconocidos aparecían expresamente autorizados para recibir adolescentes de entre 12 y 17 años, ambos en Torreón. El resto de los anexos puede recibir diferentes tipos de población, pero no existe un padrón público integral que precise cuántos internan menores y bajo qué condiciones.
La diferencia entre aproximadamente 200 centros identificados y cuatro reconocidos federalmente refleja la dimensión del problema. Miles de familias recurren a establecimientos residenciales, pero la capacidad de inspección y certificación del Estado no ha crecido al mismo ritmo que la demanda.
En enero de 2026, la Secretaría de Salud reportó la clausura temporal de 20 anexos por irregularidades como falta de aviso de funcionamiento, ausencia de responsable sanitario y deficiencias en sus instalaciones o procedimientos.
En La Laguna, inspecciones anteriores habían detectado establecimientos sin expedientes clínicos, personal capacitado, protocolos médicos o condiciones adecuadas de higiene. También se documentaron casos de sobresaturación y centros que cambiaban de domicilio para evitar la supervisión.
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