Por Leslie Zamora
Saltillo, Coahuila, 17/06/2026 (Más).- La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAN) no está vendiendo terrenos para el proyecto ferroviario Saltillo-Nuevo Laredo, sino que participa en un procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública promovido por el gobierno federal, aseguró el rector Alberto Flores Olivas al responder a los cuestionamientos surgidos entre integrantes del Consejo Universitario sobre la afectación de una porción del patrimonio universitario.
El rector explicó que la superficie involucrada corresponde a 12 mil 60 metros cuadraros ubicados dentro del campus Buenavista y que el trámite es realizado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para la construcción del derecho de vía del proyecto ferroviario.
“Realmente estamos ante un procedimiento de expropiación por causas de utilidad pública y que esto se dio por el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el derecho de la vía de una superficie que corresponde a la universidad”, señaló.
Flores Olivas rechazó las versiones que apuntan a una ventana del terreno y sostuvo que la institución carece de facultades para desprenderse de su patrimonio de manera unilateral por lo que toda la información relacionada con el procedimiento fue presentada al Consejo Universitario antes de autorizar la firma del acta de ocupación provisional.
“Nosotros no tenemos la capacidad de vender, entonces nunca venderíamos”, afirmó.
De acuerdo con el rector, la autoridad federal planteó una propuesta preliminar de indemnización cercana a mil pesos por metro cuadrado, por lo que la compensación podría rondar los 12 millones de pesos; sin embargo, aclaró que el monto definitivo aún no ha sido determinado y dependerá de la resolución final del procedimiento expropiatorio.
Asimismo, negó que exista una decisión tomada sobre el destino de los recursos y rechazó que el proceso esté vinculado con la escrituración del Rancho Los Ángeles, como ha sido señalado por algunos integrantes del Consejo Universitario.
“Son cosas totalmente diferentes”, afirmó ,”en el Rancho Los Ángeles estamos ahorita en un proceso de escrituración, pero como cualquier otro predio de la Universidad. Esto es exclusivamente aquí en nuestro campus Buenavista”.
La postura del rector contrasta con la expresada por un consejero universitario, quien aseguró que durante la sesión extraordinaria en la que se presentó el tema se les informó que el recurso derivado de la afectación del terreno sería destinado parcialmente a cubrir los costos de escrituración del Rancho Los Ángeles.
Según el representante estudiantil, en la reunión se les habló de un gasto aproximado de 15 millones de pesos para concluir dicho procedimiento y de la posibilidad de utilizar parte de la indemnización para cubrir ese monto.
“El rector a nosotros nos dijo que ese dinero lo iban a ocupar para las escrituras de Los Ángeles y costaba 15 millones; fue lo que nos dijo. Que esos 12 millones iban a cubrir parte para las escrituras”, manifestó.
El consejero sostuvo que, ante la explicación ofrecida posteriormente por el rector, corresponde a las autoridades universitarias aclarar cuál será el destino de los recursos una vez que concluya el proceso de expropiación.
“Pues nada más queda cuestionarle al rector en qué se va a ocupar ese dinero, porque a nosotros nos dijo que se iba a ocupar para las escrituras; lo dejó claro”, expresó.
Por su parte, Flores Olivas aseguró que cualquier decisión relacionada con el uso de los recursos deberá pasar por los mecanismos internos de la universidad. Explicó que, en caso de concretarse la indemnización, la Rectoría presentará una propuesta que será analizada por la Comisión Hacendaria del Consejo Universitario antes de tomar una determinación.
“Si esto fuese aprobado y se aporta el recurso a la universidad, hay una comisión precisamente dentro del Consejo Universitario que es la Comisión Hacendaria. Nosotros le daríamos una propuesta y esa comisión lo analiza y da su aprobación o hace sugerencias de cambio”, explicó.
El rector añadió que los 36 integrantes del Consejo Universitario recibieron la documentación relacionada con el proyecto ferroviario y reiteró que el proceso apenas inició formalmente la semana pasada con la firma del acta de ocupación provisional. De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia federal, se prevé un plazo aproximado de 30 días hábiles para avanzar en la definición del monto definitivo y las condiciones de la expropiación.
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