Niñas embarazadas: el problema de la violencia sexual en menores

En Tamaulipas, quedaron evidenciadas las fallas institucionales ante la violación; activistas denuncian obstáculos y criterios erróneos en la aplicación de norma oficial para acceso al aborto.

Matamoros, Tamaulipas, 13/08/26 (Más).- El caso de una niña de 11 años atendida en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Matamoros para interrumpir un embarazo producto de una violación puso nuevamente en discusión las fallas en la prevención y atención de la violencia sexual infantil, así como los obstáculos que persisten para garantizar el acceso al aborto previsto para víctimas de violación.

De acuerdo con un reportaje publicado por Animal Político, activistas señalaron que el caso también evidenció problemas en la aplicación de la NOM-046, norma que establece que las víctimas de violación pueden acceder a la interrupción del embarazo sin un límite de edad gestacional.

Asimismo advirtieron que la difusión de información personal y las narrativas centradas en el morbo y los prejuicios han desplazado la discusión sobre la protección, salud y seguridad de la menor.

Ninde MolRe, abogada de las organizaciones AbortistasMx y México Igualitario Derribando las Barreras, sostuvo que el caso refleja deficiencias en la prevención y erradicación de la violencia sexual infantil desde los tres niveles de gobierno, además de cuestionar que la respuesta institucional se concentre en el aumento de penas y la creación de nuevos delitos sin atender las causas de fondo.

La activista señaló que cuando una niña de 12 años o menos está embarazada se trata de un caso de violencia sexual, por lo que cuestionó los discursos que ponen en duda el origen del embarazo o plantean otras posibilidades. Indicó que abordar estas situaciones de manera distinta puede contribuir a poner en duda los testimonios de las menores víctimas.

De acuerdo con los datos citados en el reportaje, entre 80 y 96 por ciento de los casos de violencia sexual infantil no son denunciados. México también ocupa el primer lugar de recurrencia de este tipo de violencia entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que se estima que seis de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual.

Los riesgos asociados al embarazo en niñas también forman parte de la discusión. Según informes de la Secretaría de Salud sobre muerte materna, de las 269 defunciones registradas hasta el 10 de agosto de este año, 30 correspondieron a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.

Entre las principales causas de muerte materna se encuentran las hemorragias relacionadas con el embarazo, parto y puerperio; enfermedades hipertensivas; edema y proteinuria; aborto y otras complicaciones del embarazo y parto.

MolRe consideró que la prioridad de las autoridades en casos como el de Matamoros debe ser garantizar la salud y seguridad de las niñas, además de establecer mecanismos para detectar de manera temprana la violencia sexual.

También planteó la necesidad de coordinar a instituciones de salud, fiscalías, autoridades judiciales y organismos encargados de las políticas para prevenir el embarazo adolescente y erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Como antecedente, en Coahuila se registró este año el caso de otra niña de 11 años que llegó a una clínica del IMSS con dolor abdominal y cuyo embarazo, de siete meses de gestación, fue detectado durante la atención médica. De acuerdo con lo señalado por las activistas, la menor había sido víctima de violencia sexual por parte de la pareja de su madre y su embarazo había sido atendido mediante controles prenatales pese a su edad y las circunstancias en que ocurrió.

Las organizaciones también cuestionaron la aplicación de la NOM-046 y señalaron que, pese a su existencia, persisten desconocimiento, prejuicios, objeciones de conciencia, falta de insumos y carencia de personal capacitado para atender interrupciones del embarazo conforme al tiempo de gestación. La norma fue modificada en 2016 para facilitar el acceso al aborto por violación, eliminando el requisito de una autorización judicial.

Animal Político documentó desde 2023 que el número de adolescentes que accedían a este servicio era reducido en distintas entidades, con registros que en varios estados oscilaban entre 10 y 20 casos. En la última década, de acuerdo con los datos citados por el medio, cerca de 800 niñas y adolescentes han recurrido a la NOM-046 para interrumpir embarazos derivados de violencia sexual.

Las activistas señalaron que persiste la creencia errónea de que la NOM-046 únicamente permite la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas. Explicaron que la norma no establece ese límite para los embarazos derivados de una violación y que tampoco contempla requisitos adicionales que justifiquen la intervención de comités de bioética para decidir sobre estos casos.

En Tamaulipas, Alicia Cantú, integrante del colectivo Matamoros Decide, afirmó que el principal problema no radica en la existencia de la NOM-046, sino en su implementación. Señaló que las organizaciones continúan acompañando a niñas y adolescentes debido a obstáculos relacionados con objeciones de conciencia, omisiones institucionales y criterios aplicados dentro de los servicios públicos de salud.

Cantú indicó que el colectivo recibe con frecuencia solicitudes de atención relacionadas con niñas y adolescentes de entre 10 y 16 años. Explicó que, pese a que un embarazo en una menor de 12 años debe ser considerado resultado de violencia sexual, en algunos servicios médicos se les asignan citas periódicas como si se tratara de embarazos convencionales, en lugar de activar los mecanismos de atención establecidos para estos casos.

La integrante de Matamoros Decide también cuestionó la filtración de información sobre la niña de 11 años y pidió preservar su identidad y privacidad. Señaló que la atención de una víctima menor de edad no debe convertirse en un debate público ni en un espacio para justificar o cuestionar un delito, sino en una responsabilidad institucional orientada a garantizar sus derechos.

Las organizaciones plantearon además que la atención no debe concluir con la interrupción del embarazo. Consideraron necesario investigar la agresión sexual, determinar las condiciones del entorno familiar, garantizar acompañamiento psicológico y de salud, y establecer medidas para evitar que la menor vuelva a ser víctima de violencia.

El caso de Matamoros, señalaron las activistas, vuelve a mostrar la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, detección y atención de la violencia sexual infantil, así como de evaluar la aplicación de las normas existentes. También plantea la obligación de garantizar que las niñas y adolescentes víctimas de violación reciban atención médica inmediata, protección de su identidad y acceso efectivo a los servicios establecidos por la legislación mexicana.