Alcozacán, Guerrero, 13/08/26 (Más).- Más de 600 habitantes de 12 comunidades nahuas de la Montaña Baja de Guerrero se reunieron en Alcozacán para exigir la libertad de Jesús Plácido Galindo, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), además de reclamar condiciones de seguridad que permitan el regreso de cientos de personas desplazadas por la violencia.
De acuerdo con información de Animal Político, las comunidades sostienen que los cargos contra Plácido Galindo fueron fabricados y consideran que su detención está relacionada con su actividad como defensor comunitario y con las críticas que ha expresado hacia las autoridades de Guerrero. El dirigente fue detenido el 17 de julio en San Marcos y permanece en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, vinculado a proceso por homicidio.
La asamblea se realizó en una cancha de baloncesto de Alcozacán, donde habitantes de las comunidades de la región discutieron sobre la defensa de su territorio y las condiciones que enfrentan ante la violencia. Hombres, mujeres, niñas y niños estuvieron acompañados por integrantes de la Policía Comunitaria durante la reunión.
Además de pedir la libertad del dirigente indígena, los participantes plantearon la necesidad de establecer condiciones que permitan el retorno de las familias desplazadas. De acuerdo con los datos expuestos durante la asamblea, alrededor de 800 personas permanecen fuera de sus hogares debido a la falta de seguridad en sus comunidades.
Sixto Mendoza Limpia, promotor regional del CIPOG-EZ, señaló que habitantes de Tula y Xicotlán continúan refugiados en otras comunidades. Explicó que las viviendas de las personas desplazadas no han sido reconstruidas y que tampoco existen garantías suficientes para que puedan regresar de manera segura.
La situación se agravó durante los ataques registrados entre el 6 y el 11 de mayo por parte de un grupo criminal. Xicotlán concentró parte de los hechos más graves, con ocho personas asesinadas y cuatro de los cinco desaparecidos contabilizados durante esas jornadas, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En la asamblea se expusieron cifras acumuladas de la violencia en las comunidades: 87 personas asesinadas, 25 desaparecidas y alrededor de 800 habitantes desplazados. Los nombres y fotografías de personas asesinadas y desaparecidas fueron colocados en una pizarra junto con copias de identificaciones y retratos familiares como parte del registro elaborado por los propios habitantes.
A la situación de desplazamiento se suma la espera de algunas familias para recibir los restos de sus seres queridos. Mendoza relató el caso de una mujer cuyo esposo fue asesinado el 10 de mayo y cuyo cuerpo todavía no había sido entregado a sus familiares para que pudieran realizar su sepultura.
Ante las condiciones que prevalecen en la región, las comunidades solicitaron la instalación de puntos de control fijos en las colindancias de Colotepec y Tula. También reclamaron recursos para reconstruir las viviendas dañadas y señalaron que el retorno de las familias no es viable mientras no existan condiciones mínimas de seguridad.
La organización de las comunidades para enfrentar la violencia tiene antecedentes de varios años. La Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores surgió en 2014, cuando habitantes de comunidades de Chilapa, José Joaquín de Herrera y Zitlala decidieron organizarse ante los hechos delictivos y la falta de respuesta de las autoridades.
Esta estructura forma parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), creada en 1995. Durante la asamblea, David Sánchez, coordinador de la CRAC-PF, sostuvo que el objetivo de las comunidades es defender su territorio.
Los habitantes también plantearon la defensa de su derecho a la libre determinación y a la autonomía, reconocido en el artículo 2 de la Constitución. Como parte de esta propuesta, las 12 comunidades comenzaron a explorar una ruta hacia la autonomía municipal mediante sus usos y costumbres.
Según Sixto Mendoza, la propuesta ya fue presentada formalmente ante el Congreso de Guerrero. La iniciativa forma parte de las acciones que las comunidades buscan impulsar frente a la situación de violencia y desplazamiento que afecta a la Montaña Baja.
La exigencia por la libertad de Jesús Plácido Galindo se suma así a las demandas de seguridad, reconstrucción y retorno de las familias desplazadas. Los habitantes sostienen que mientras no existan condiciones para recuperar sus viviendas y permanecer en sus territorios, el regreso de las personas que abandonaron sus comunidades continuará sin concretarse.
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