Por Leopoldo Maldonado
El nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Nicaragua describe una realidad que, vista por partes, puede parecer conocida, pero no menos alarmante. Relata la agudización de un proceso de cierre total del espacio cívico que se traduce en detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión, cierre de organizaciones, persecución de personas opositoras, periodistas y defensoras de derechos humanos.
Leído en conjunto el panorama resulta todavía más preocupante. Lo que emerge es un proceso sostenido de concentración de poder que ha ido debilitando los contrapesos institucionales hasta dejar cada vez menos espacios donde las personas puedan cuestionar decisiones del Estado, exigir responsabilidades o simplemente disentir. La estocada final se dio cuando se proscribió la participación de la oposición en las elecciones.
El informe, que analiza el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026, habla de una captura casi total de las instituciones estatales y de un cierre prácticamente completo del espacio cívico y político. El Alto Comisionado, Volker Türk, ha señalado que la concentración del poder en el Ejecutivo y en el partido gobernante ha dejado a gran parte de la población sin mecanismos independientes a los cuales recurrir frente a violaciones o abusos.
La libertad de expresión ocupa un lugar central en ese deterioro. Una sociedad donde opinar tiene como consecuencia perder el empleo, ser vigilado, enfrentar un proceso penal, ver confiscados sus bienes, ser detenido o tener que abandonar el país. El informe documenta precisamente una combinación de estas prácticas y señala que periodistas, personas defensoras, críticos y quienes son percibidos como opositores continúan enfrentando represalias incluso fuera del territorio nacional.
Según la información recogida en el informe, organizaciones de la sociedad civil reportaron 243 personas privadas arbitrariamente de libertad durante el periodo analizado por ejercer derechos relacionados con la expresión, la reunión, la asociación y la participación política. Al final del periodo, al menos 46 personas seguían detenidas. La Oficina también identificó casos de desaparición forzada y muertes bajo custodia estatal, y advierte que las cifras pueden ser mayores debido a la falta de acceso al país, la ausencia de cooperación de las autoridades, y el temor de víctimas y testigos a sufrir represalias.
El cierre del espacio cívico también tiene una dimensión institucional. En ocho años, más de cinco mil 500 organizaciones de la sociedad civil han sido disueltas arbitrariamente y al menos 56 medios de comunicación han sido cerrados. Cuando desaparecen organizaciones, medios independientes y espacios de participación, se debilita la capacidad de una sociedad para generar información, organizarse, documentar abusos y discutir públicamente las decisiones de quienes ejercen el poder.
Hay, además, una dimensión particularmente grave, esa que conoce como represión transnacional. Esto significa que la persecución ya no termina en la frontera. Cientos de voces críticas están fuera del país, pero no están a salvo.
Personas nicaragüenses en el exilio han enfrentado vigilancia, intimidación, represalias económicas, confiscación de bienes y otras formas de presión. Además, enfrentan privación arbitraria de la nacionalidad, la pérdida de derechos políticos y patrimoniales, y la imposibilidad de regresar al país como una forma extrema de exclusión de la vida cívica.
Por si fuera poco, Nicaragua es actualmente el único Estado que, según el Alto Comisionado, no mantiene ningún tipo de cooperación con el sistema internacional de derechos humanos.
Los informes internacionales no sustituyen a las instituciones nacionales ni pueden, por sí solos, revertir procesos autoritarios. Pero su relevancia estriba en documentar, preservar la memoria de las violaciones, proteger estándares comunes y mantener abiertas rutas futuras de rendición de cuentas.
Según la información recogida en el informe, organizaciones de la sociedad civil reportaron 243 personas privadas arbitrariamente de libertad durante el periodo analizado por ejercer derechos relacionados con la expresión, la reunión, la asociación y la participación política. Al final del periodo, al menos 46 personas seguían detenidas. La Oficina también identificó casos de desaparición forzada y muertes bajo custodia estatal, y advierte que las cifras pueden ser mayores debido a la falta de acceso al país, la ausencia de cooperación de las autoridades, y el temor de víctimas y testigos a sufrir represalias.
El cierre del espacio cívico también tiene una dimensión institucional. En ocho años, más de cinco mil 500 organizaciones de la sociedad civil han sido disueltas arbitrariamente y al menos 56 medios de comunicación han sido cerrados. Cuando desaparecen organizaciones, medios independientes y espacios de participación, se debilita la capacidad de una sociedad para generar información, organizarse, documentar abusos y discutir públicamente las decisiones de quienes ejercen el poder.
Hay, además, una dimensión particularmente grave, esa que conoce como represión transnacional. Esto significa que la persecución ya no termina en la frontera. Cientos de voces críticas están fuera del país, pero no están a salvo.
Personas nicaragüenses en el exilio han enfrentado vigilancia, intimidación, represalias económicas, confiscación de bienes y otras formas de presión. Además, enfrentan privación arbitraria de la nacionalidad, la pérdida de derechos políticos y patrimoniales, y la imposibilidad de regresar al país como una forma extrema de exclusión de la vida cívica.
Por si fuera poco, Nicaragua es actualmente el único Estado que, según el Alto Comisionado, no mantiene ningún tipo de cooperación con el sistema internacional de derechos humanos.
Los informes internacionales no sustituyen a las instituciones nacionales ni pueden, por sí solos, revertir procesos autoritarios. Pero su relevancia estriba en documentar, preservar la memoria de las violaciones, proteger estándares comunes y mantener abiertas rutas futuras de rendición de cuentas.
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