Por Francisco Ortiz Pinchetti
Son ya innumerables las veces en que el Presidente Donald Trump o altos miembros de su administración, –incluidas agencias federales como la DEA y el FBI–, advierten a México sobre la necesidad de detener y llevar a juicio a funcionarios y exfuncionarios públicos involucrados con el crimen organizado, particularmente con el narcotráfico. Sin embargo, ninguna de esas advertencias había sido tan clara, formal y directa como el memorando que el peliamarillo mandatario estadounidense envió al Congreso de su país el pasado miércoles 16.
En ese documento oficial –difundido casualmente en plena celebración de la Independencia de México–, si bien se reconocen ciertos esfuerzos operativos y de seguridad por parte del Gobierno mexicano, se endurecen de manera drástica las condiciones bilaterales y se exige explícitamente que el Estado mexicano arreste y entregue a los funcionarios corruptos vinculados a las redes del narcotráfico. Y algo muy significativo: esta directriz fue enmarcada dentro de la lista anual de países principales de tránsito o producción de drogas, elevando la presión política a un nivel que no se observaba desde hace años en la relación entre ambas naciones.
Sobre este tenso escenario de exigencias punitivas sobrevuelan dos fantasmas que mantienen en alerta máxima a la clase política mexicana desde hace rato: la espectacular extracción de Nicolás Maduro en Venezuela y la sorpresiva, quirúrgica captura e «injerencia» operada con el virtual secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada en pleno territorio sinaloense. Ambos episodios funcionan en Washington como precedentes de acción unilateral y en México como recordatorios de que el largo brazo de la justicia estadounidense puede saltarse las aduanas de la soberanía cuando la complicidad oficial colma la paciencia de la superpotencia. Aguas.
El botón de muestra más claro de esta presión asfixiante es hasta ahora la exigencia formal de extradición, y las acusaciones emitidas por tribunales y agencias de Estados Unidos en contra del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y una decena de funcionarios de su administración, señalados de tejer alianzas criminales con el Cártel de Sinaloa.
Lejos de atender el fondo de este gravísimo caso o asumir una autocrítica institucional, la respuesta desde Palacio Nacional ha consistido sistemáticamente en descalificar al emisor… y salirse por peteneras. Efectivamente, cada vez que Washington apunta con dedo de fuego hacia la narcopolítica mexicana y exige procesar a figuras de ese o mayor calado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recurre de inmediato al gastado escudo del nacionalismo y la soberanía para evadir los señalamientos, para lo cual las fiestas patrias le vinieron como anillo al dedo.
Y es que la mandataria enarbola la Bandera Patria no para defender con hechos a los ciudadanos de la brutal violencia criminal, sino como un pretexto político para evadir los incómodos y muy fundados señalamientos sobre la complicidad institucional, que cada día es más evidente.
Con retórica encendida, se descalifican las solicitudes estadunidenses tachándolas de “injerencias inaceptables” y se exige a la potencia vecina que se ocupe de sus propios problemas internos, mientras se argumenta que la justicia extranjera carece de elementos probatorios suficientes. De esta manera, el discurso oficial elude olímpicamente la rendición de cuentas que el Estado mexicano está obligado a dar sobre sus propias cloacas de corrupción.
Es claro que esta estrategia de distracción busca desviar la atención pública de una realidad que resulta ya inocultable para cualquier observador objetivo: la colusión de la clase política con los cárteles es el verdadero lubricante de la tragedia nacional. Y Morena está, obvio, en el centro de la escena.
Al descalificar por sistema cualquier escrutinio externo bajo el cómodo argumento de la soberanía, el Gobierno federal actúa con una peligrosa –y sospechosa– displicencia ante la evidente infiltración del crimen en las altas esferas del poder político, judicial y policíaco. No se trata de aceptar tutelas extranjeras ni intervencionismos inadmisibles, sino de reconocer con honestidad y valor cívico que la impunidad interna destruye al país desde adentro.
Es evidente que la administración de Sheinbaum Pardo prefiere minimizar el problema al escudarse en discursos estridentes y lugares comunes de la diplomacia oficial tricolor, antes que enfrentar las investigaciones internas que sacudirían los cimientos de la burocracia partidista… hasta extremos insospechados.
Por supuesto, la presión estadounidense tampoco está exenta de intereses geopolíticos oscuros, cálculo electoral oportunista y una cínica hipocresía sistemática. La Casa Blanca patea el tablero, y exige mano dura y detenciones espectaculares en México mientras minimiza de manera cínica su propia responsabilidad en el consumo voraz de estupefacientes que alimenta el negocio ilícito. Eso es cierto, pero no exime al Gobierno mexicano de su responsabilidad. Por supuesto.
La potencia del norte actúa en efecto con la exigencia prepotente de quien se siente el Fiscal del mundo, ignorando olímpicamente que el lavado de dinero y la corrupción financiera operan también en los propios bancos y corporaciones de Estados Unidos.
El resultado inocultable de este choque de cinismos, con los fantasmas de Venezuela y Sinaloa acechando en cada esquina de la frontera, es un callejón sin salida para la seguridad regional. Del lado norteamericano impera la amenaza latente de la extracción por la fuerza y el uso faccioso de la Ley; del lado mexicano predominan la evasión sistemática, la soberanía utilizada como coartada y la negativa absoluta a limpiar la casa por el temor al costo político interno.
Así, atrapados entre las exigencias imperiales y la retórica evasiva de la autollamada Cuarta Transformación, los ciudadanos seguimos pagando el costo altísimo de una complicidad oficial que ninguna bandera, por muy respetable que sea, logra ocultar por completo. Hasta que ocurra lo que no pocos vaticinan que está a punto de ocurrir. Válgame.
DE LA LIBRE-TA
CORCHOLATAS. Los diez destapes que hasta ahora ha hecho Morena de sus virtuales candidatos a gobernadores en otras tantas entidades, disfrazados cínicamente de “coordinadores” de la defensa de no se qué para violar flagrantemente la Ley Electoral mientras la autoridad responsable de hacerla cumplir mira para el sureste, confirman el descaro con el que el dedazo ha impuesto otra vez a los dizque ganadores de encuestas cuyos “resultados” nadie conoce. ¡Pura transparencia!
Descubre más desde Más Información
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.